Israel Sánchez continuará al frente de AAEF, que trasladará al nuevo Gobierno andaluz la necesidad de aumentar la contratación pública, mejorar la planificación de las actuaciones y fortalecer el tejido empresarial especializado

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) ha renovado su Junta Directiva tras la Asamblea General Electoral celebrada el pasado 25 de junio, en la que Israel Sánchez ha sido reelegido presidente de la organización para un nuevo mandato.

Junto al presidente, integran el nuevo órgano directivo Enrique Cosano (secretario), Miguel Ángel Alcázar (vicepresidente), José Antonio García (vicepresidente económico), José David Mesa (vocal), José Ramón Taboada (vocal) y Antonio Sánchez, que se incorpora a la Junta Directiva como vocal.

La nueva Junta inicia esta etapa con el objetivo de reforzar el papel de la Asociación como representante del sector forestal empresarial andaluz y como interlocutor ante la Junta de Andalucía y el resto de administraciones públicas en todas aquellas cuestiones relacionadas con la ejecución de obras, actuaciones y servicios para la conservación, protección y mejora del medio natural.

Coincidiendo con el inicio de una nueva legislatura autonómica, AAEF considera prioritario trasladar a los nuevos responsables políticos las principales necesidades del sector y poner a su disposición la experiencia y capacidad técnica de las empresas forestales andaluzas para contribuir a la ejecución de las políticas públicas dirigidas a la conservación y mejora del medio natural.

La Asociación considera que Andalucía afronta una etapa especialmente exigente desde el punto de vista ambiental. El incremento del riesgo de incendios forestales, la adaptación al cambio climático, la restauración de ecosistemas degradados, la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos naturales y la adecuada conservación y mantenimiento de cauces requieren una actuación continuada sobre el territorio que solo será posible mediante una adecuada planificación y una inversión suficiente. En este contexto, AAEF defiende que invertir en la conservación del medio natural no constituye un gasto, sino una inversión estratégica y preventiva que reduce los costes económicos, ambientales y sociales derivados de los grandes incendios forestales, la erosión, las inundaciones, la pérdida de biodiversidad o los efectos del cambio climático.

Por ello, uno de los principales objetivos de la nueva Junta Directiva será reivindicar un mayor esfuerzo inversor de las administraciones públicas, especialmente de la Junta de Andalucía, en la contratación de obras y actuaciones de conservación y mejora del medio natural. La Asociación considera imprescindible que esa inversión tenga un carácter estable y previsible, permitiendo planificar las actuaciones con una visión plurianual que mejore la eficacia de las políticas públicas, optimice el uso de los recursos públicos y proporcione estabilidad a las empresas y al empleo especializado que generan.

Asimismo, AAEF continuará defendiendo un modelo de contratación pública basado en los principios de libre concurrencia, transparencia y eficiencia, de forma que la contratación abierta constituya la vía ordinaria para la ejecución de las actuaciones forestales. En este sentido, la Asociación entiende que los encargos a medios propios deben responder al carácter excepcional previsto en la legislación, favoreciendo el aprovechamiento de la capacidad técnica, humana y material del tejido empresarial especializado existente en Andalucía.

La nueva Junta Directiva trabajará igualmente para fortalecer la competitividad del sector, favorecer la apertura de nuevas oportunidades de actividad, impulsar la incorporación progresiva de nuevas tecnologías y poner en valor la contribución de las empresas forestales al desarrollo económico y social del medio rural, donde generan empleo cualificado, fijan población y contribuyen a mantener un tejido productivo estrechamente ligado a la conservación del patrimonio natural andaluz.

