La Junta de Andalucía lo ha vuelto a hacer. Ayer, el Consejo de Gobierno volvió a autorizar a la empresa pública estatal Tragsa, de manera directa y sin posibilidad de concurrencia competitiva, una encomienda de gestión para la ejecución de 29 proyectos de mejoras de caminos rurales, dejando fuera a las empresas andaluzas privadas. AAEF quiere denunciar la extralimitación en el uso abusivo que se le está dando a esta figura de la encomienda de gestión, cuyo verdadero fin debería ser el de satisfacer una necesidad de urgencia o emergencia preferentemente, justificando su necesidad y proporcionalidad, y no el de solventar un problema de financiación de una empresa púbica, como parece que está ocurriendo. Y es que, en esta adjudicación a dedo, para la ejecución del nuevo Plan Conecta2 no se dan ninguno de estos requisitos, ya que ni tan siquiera se cumple el de la “urgencia” puesto que se conocía el interés de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural por realizar estos trabajos desde hacía tiempo y su adjudicación podría haberse resuelto por otros cauces más eficientes.

La patronal forestal andaluza quiere recordar a la Junta de Andalucía el daño que supone para este sector el uso reiterado de la encomienda de gestión para la realización de obras y servicios que, por otro lado, tradicionalmente venía realizando el tejido empresarial privado andaluz, y manifiesta  su desaliento por la falta de sensibilidad que supone, por parte de las administraciones andaluzas que, pese a las serias dificultades que padecen las empresas afincadas en esta tierra, prefieran sostener la estructura financiera de la empresa estatal Tragsa en lugar de poner estos proyectos a licitación pública, permitiendo el acceso a ellos a un alto número de empresas andaluzas. En este sentido, la patronal forestal pedirá una cita urgente con el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios (a quién ya adelantó esta problemática mediante carta), para ponerle de manifiesto que, con estas actuaciones, el Gobierno andaluz está siendo cómplice de la desaparición de más del 30% de las empresas de obras y servicios forestales en nuestra región.

Por otro lado, se da la paradoja de que la Junta de Andalucía vuelve a utilizar a la empresa pública estatal Tragsa como medio propio de la administración autonómica cuando sólo cuenta con una acción en esta entidad, lo que representa una participación en el capital social del 0,0033%. Y lo hace, mientras se ven afectadas empresas andaluzas, capaces de dar respuesta a las necesidades que Andalucía tiene en esta materia. Hay que señalar que el uso sistemático de las encomiendas no sólo genera serias implicaciones para la competencia efectiva en los mercados sino que  supone, de facto, condiciones menos ventajosas para las Administraciones demandantes que las que se derivarían de una licitación pública, así como la ruptura de la neutralidad competitiva en los bienes y servicios que estas entidades ofertan a otros demandantes. AAEF quiere recordar que fue la propia Comisión Nacional de la Competencia la que, hace dos años, destacó que, de acuerdo con la normativa aplicable, debe regir, “preferentemente”, la concurrencia competitiva en la provisión de bienes y servicios y que el uso reiterado de la figura de la encomienda de gestión supone una “pérdida de eficiencia derivada de la ausencia de la tensión competitiva a la hora de fijar las condiciones de ejecución de las encomiendas que sí está presente en los procedimientos de contratación pública”. Destacó, además, que el poder adjudicador debería valorar en qué medida el mercado presta o puede prestar dichos bienes o servicios y el precio al que los mismos se ofrecen, “debiéndose descartar la utilización de la encomienda si dichos precios resultan potencialmente inferiores”.

Por todo ello, y habiéndose demostrado que no se cumple con las recomendaciones de este organismo público, la patronal forestal vuelve a denunciar la enorme competencia desleal que Tragsa está ejerciendo en el mercado forestal andaluz, y trasladará esta denuncia, oficialmente, ante todas las instancias que sean necesarias (regional, nacional o europeas) para que se garantice la libre competencia en este sector de la economía andaluza.

