El pasado martes, 3 de agosto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2016, que ahora comenzará su andadura parlamentaria. Según éstos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sus Organismos Autónomos y la Agencia Estatal de Meteorología contarán para el año 2016, con un presupuesto consolidado de 9.765,9 millones de euros.

El presupuesto consolidado supone una reducción de 1.258,2  millones de euros en relación con las cuentas de 2015, como consecuencia, sobre todo, de la disminución  de 1.327,8 millones de euros de contribución comunitaria y nacional del FEADER para la ejecución de los Programas de Desarrollo Rural, una vez finalizado el anterior periodo de programación  2007-2013, extendido hasta 2015 en función de la regla N+2.   La mayoría de la medidas del nuevo periodo de programación 2014 – 2020 de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas que están siendo aprobadas en 2015, se iniciarán en el curso de 2016, y contarán con una cofinanciación comunitaria y estatal que se irá contemplando en los Presupuestos  Generales del Estado de los próximos años.

El presupuesto para 2016 refuerza  las principales políticas del Ministerio, con el incremento de partidas tan importantes como el desarrollo de la política forestal, que aumenta en 44,6 millones de euros, incluida la lucha contra Incendios y la restauración forestal.  La Dirección General del Agua ve incrementado también  su presupuesto en 8,5 millones de euros en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas.

Igualmente  las actuaciones en Desarrollo Rural aumentan en 11 millones de euros,  los Recursos Hídricos para el Regadío en 9 millones de euros y los Seguros Agrarios en 12 millones de euros.

Destaca también la asignación de 64,7 millones de euros para  actuaciones en la Costa, 48,8 millones de euros para la mejora de estructuras y mercados pesqueros, 16,7 millones de euros para la Protección de los Recursos Pesqueros y desarrollo sostenible y 49,3 millones de euros para  actuaciones de prevención de la contaminación y lucha contra el cambio climático.

En cuanto a la distribución en función de las grandes políticas de gasto, la de “Agricultura, Pesca y Alimentación” contará con un presupuesto de 7.438 millones de euros, lo que supone un 76,1% del total. La mayor parte de esta dotación corresponde a la aportación de fondos de la Unión Europea, FEAGA y FEADER.

Respecto a la política de “Infraestructuras”, en la que se incluyen las actuaciones sobre los recursos hídricos y sobre el medio ambiente, cuenta con un presupuesto de 2.098,6  millones de euros, que supone un 21,5% del presupuesto total del Departamento.

Fuente: MAGRAMA

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La patronal forestal andaluza ve con buenos ojos la licitación pública de estos proyectos, a los que están optando empresas forestales andaluzas especializadas en la ejecución de estos trabajos; empresas que cuentan con la experiencia, los técnicos y la maquinaria adecuada para concluir las obras con garantías de éxito. AAEF espera que haya una continuidad en los mismos. Estos proyectos están encaminados a controlar el régimen hidrológico de las cuencas y cauces andaluces, aminorar sus procesos erosivos e, indirectamente, fortalecer el tejido empresarial forestal potenciando inversiones eficientes que permitan generar puestos de trabajo en sus zonas de influencia.

Por esta última razón, esta organización patronal no entiende cómo la CHG siga encomendando de manera directa algunas obras emblemáticas a la empresa pública TRAGSA, como el parque periurbano de la localidad sevillana de Tomares, con una adjudicación directa cercana a los tres millones de euros; o el proyecto de defensa contra inundaciones en el entorno del arroyo Porzuna, en Mairena del Aljarafe, con una inversión prevista de 1,87 millones de euros. Estos proyectos deberían ser licitados públicamente, en libre concurrencia, y primando la oferta económicamente más ventajosa.
La patronal quiere manifestar que con el sistema de encomienda de gestión empleado para la adjudicación directa de estos trabajos a Tragsa se produce un evidente sobrecoste en la ejecución en trabajos que tradicionalmente han venido ejecutando empresas privadas del sector, sometidas a un estricto control administrativo, y que pueden realizar estos proyectos casi un 40% más baratos que Tragsa, más eficientes, con mejores garantías de calidad y generando un mayor número de puestos de trabajos nuevos.

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