El presidente de la AAEF, Israel Sánchez, ha señalado que «las empresas forestales somos un aliado estratégico de las administraciones públicas para afrontar los grandes retos ambientales de Andalucía. Contamos con empresas altamente especializadas y con una amplia experiencia en la ejecución de obras de conservación y restauración del medio natural. Nuestro objetivo es colaborar con el nuevo Gobierno andaluz para que las políticas ambientales dispongan de una financiación suficiente, una adecuada planificación y un modelo de contratación que aproveche plenamente la capacidad del tejido empresarial andaluz. Invertir en la conservación del medio natural no es un gasto, sino una inversión de futuro que protege nuestros montes y cauces, genera empleo en el medio rural y evita costes mucho mayores para el conjunto de la sociedad».  En esta línea, ha destacado que “del mismo modo que nadie cuestiona la necesidad de mantener una carretera o una presa, tampoco deberíamos esperar a que se produzca un incendio o una inundación para actuar sobre nuestros montes y cauces. La conservación preventiva del medio natural es una inversión rentable para Andalucía desde el punto de vista ambiental, social y económico”.

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía representa a las empresas especializadas en la ejecución de obras, actuaciones y servicios destinados a la conservación, protección y mejora del medio natural, constituyendo la principal organización empresarial del sector en Andalucía.

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El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley de Montes de Andalucía (LEMA); una norma, que viene a sustituir a la vigente Ley Forestal de Andalucía de 1992, anterior incluso a la estatal de 2003.

La Consejería, a través de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, ha impulsado esta norma tras un proceso participativo en la que han intervenido administraciones, entidades locales, asociaciones, colectivos profesionales y ciudadanía. AAEF ha participado activamente en este proceso de  diálogo e intercambio de ideas, compareciendo incluso en el propio Parlamento para trasladar su perspectiva de la norma, con el fin de obtener una ley sólida, adaptada a los tiempos y a las necesidades del sector y la sociedad. Agradecemos que esta Ley reconozca la importancia del tejido empresarial forestal, incluso desde la exposición de motivos, donde se afirma que el tejido empresarial forestal merece, junto a la propiedad privada, una atención principal en esta Ley.

La nueva ley se estructura en siete títulos, con 144 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. Entre las principales novedades de la Ley se encuentra la modernización de la colaboración entre administraciones públicas. En el ámbito de la participación pública, se crea el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, que sustituye al anterior Consejo Andaluz de Biodiversidad.

La LEMA introduce la figura del monte protector para los terrenos privados, en consonancia con la legislación básica estatal. Este reconocimiento permite incentivar la conservación de estos espacios mediante ayudas específicas y beneficios para sus titulares, fomentando una gestión más sostenible. Además, reconoce el papel fundamental de las ciencias forestales como base del conocimiento y de la gestión sostenible.

La Ley considera las actuaciones de repoblación, restauración y selvicultura activa como proyectos de absorción de emisiones, en línea con la normativa climática andaluza y estatal.

Por otro lado, la LEMA dedica especial atención a la prevención y restauración frente a los incendios forestales. En el ámbito del fomento forestal, se incentiva la actividad de empresas, industrias y cooperativas que cuenten con personal cualificado y se crea el Registro Andaluz de Empresas, Industrias y Cooperativas Forestales.

El apoyo a la modernización del sector es otra de las líneas estratégicas. La Ley promueve ayudas específicas para la renovación del parque de maquinaria forestal. Este punto es importante para el tejido empresarial de la obra forestal.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha señalado al cierre del debate en el Pleno del Parlamento Andaluz, que “se trata de una ley muy técnica y cuya doble ambición es proteger nuestros montes y gestionarlos de una forma más eficaz y sostenible”

La aprobación de esta Ley sienta las bases para su posterior desarrollo normativo, de gran interés para todo el sector. Por eso, AAEF quiso estar presente en esta votación tan importante para el futuro de la gestión sostenible de nuestros montes.

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La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) intervino ayer en la mesa redonda “El papel de la Ley de Montes en la Andalucía rural”, celebrada en Expo Aire, Feria Internacional de los Espacios Naturales, que reunió a representantes del sector, la administración y el ámbito académico ante un auditorio completo.

