La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) intervino ayer en la mesa redonda “El papel de la Ley de Montes en la Andalucía rural”, celebrada en Expo Aire, Feria Internacional de los Espacios Naturales, que reunió a representantes del sector, la administración y el ámbito académico ante un auditorio completo.
El presidente de AAEF, Israel Sánchez, expuso la visión del tejido empresarial forestal ante el Proyecto de Ley de Montes de Andalucía de 2025. Empezó reconociendo los avances de este proyecto de Ley ya que la actual, de 1992, ignora por completo al tejido empresarial forestal, sin nombrarlo. Por eso, destacó algunos aspectos del nuevo texto como:
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La definición explícita del tejido empresarial forestal.
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El reconocimiento de las empresas de obras y servicios forestales como agentes a considerar en la gestión del monte.
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La referencia a la profesionalización, la cualificación y la prevención de riesgos laborales.
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La mención a la modernización tecnológica y renovación de maquinaria.
Los demás ponentes —entre ellos el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez; la profesora de la UPM Inés González; la presidenta de la Asociación de propietarios onubenses de montes, Rocío Acosta; y la vocal del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Ana Warleta— abordaron cuestiones como el papel del monte privado, la gestión forestal sostenible y los retos que plantea el desarrollo rural. Así, Juan Ramón Pérez destacó la necesidad de un marco jurídico actualizado que equilibre conservación, aprovechamiento y participación social. Rocío Acosta subrayó el papel del monte privado, la importancia de la gestión forestal sostenible y su contribución al desarrollo rural y a la lucha contra el cambio climático. Desde la UPM, Inés González reflexionó sobre el impacto de la norma en el desarrollo rural, defendiendo que un monte gestionado y generador de actividad económica es un monte mejor cuidado. Y, Ana Warleta enfatizó la relevancia del conocimiento técnico y la incorporación de nuevas tecnologías —digitalización, teledetección e inteligencia artificial— para mejorar la gestión de los montes andaluces.
Desde la AAEF se señaló también la importancia de que el futuro desarrollo reglamentario atienda necesidades estructurales del sector, como la planificación estable de la inversión pública, la potenciación de la licitación y la limitación del abuso de los encargos a medios propios. Y en este último punto, reconoció que ni la ley de 1992 lo regulaba; ni el Proyecto de 2025 lo hace. Y esa ausencia «permite que, año tras año, una parte muy significativa de la inversión forestal se ejecute sin concurrencia, sin competencia y sin opciones reales para las empresas privadas.» Destacó además que, «si esa dinámica continúa, el tejido empresarial forestal privado seguirá debilitándose, mientras que los medios propios públicos seguirán ampliando su espacio».
Gabriel Gutiérrez, moderador de la mesa y miembro del equipo redactor de la Ley, señaló que este Proyecto se encuentra en la actualidad en tramitación parlamentaria y aún puede recibir aportaciones que mejoren su articulado, por lo que animó a hacerlas llegar a los grupos políticos. Asimismo, destacó el importante proceso participativo con el que estaba contando esta iniciativa legislativa desde su inicio, muestra del interés que despierta la norma.
La mesa concluyó con un mensaje común: la nueva Ley de Montes supone una oportunidad histórica para consolidar un sector forestal fuerte, sostenible y moderno, capaz de generar empleo y fijar población en la Andalucía rural.
