El director gerente de AAEF, Javier Loscertales, comparece en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía en calidad de presidente del Consejo de Medio Ambiente, Agua y Biodiversidad de la CEA, para analizar la modificación de la Ley sobre Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA). Loscertales ha estado acompañado por el secretario general de APREAN, Carlos Rojo.

Javier Loscertales ha demandado mayor seguridad y claridad jurídica en la modificación de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) y ha reclamado una adecuada respuesta en la retribución de las energías renovables a nivel nacional. Durante su intervención en sede parlamentaria sobre el proyecto de Ley que modifica la GICA, que también modifica la normativa de Aguas y otras cuestiones presupuestarias y en el ámbito de la sanidad animal, Loscertales reitero la necesidad de contar con una normativa ambiental progresista, que favorezca el crecimiento económico y social andaluz, así como reglas que ofrezcan seguridad jurídica, estabilidad, certeza financiera y comercial.

Ha señalado que “hoy vemos como muchas empresas están siendo abocadas a desistir en sus negocios por la ruptura del marco jurídico que les afecta directamente y gravemente en su esfera financiera y ámbito comercial. Es realmente incomprensible que proyectos y planes de inversión en energía renovables, es decir, apuestas de sostenibilidad y generación de empleo resulten damnificadas por giros y decisiones gubernamentales, por la incertidumbre jurídica de la acción del gobierno”.

Los cambios normativos en materia de retribución de las energías renovables y en materia de autorizaciones, han generado un escenario de gran incertidumbre en un contexto económico difícil, donde las empresas deben valoran especialmente la estabilidad regulatoria a la hora de aprobar inversiones o trasladarse a otros territorios con marcos jurídicos más estables y seguros.

En este sentido, ha pedido que la GICA clarifique expresamente y sin posibilidad de error, la vigencia de la autorizaciones ambientales para el sector de las energías renovables, y por tanto, reconozca tanto la prolongación de la vigencia temporal de las declaraciones de impacto ambiental publicadas hasta el 11 de marzo de 2021 como la renovación de la vigencia temporal de las autorizaciones ya caducadas.

Del mismo modo, ha reclamado un modificación de la norma dirigida a la reducción y agilización de las cargas administrativas de los particulares como contempla la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), la adaptación de los actuales reglamentos de desarrollo de la Ley GICA sobre los instrumentos de AAI, AAU y Calificación Ambiental, mejoras técnicas e instrumentos de apoyo financiero público.

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