El presidente de AAEF, Israel Sánchez, expuso la visión del tejido empresarial forestal ante el Proyecto de Ley de Montes de Andalucía de 2025. Empezó reconociendo los avances de este proyecto de Ley ya que la actual, de 1992, ignora por completo al tejido empresarial forestal, sin nombrarlo. Por eso, destacó algunos aspectos del nuevo texto como:

• La definición explícita del tejido empresarial forestal.

• El reconocimiento de las empresas de obras y servicios forestales como agentes a considerar en la gestión del monte.

• La referencia a la profesionalización, la cualificación y la prevención de riesgos laborales.

• La mención a la modernización tecnológica y renovación de maquinaria.

Los demás ponentes —entre ellos el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez; la profesora de la UPM Inés González; la presidenta de la Asociación de propietarios onubenses de montes, Rocío Acosta; y la vocal del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Ana Warleta— abordaron cuestiones como el papel del monte privado, la gestión forestal sostenible y los retos que plantea el desarrollo rural. Así, Juan Ramón Pérez destacó la necesidad de un marco jurídico actualizado que equilibre conservación, aprovechamiento y participación social. Rocío Acosta subrayó el papel del monte privado, la importancia de la gestión forestal sostenible y su contribución al desarrollo rural y a la lucha contra el cambio climático. Desde la UPM, Inés González reflexionó sobre el impacto de la norma en el desarrollo rural, defendiendo que un monte gestionado y generador de actividad económica es un monte mejor cuidado. Y, Ana Warleta enfatizó la relevancia del conocimiento técnico y la incorporación de nuevas tecnologías —digitalización, teledetección e inteligencia artificial— para mejorar la gestión de los montes andaluces.

Desde la AAEF se señaló también la importancia de que el futuro desarrollo reglamentario atienda necesidades estructurales del sector, como la planificación estable de la inversión pública, la potenciación de la licitación y la limitación del abuso de los encargos a medios propios. Y en este último punto, reconoció que ni la ley de 1992 lo regulaba; ni el Proyecto de 2025 lo hace. Y esa ausencia «permite que, año tras año, una parte muy significativa de la inversión forestal se ejecute sin concurrencia, sin competencia y sin opciones reales para las empresas privadas.» Destacó además que, «si esa dinámica continúa, el tejido empresarial forestal privado seguirá debilitándose, mientras que los medios propios públicos seguirán ampliando su espacio».

Gabriel Gutiérrez, moderador de la mesa y miembro del equipo redactor de la Ley, señaló que este Proyecto se encuentra en la actualidad en tramitación parlamentaria y aún puede recibir aportaciones que mejoren su articulado, por lo que animó a hacerlas llegar a los grupos políticos. Asimismo, destacó el importante proceso participativo con el que estaba contando esta iniciativa legislativa desde su inicio, muestra del interés que despierta la norma.

La mesa concluyó con un mensaje común: la nueva Ley de Montes supone una oportunidad histórica para consolidar un sector forestal fuerte, sostenible y moderno, capaz de generar empleo y fijar población en la Andalucía rural.

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🕙 Hora: 10:15

📍 Lugar: Sala IPRODECO EcoActive – Expo Aire (Centro de Exposiciones y Ferias de Córdoba)

La mesa contará con la participación de referentes del ámbito público, académico y empresarial:

• Juan Ramón Pérez, director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía

• Israel Sánchez, presidente de la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF)

• Inés González, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid

• Ana Warleta, vocal del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía

• Rocío Acosta, presidenta de la Asociación de Productos Onubenses de Madera

Modera: Gabriel A. Gutiérrez, asesor técnico de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad.

Una cita imprescindible para profesionales y entidades comprometidas con la gestión sostenible y el futuro de nuestros montes.

Os animamos a asistir a esta interesante mesa de diálogo, así como al resto de actividades que se organizarán en Expo Aire, los días 2 y 3 de diciembre; un punto de encuentro para hablar de espacios naturales, biodiversidad, gestión forestal, ecoturismo y territorio, desde una mirada técnica, cercana y colaborativa.