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En la misiva, la patronal forestal recuerda al vicepresidente que la Junta de Andalucía sólo cuenta con una acción, que representa una participación en el capital social de esta entidad del 0,0033%, en la que, además, no tiene capacidad de decisión en la política empresarial de esa empresa estatal perteneciente al Grupo SEPI. Por ello, solicita que no sea considerada medio propio de la Junta de Andalucía y espera que, para el próximo ejercicio, esta empresa pública quede excluida de las adjudicaciones directas a través de encomiendas de gestión y, llegado el caso, compita en igualdad de condiciones con el sector privado.

La Organización ha podido comprobar que, en estos últimos dos años, Tragsa está siendo beneficiada con un gran número de proyectos y obras de carácter medioambiental, a través del sistema de encomiendas de gestión, en un uso abusivo de esta figura que pone en franca desventaja a las empresas privadas, a las que se les impide competir en igualdad de condiciones. Así, obras que tradicionalmente ejecutaban empresas privadas andaluzas, como los cortafuegos, han sido adjudicadas de forma directa, en 2014 y 2015, a esta empresa pública, más por una necesidad de solventar sus problemas financieros y laborales que por la gestión que hacen de estos trabajos, donde el sector privado es mucho más eficiente y competitivo, además de estar sujeto a controles financieros mucho más estrictos. Por eso, tal y como están haciendo muchas otras patronales, tanto regionales como estatales, esta Organización reivindica la libre competencia para la adjudicación de contratos en el sector forestal y medioambiental, evitando la posición de dominio que están teniendo las empresas públicas.

La patronal forestal quiere recordar la drástica reducción en la licitación pública en nuestro sector durante los últimos cinco años, donde se ha pasado de una inversión 120 millones en 2009, a la nula inversión en licitaciones en los ejercicios 2014 y 2015, años en los que únicamente se han adjudicado obras y servicios de manera directa a empresas y agencias públicas como Tragsa. Esta falta de inversión en el sector ha llevado a casi un 30% de sus empresas asociadas a verse obligadas al concurso de acreedores o a la desaparición de las mismas. Mientras, se ha dado la paradoja de que Tragsa ha subcontratado con el sector privado muchos de los trabajos que le fueron encomendados de manera directa ante la falta de capacidad de la empresa pública para ejecutarlos, una subcontratación realizada a un precio muy inferior al que resultó adjudicataria.

AAEF advierte, además, de que el uso desmedido de la adjudicación directa, sin concurrencia competitiva y, por tanto sin las bajas que se producen en toda licitación a la que acuden varias empresas, supone que, cada año, el gobierno andaluz pierda más de 60 millones, cantidad que se hubiera obtenido con las bajas que se habrían producido en estas obras si hubieran salido a pública licitación, pudiéndose generar nuevos proyectos y, en definitiva, nuevos empleos en las zonas rurales.

Por todo ello, se está iniciando un movimiento a nivel nacional en el que las patronales del sector están analizando las acciones que a nivel europeo se puedan realizar por prácticas de Tragsa contrarias a la libre competencia, llegando incluso a formularse una reclamación contra el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por competencia abusiva de la empresa pública TRAGSA en el sector medioambiental.

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AAEF se hace eco de la denuncia de la patronal forestal extremeña solicitando que esta empresa pública no sea considerada medio propio de la Junta de Andalucía

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) reivindica la libre competencia para la adjudicación de contratos en el sector forestal y medioambiental, evitando la posición de dominio que están teniendo las empresas públicas por el abuso en la utilización del sistema de encomiendas de gestión. De este modo, la patronal forestal andaluza se suma a la denuncia hecha pública recientemente por la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (AEEFOR) en la que pidió al presidente de la Junta extremeña, Guillermo Fernández Vara, que no considere a Tragsa como medio propio como se ha venido contemplando en la Ley de Presupuestos de esa Comunidad.

