La Junta de Andalucía lo ha vuelto a hacer. Ayer, el Consejo de Gobierno volvió a autorizar a la empresa pública estatal Tragsa, de manera directa y sin posibilidad de concurrencia competitiva, una encomienda de gestión para la ejecución de 29 proyectos de mejoras de caminos rurales, dejando fuera a las empresas andaluzas privadas. AAEF quiere denunciar la extralimitación en el uso abusivo que se le está dando a esta figura de la encomienda de gestión, cuyo verdadero fin debería ser el de satisfacer una necesidad de urgencia o emergencia preferentemente, justificando su necesidad y proporcionalidad, y no el de solventar un problema de financiación de una empresa púbica, como parece que está ocurriendo. Y es que, en esta adjudicación a dedo, para la ejecución del nuevo Plan Conecta2 no se dan ninguno de estos requisitos, ya que ni tan siquiera se cumple el de la “urgencia” puesto que se conocía el interés de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural por realizar estos trabajos desde hacía tiempo y su adjudicación podría haberse resuelto por otros cauces más eficientes.
La patronal forestal andaluza quiere recordar a la Junta de Andalucía el daño que supone para este sector el uso reiterado de la encomienda de gestión para la realización de obras y servicios que, por otro lado, tradicionalmente venía realizando el tejido empresarial privado andaluz, y manifiesta su desaliento por la falta de sensibilidad que supone, por parte de las administraciones andaluzas que, pese a las serias dificultades que padecen las empresas afincadas en esta tierra, prefieran sostener la estructura financiera de la empresa estatal Tragsa en lugar de poner estos proyectos a licitación pública, permitiendo el acceso a ellos a un alto número de empresas andaluzas. En este sentido, la patronal forestal pedirá una cita urgente con el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios (a quién ya adelantó esta problemática mediante carta), para ponerle de manifiesto que, con estas actuaciones, el Gobierno andaluz está siendo cómplice de la desaparición de más del 30% de las empresas de obras y servicios forestales en nuestra región.
Por otro lado, se da la paradoja de que la Junta de Andalucía vuelve a utilizar a la empresa pública estatal Tragsa como medio propio de la administración autonómica cuando sólo cuenta con una acción en esta entidad, lo que representa una participación en el capital social del 0,0033%. Y lo hace, mientras se ven afectadas empresas andaluzas, capaces de dar respuesta a las necesidades que Andalucía tiene en esta materia. Hay que señalar que el uso sistemático de las encomiendas no sólo genera serias implicaciones para la competencia efectiva en los mercados sino que supone, de facto, condiciones menos ventajosas para las Administraciones demandantes que las que se derivarían de una licitación pública, así como la ruptura de la neutralidad competitiva en los bienes y servicios que estas entidades ofertan a otros demandantes. AAEF quiere recordar que fue la propia Comisión Nacional de la Competencia la que, hace dos años, destacó que, de acuerdo con la normativa aplicable, debe regir, “preferentemente”, la concurrencia competitiva en la provisión de bienes y servicios y que el uso reiterado de la figura de la encomienda de gestión supone una “pérdida de eficiencia derivada de la ausencia de la tensión competitiva a la hora de fijar las condiciones de ejecución de las encomiendas que sí está presente en los procedimientos de contratación pública”. Destacó, además, que el poder adjudicador debería valorar en qué medida el mercado presta o puede prestar dichos bienes o servicios y el precio al que los mismos se ofrecen, “debiéndose descartar la utilización de la encomienda si dichos precios resultan potencialmente inferiores”.
Por todo ello, y habiéndose demostrado que no se cumple con las recomendaciones de este organismo público, la patronal forestal vuelve a denunciar la enorme competencia desleal que Tragsa está ejerciendo en el mercado forestal andaluz, y trasladará esta denuncia, oficialmente, ante todas las instancias que sean necesarias (regional, nacional o europeas) para que se garantice la libre competencia en este sector de la economía andaluza.