Como miembro del Consejo Asesor de Expo Aire, os invitamos a que os descarguéis de manera gratuita la entrada al evento, a través de este enlace: https://expoaire.es/backend/visitors/ip.php?i=2

¡Nos vemos en Expo Aire!

La entrada Expo Aire acogerá una mesa redonda sobre el papel de la futura Ley de Montes en la Andalucía rural se publicó primero en AAEF.

• La programación contará con 26 conferencias y más de 70 ponentes de máximo nivel procedentes tanto del sector público como del privado.
• AAEF es miembro del Consejo Asesor

Córdoba se prepara para acoger los días 2 y 3 de diciembre una nueva edición de Expo Aire, un interesante foro nacional sobre espacios naturales y ecoturismo, que vuelve al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) tras el éxito alcanzado en 2024.

La feria reunirá a técnicos, gestores, profesionales del medio natural, empresas, administraciones públicas, universidades y entidades sociales, consolidándose como el principal punto de encuentro para quienes trabajan por la conservación del territorio y el desarrollo sostenible.

La edición 2025 de Expo Aire destaca especialmente por la calidad y amplitud de su programación: 26 conferencias, mesas redondas, foros técnicos y demostraciones impartidas por más de 70 ponentes de máximo nivel, representando a instituciones, organizaciones y empresas líderes en gestión ambiental, conservación, emergencias y turismo de naturaleza.

El acto inaugural estará presidido por Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, junto a representantes institucionales de alto nivel, incluidos más de diez directores generales autonómicos.

Este año, la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) vuelve a formar parte del consejo asesor de Expo Aire y, como tal, ha promovido la organización de algunas mesas redondas y la participación de entidades destacadas. Asimismo, celebrará allí su Asamblea General de 2025

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Áreas temáticas de la edición 2025

La programación se estructura en cuatro grandes bloques:

1. Emergencias y Seguridad
2. Conservación del Medio Natural
3. Infraestructura y Uso Público
4. Turismo de Naturaleza y Desarrollo Rural

Una feria expositiva diversa y orientada a la innovación

Expo Aire contará con 27 expositores, una cifra reducida pero cuidadosamente seleccionada para asegurar máxima diversidad sectorial. En conjunto, mostrarán soluciones innovadoras en conservación, equipamientos de uso público, seguridad, movilidad sostenible, tecnología aplicada y servicios para entornos naturales.

La participación en Expo AIRE es gratuita para los profesionales de los espacios naturales

Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario disponible en este enlace.

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La nueva Ley de Montes sustituirá a la vigente Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, anterior incluso a la ley estatal de 2003. Esta diferencia temporal ha generado a lo largo de los años vacíos y duplicidades que era necesario corregir. El objetivo es construir una legislación coherente, moderna y eficaz, que facilite la gestión sostenible de los montes y contribuya al desarrollo del medio rural.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, ha impulsado este texto tras un proceso participativo en el que han intervenido administraciones, entidades locales, asociaciones (como la propia AAEF), colectivos profesionales y ciudadanía. Además de los trámites oficiales de consulta e información pública, el anteproyecto se ha presentado en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, donde el sector forestal y los actores implicados valoraron de forma positiva tanto el contenido como el espíritu de consenso del texto.

La futura Ley de Montes se estructura en siete títulos, con un total de 144 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.

El anteproyecto de Ley de Montes de Andalucía busca modernizar la gestión forestal andaluza a través de la sostenibilidad, la digitalización y la simplificación administrativa, con el objetivo de adaptar los montes a los retos del siglo XXI.

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La patronal forestal denuncia el bloqueo de las obras y el perjuicio a las PYMEs

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) quiere denunciar que las obras del Plan Itínere, fundamentales para la mejora de caminos rurales en Andalucía, sufren retrasos inaceptables debido a la adjudicación masiva de contratos a TRAGSA sin licitación pública. Mientras las infraestructuras rurales se están ejecutando a un nivel excesivamente bajo, las pequeñas y medianas empresas del sector forestal han sido excluidas de estos proyectos, poniendo en peligro la competitividad del sector y el desarrollo de las zonas rurales.