La patronal forestal andaluza, en una carta enviada al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, se ha hecho eco de esta petición trasladándola a nuestra región, ya que la Junta de Andalucía sólo cuenta con un 1% de las acciones de esta empresa estatal, perteneciente al grupo SEPI, sin capacidad de decisión en la política empresarial de esa entidad. Por ello, espera que para el próximo ejercicio esta empresa pública quede excluida de las adjudicaciones directas a través de encomiendas de gestión y, llegado el caso, compita en igualdad de condiciones con el sector privado. AAEF señala el daño que la empresa pública está ejerciendo a este sector y recuerda que obras que tradicionalmente ejecutaban empresas privadas andaluzas han sido adjudicadas de forma directa, en 2014 y 2015, a la empresa pública Tragsa, más por una necesidad de solventar sus problemas financieros que por la gestión que hacen de estos trabajos, donde el sector privado es mucho más eficiente y competitivo, además de estar sujeto a controles financieros mucho más estrictos.

AAEF entiende, pero no comparte, las recientes declaraciones del presidente nacional de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, en las que exponía las dificultades económicas por las que atraviesa la empresa pública, con una disminución de la facturación del 60% con respecto a 2011 y actualmente con una “plantilla sin trabajo”,  por lo que reclamaba la adjudicación directa de obras y servicios para no tener que realizar despidos e indemnizaciones “con dinero del Estado”. La patronal forestal quiere recordar la drástica reducción en la licitación pública en nuestro sector durante los últimos cinco años, donde se ha pasado de una inversión 120 millones en 2009, a la nula inversión en licitaciones en los ejercicios 2014 y 2015, años en los que únicamente se han adjudicado obras y servicios de manera directa a empresas y agencias públicas como Tragsa. AAEF entiende la problemática de plantillas sin trabajo porque las empresas del sector también han sufrido esta situación, viéndose obligadas a pagar con sus propios fondos, y sin ayudas estatales, las reestructuraciones de personal. Esta situación, además, ha llevado a casi un 30% de las empresas asociadas a verse obligadas al concurso de acreedores o a la desaparición de las mismas.

Por ello, AAEF no comparte la intención del presidente de Tragsa de querer disponer de privilegios para la solución de sus problemas financieros y laborales, lo que supone de facto una competencia desleal en el mercado forestal y medioambiental de Andalucía. Por ello, esta patronal pide a la administración autonómica y a los grupos parlamentarios, que eliminen de la Ley de Presupuestos de la Comunidad a TRAGSA, como medio propio de la Junta de Andalucía y acaben con las encomiendas de gestión de obras y servicios forestales y medioambientales.

En esta línea, esta patronal también solicita, como ya ha hecho en diferentes ocasiones, una revisión en el modelo de gestión de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) así como del papel que ocupa esta agencia dentro del sector medioambiental en nuestra región, a fin de que se eviten situaciones de dominio empresarial y competencia directa al sector empresarial privado.

La alta actividad de las empresas y agencias públicas, estatales y regionales, en el sector forestal y medioambiental actualmente está generando una posición de dominio que causa un importante daño a la actividad de las empresas privadas, impidiéndoles competir en igualdad de condiciones. AAEF advierte, además, de que el uso desmedido de la adjudicación directa, sin concurrencia competitiva y, por tanto sin las bajas que se producen en toda licitación a la que acuden varias empresas, supone que, cada año, el gobierno andaluz pierda más de 60 millones, cantidad que se hubiera obtenido con las bajas que se habrían producido en estas obras si hubieran salido a pública licitación, pudiéndose generar nuevos proyectos y, en definitiva, nuevos empleos en las zonas rurales.

La patronal forestal andaluza teme que la expulsión de Tragsa de Comunidades Autónomas como Extremadura conlleve que esta empresa pública obtenga mayores cuotas de mercado en otras regiones para compensar sus pérdidas. Así, en Andalucía, donde ha recibido en estos últimos años más de 200 millones de euros en obras y proyectos medioambientales se corre el riesgo  de que esta cifra aumente aún más, repercutiendo negativamente en el entramado empresarial privado y en la generación de nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, AAEF quiere recordar que no es la única patronal sectorial que ha denunciado el abuso excesivo del sistema de encomiendas de gestión a las empresas públicas, ya que son muchas las voces que se han levantado en estos últimos tiempos en contra de este sistema en toda España, como AEEFOR, FIDEX, TECNIBERIA, FEEF, ASEMFO, etc.

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