Precios por debajo de mercado y complejidad en la tramitación de la solicitud, las críticas más generalizadas

La publicación de la reciente orden por la que se convocan las Ayudas Forestales incluidas en la medida 8.5.1. no ha servido para dar un balón de oxigeno al sector forestal andaluz. En la reunión mantenida el pasado miércoles con los técnicos responsables de la misma se comprobó el alto grado de insatisfacción de propietarios y patronales por los requisitos exigidos y los precios aplicados, poniéndose de manifiesto la práctica inviabilidad de las mismas, con el consiguiente perjuicio para las poblaciones rurales de nuestra tierra.

Pese a los reiterados anuncios por parte de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Carmen Crespo, y el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la importancia de estas ayudas forestales para generar nuevas oportunidades de actividad económica, empleo y futuro en la Andalucía rural, los requisitos exigidos y tarifas aplicadas impedirán, en la práctica, la ejecución de dichos trabajos.

Así, una de las quejas reiterativas fue el cálculo de los costes máximos de referencia de las actuaciones; y es que, sin duda, se encuentran en su gran mayoría muy por debajo de los costes reales de mercado. Desde los distintos sectores se ha criticado cómo existiendo en la actualidad dos tarifas oficiales ya aprobadas y utilizadas por las empresas públicas (tarifas Tragsa y Tarifas AMAYA), se han redactado ahora unas tablas nuevas con importes mucho más bajos para los mismos trabajos, basándose en una moderación de los precios que asfixia al tejido empresarial. Con estas tarifas, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible perpetúa y ahonda la situación de crisis económica y social que viene padeciendo el sector forestal ante la falta de inversión pública. Pero, además, estas tablas, por simplificadas, no concretan con exactitud el tipo de  actuaciones que conllevan ni, por tanto, los costes totales reales de su ejecución. Desde la patronal forestal criticamos la incoherencia de unas tarifas excesivamente genéricas, donde se han sacado operaciones que habitualmente estaban incluidas y que son necesarias. Como ejemplo, y para una plantación de terrenos, esta patronal ha analizado que los precios no contemplan actuaciones como son la preparación del terreno, distribución de la planta, realización de alcorque, etc., es decir, toda una cadena de actuaciones necesarias que deben estar comprendidas para que la plantación tenga éxito. Por otro lado, y un hecho mucho más grave, es que con la estructura de precios salariales aplicados en las tablas se estarían incumpliendo las condiciones salariales de los convenios colectivos vigentes.

Este hecho, que ya temía el sector, ha sido puesto de manifiesto en todas las reuniones previas, sin que se haya tenido en cuenta por parte de los responsables encargados de redactar estas ayudas. Desde AAEF entendemos que esto evidencia una clara falta de interlocución con los sectores afectados, ya que en ningún momento se ha aceptado el ofrecimiento de las entidades y organizaciones con experiencia y conocimiento para un asesoramiento previo que pudiera servir de base o referencia.

Problemas con la aplicación informática para la presentación de solicitudes

Por otro lado, en la reunión de ayer se puso de manifiesto la complejidad técnica en la tramitación de las ayudas, cuya solicitud sólo puede hacerse por vía telemática a través de la plataforma electrónica habilitada específicamente para ello, comprobándose cómo ésta contiene fallos y cómo la cartografía que se tomará como referencia por la Administración Púbica para identificarlas fincas y las condiciones que afectan a las superficies sobre las que se pretende actuar están desactualizadas.

Otro de los aspectos generadores de polémica ha sido la obligatoriedad de que las fincas dispongan de un Plan Técnico de Ordenación de Montes o Proyecto de Ordenación de Montes en el momento de solicitar el pago, lo que podría provocar que se quedaran sin acceso a este tipo de ayudas gran número de beneficiarios potenciales que no disponen de los mismos, ya que éste es un documento complejo y caro que normalmente sólo elaboran fincas grandes o de titularidad pública.

Así las cosas, desde AAEF alertamos de los importantes obstáculos encontrados en la convocatoria de estas ayudas que las hacen prácticamente inviables, tal y como ya pasara en las ayudas a la prevención de incendios forestales, que han sido un auténtico fracaso. Este hecho ya ha sido puesto de manifiesto de manera reiterada ante la Dirección General de Medio Natural, tanto a sus antiguos responsables como a los actuales, sin que se perciba una mayor preocupación por su parte.

Tras más de siete años esperando esta convocatoria, el sector se encuentra totalmente desalentado ante unas ayudas que se convocan mal y tarde, con el consiguiente riesgos de perder estos 106 millones de euros para el mantenimiento y conservación de superficies forestales si no se corrigen errores graves de manera inmediata. El medio rural no puede permitirse perder estas inversiones tan necesarias para su mantenimiento y para la generación de empleo en zonas con alta despoblación, en nuestra “Andalucía vacía”, y habrá que poner todos los medios necesarios para realizar las modificaciones urgentes que permitan revertir la situación.

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El objetivo, como ha puesto de manifiesto la consejera, es intentar que “todo lo que se hacía en un año y medio pueda tener salida en seis meses”, y ha añadido que “a pesar de las dificultades ya se han conseguido aflorar muchos recursos económicos” relativos a pagos de distintas líneas del anterior Gobierno. En concreto, la reunión previa a la constitución de la mesa de trabajo celebrada a finales del pasado mes de febrero, concluyó que existían pagos retrasados relativos a subvenciones de 2015 y 2016 y cuya tramitación ya se está desbloqueando.

Precisamente éste fue uno de los temas analizados por AAEF en la reciente reunión con el secretario general de Medio ambiente, agua y Cambio Climático y el director general de Medio Natural, Biodiversidad y Agua, quien trasladó a los responsables políticos el retraso en los procedimientos administrativos, tanto por la falta de personal técnico para dar mayor fluidez a la tramitación de los proyectos como por la cantidad de trámites burocráticos que conlleva la licitación de los expedientes.

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