El Plan Itínere, promovido por la Junta de Andalucía para mejorar la red de caminos rurales, fue presentado como una oportunidad para impulsar la actividad económica en el ámbito rural y generar empleo en las pequeñas y medianas empresas del sector. Tanto es así, que la consejera de Agricultura por entonces, Carmen Crespo, anunció en el año 2021, que estas obras iban a ir dirigidas para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la realidad es que sólo el primer bloque fue licitado y más del 88% del presupuesto total destinado hasta la fecha a este Plan de mejora de caminos rurales ha sido, y sigue siendo, encargado directamente al Grupo TRAGSA, impidiendo la participación de empresas privadas andaluzas. El argumento para este cambio de criterio se justificó en que TRAGSA podría ejecutarlos con mayor rapidez, pero la realidad es que muchas obras retrasaron su inicio durante meses (y, en ocasiones, hasta algún año) solicitando posteriormente ampliaciones de plazos que, en ocasiones, han llegado a triplicar el plazo original. Las justificaciones ofrecidas para estos retrasos son genéricas y repetitivas, recurriendo a términos como «circunstancias sobrevenidas e imprevisibles». Esta patronal entiende que los retrasos se deben, simplemente, a una falta de planificación y gestión y que, por tanto, deberían ser penalizados mediante algún tipo de procedimiento sancionador, como ocurriría con un contratista privado.

Sorprende, además, que pese a los esfuerzos realizados por esta patronal, sea imposible conocer, a ciencia cierta, el volumen total de encargos realizados a Tragsa dentro del Plan Itínere, así como el grado de ejecución hasta la fecha, ya que existe un cierto oscurantismo en estos encargos, y es muy complicado hacer un seguimiento a partir del perfil del contratante. Por ello, se ha solicitado una reunión urgente con el consejero, con el fin de conocer realmente el alcance de estos encargos.

Un caso paradigmático es el Plan Itínere II, expediente 7/2022 OBRA ITÍNERE ENG, licitado en noviembre de 2022. El plazo de ejecución de estas actuaciones era de ocho meses, debiendo concluir el 30 de agosto de 2023. Sin embargo, se han aprobado hasta cuatro modificaciones de plazos, permitiendo que los trabajos se alarguen hasta el 30 de junio de 2025. En total, 22 meses más, sin garantías ni certezas de que, esta vez sí, se concluyan los trabajos, y sin ningún expediente sancionador a Tragsa por un retraso tan abultado. Es más, la Consejería ha aceptado como válidas, en todas las ocasiones, unas justificaciones vagas y excesivamente genéricas para estos retrasos (en todas las solicitudes han alegado el mismo motivo: “durante la ejecución de las obras, se ha derivado circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que han ocasionado modificaciones de algunos caminos afectando al plazo de finalización de las obras”).

Uso abusivo de los encargos directos: exclusión del sector privado

El Plan Itínere se presentó como una iniciativa para mejorar la red de caminos rurales y dinamizar el tejido empresarial andaluz, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, sólo se llegó a sacar a concurso público el primer bloque, con 19 lotes, de los cuales se adjudicaron 17 lotes (desistiéndose la Consejería de dos de ellos) por importe total de 15,2 millones de euros, frente a los más de 111 millones encargados directamente a Tragsa. Se da la paradoja de que TRAGSA, además, está subcontratando casi el 50% de las obras, lo que demuestra que estos proyectos podrían haberse gestionado directamente mediante licitaciones públicas.

En lugar de garantizar una ejecución eficiente y ágil, la Junta de Andalucía ha permitido que se acumulen retrasos que afectan gravemente a la actividad agrícola, ganadera y a la movilidad en los municipios rurales.

Por todo ello, desde AAEF exigimos la ejecución inmediata de las obras retrasadas y la aplicación de sanciones en caso de incumplimientos injustificados por parte de Tragsa. Es necesario un mayor control y fiscalización sobre la ejecución de los encargos a TRAGSA, garantizando que se cumplan los plazos y evitando nuevos retrasos. No olvidemos que estas actuaciones están financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por lo que deberían llevar, más si cabe, un control exhaustivo de los gastos, los plazos y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

En AAEF, no descartamos emprender medidas legales ante este uso abusivo del encargo a medio propio. No es admisible el oscurantismo por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la publicación de estos encargos y sus modificaciones, vulnerando los principios de transparencia, publicidad y buena administración del gasto público. Por ello, pedimos que se den a conocer las posibles auditorías, visitas de inspección, informes sobre el supuesto avance del proyecto y justificación de los gastos realizados, etc. que se están llevando a cabo para el control financiero y de ejecución del Plan Itínere. Asimismo, exigimos conocer el coste que tendrán finalmente estos trabajos, frente a lo presupuestado inicialmente.

Esta mala gestión del Plan Itínere debería servir para demostrar definitivamente la ineficacia de los encargos directos a Tragsa, tanto desde el punto de vista de la agilidad como de la rentabilidad económica. La Junta de Andalucía debería priorizar las licitaciones públicas y transparentes, permitiendo la libre competencia y evitando adjudicaciones directas abusivas.

Las infraestructuras rurales son esenciales para la actividad económica de muchos municipios andaluces. No podemos permitir que sigan bloqueadas mientras las empresas privadas del sector forestal ven cerradas sus oportunidades de trabajo. Exigimos responsabilidad, transparencia y medidas urgentes para poner fin a esta gestión ineficaz.

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La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) ha firmado hoy un protocolo general de colaboración con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para favorecer y crear sinergias entre el mundo empresarial forestal y la Administración ambiental andaluza, estableciendo para ello un canal de comunicación fluido que facilite el enriquecimiento mutuo.

El presidente de AAEF, Israel Sánchez, ha destacado en el acto de firma, la importancia de este acuerdo, “que viene a dar contenido formal a unas relaciones de colaboración que no son nuevas”. Así, ha agradecido a la Consejería “este compromiso de establecer una relación institucional entre ambas partes que nos facilite canalizar nuestras propuestas, permitiendo un mejor seguimiento de la evolución del sector forestal andaluz y su necesidades, buscando consensuar las soluciones que en cada momento se entiendan más adecuadas. Un compromiso con el diálogo y el entendimiento como pilares fundamentales para avanzar en el desarrollo del sector forestal andaluz”

Con este protocolo se sientan las bases para facilitar el conocimiento por parte de AAEF de las iniciativas normativas, planes y estrategias de la Consejería y establecer un canal de comunicación entre ambas partes que facilite el enriquecimiento mutuo y la participación en dichas iniciativas.

FOROS AAEF

La firma de este protocolo ha tenido lugar en la Confederación de Empresarios de Andalucía, de la que AAEF es socio; una sede que también ha acogido la celebración de la primera Edición de los Foros AAEF. Con estos Foros, la patronal forestal andaluza busca poner en contacto a los protagonistas del sector forestal en Andalucía para fomentar el debate y diálogo sobre temas de interés sectorial. Un punto de encuentro entre los principales actores del panorama político, económico y social donde abordar colectivamente los desafíos de nuestro presente y futuro.

Esta primera edición, que ha llevado por título “Un compromiso con el sector forestal”, ha contado con la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente como madrina. En él, la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís, ha presentado el nuevo visor de Indicadores Forestales en Andalucía (Indifo), una herramienta puesta en marcha por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para incrementar la cantidad y calidad de la información medioambiental disponible y facilitar su acceso a la ciudadanía a través de la Red de Información Ambiental (Rediam).

Tras esta intervención, la secretaria general de Medio Ambiente ha sido invitada a participar en una mesa de diálogo, moderada por el secretario de AAEF, Enrique Cosano, y que ha contado también con el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez. En ella, además de analizar la utilidad de este visor para un mejor conocimiento del medio natural en el ámbito forestal, así como su uso en la solicitud de las futuras ayudas forestales, se ha hablado de la necesidad de fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y, en concreto, de las medidas que va a aportar el programa de impulso a los aprovechamiento de la madera en Andalucía para revitalizar el sector forestal andaluz; así como de la importancia de la colaboración público-privada.

En la clausura, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, además de valorar positivamente el protocolo firmado con la patronal forestal,  ha analizado los ejes principales de la política forestal andaluza para los próximos años, dando algunos avances en la legislación medioambiental, como la futura Ley de Montes, la Ley de Agentes de Medio Ambiente o la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía; ha  subrayado el aumento en las partidas presupuestarias de 2025 en materia de política forestal y ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para lograr un alto nivel de compromiso en la ejecución de las políticas forestales, entre otros temas de actualidad.

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La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, participó en el Foro ‘Construyendo un futuro sostenible: mujeres liderando el cambio’, organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (Ansemac)

La consejera subrayó el apoyo que brinda el Gobierno andaluz a las empresas “para desarrollar prácticas sostenibles en su actividad y lograr los hitos que marcan los desafíos a los que se enfrentan la sociedad y su tejido productivo con el cambio climático”.

Catalina García, destacó en este encuentro las iniciativas de la Junta de Andalucía en apoyo a las pymes para mejorar sus prácticas sostenibles y avanzar en su desarrollo responsable con el medio ambiente. “El futuro de la sostenibilidad pasa por una integración plena de las pymes en la transición energética”, dijo y señaló que “resulta fundamental facilitar recursos y orientación que les permitan adaptarse a las nuevas exigencias ambientales y prosperar en un mercado global competitivo”.

Tras la jornada técnica, se celebró el encuentro de Navidad de Ansemac 2024, un espacio de networking donde asociadas y agentes del sector, compartieron experiencias del año y marcaron objetivos para el próximo 2025. La secretaria técnica de AAEF, asociada a Ansemac, participó en este encuentro, mostrando de este modo el apoyo a la labor desempeñada por esta Organización, con objetivos muy alineados con los de la patronal forestal andaluza, y con quien tenemos una estrecha colaboración.

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La Junta de Andalucía publicó el pasado 22 de noviembre la resolución que somete a información pública el anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM).

Entre las principales innovaciones del texto se encuentran la creación de una Estrategia Marco de Medio Ambiente, que guiará las políticas ambientales de la comunidad autónoma, y un sistema más ágil y simplificado para las autorizaciones ambientales, reduciendo tiempos y trámites administrativos sin comprometer las garantías ambientales.

En el marco del periodo de audiencia pública, la Confederación de Empresarios de Andalucía ha acogido el acto de presentación oficial de la LEGAM ante el tejido empresarial de Andalucía, el pasado 25 de noviembre. En la jornada, que contó con la asistencia de más de 200 personas, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha expuesto los objetivos de la futura ley y agentes de distintos sectores empresariales han debatido diversos aspectos del nuevo texto.  Este acto ha sido una oportunidad para exponer los objetivos y las innovaciones de la futura ley ante el tejido empresarial, destacando su papel clave en la implementación de modelos de producción más sostenibles y responsables.

En la clausura del encuentro, la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, ha destacado que esta Ley “aporta mejoras en los ámbitos de la seguridad jurídica y la agilización de los pronunciamientos ambientales, con respecto a la GICA (Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), que data de 2007 y que requería una profunda reforma, debido a las numerosas modificaciones normativas que se han venido produciendo a todos los niveles”.

En AAEF, hemos estado presentes en este encuentro, donde se ha contado con la participación del sector empresarial, de los colegios profesionales, la administración local y, en definitiva, la sociedad civil, permitiendo que todos los agentes interesados puedan contribuir con sus aportaciones.

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