La patronal forestal denuncia el bloqueo de las obras y el perjuicio a las PYMEs
La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) quiere denunciar que las obras del Plan Itínere, fundamentales para la mejora de caminos rurales en Andalucía, sufren retrasos inaceptables debido a la adjudicación masiva de contratos a TRAGSA sin licitación pública. Mientras las infraestructuras rurales se están ejecutando a un nivel excesivamente bajo, las pequeñas y medianas empresas del sector forestal han sido excluidas de estos proyectos, poniendo en peligro la competitividad del sector y el desarrollo de las zonas rurales.
El Plan Itínere, promovido por la Junta de Andalucía para mejorar la red de caminos rurales, fue presentado como una oportunidad para impulsar la actividad económica en el ámbito rural y generar empleo en las pequeñas y medianas empresas del sector. Tanto es así, que la consejera de Agricultura por entonces, Carmen Crespo, anunció en el año 2021, que estas obras iban a ir dirigidas para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la realidad es que sólo el primer bloque fue licitado y más del 88% del presupuesto total destinado hasta la fecha a este Plan de mejora de caminos rurales ha sido, y sigue siendo, encargado directamente al Grupo TRAGSA, impidiendo la participación de empresas privadas andaluzas. El argumento para este cambio de criterio se justificó en que TRAGSA podría ejecutarlos con mayor rapidez, pero la realidad es que muchas obras retrasaron su inicio durante meses (y, en ocasiones, hasta algún año) solicitando posteriormente ampliaciones de plazos que, en ocasiones, han llegado a triplicar el plazo original. Las justificaciones ofrecidas para estos retrasos son genéricas y repetitivas, recurriendo a términos como «circunstancias sobrevenidas e imprevisibles». Esta patronal entiende que los retrasos se deben, simplemente, a una falta de planificación y gestión y que, por tanto, deberían ser penalizados mediante algún tipo de procedimiento sancionador, como ocurriría con un contratista privado.
Sorprende, además, que pese a los esfuerzos realizados por esta patronal, sea imposible conocer, a ciencia cierta, el volumen total de encargos realizados a Tragsa dentro del Plan Itínere, así como el grado de ejecución hasta la fecha, ya que existe un cierto oscurantismo en estos encargos, y es muy complicado hacer un seguimiento a partir del perfil del contratante. Por ello, se ha solicitado una reunión urgente con el consejero, con el fin de conocer realmente el alcance de estos encargos.
Un caso paradigmático es el Plan Itínere II, expediente 7/2022 OBRA ITÍNERE ENG, licitado en noviembre de 2022. El plazo de ejecución de estas actuaciones era de ocho meses, debiendo concluir el 30 de agosto de 2023. Sin embargo, se han aprobado hasta cuatro modificaciones de plazos, permitiendo que los trabajos se alarguen hasta el 30 de junio de 2025. En total, 22 meses más, sin garantías ni certezas de que, esta vez sí, se concluyan los trabajos, y sin ningún expediente sancionador a Tragsa por un retraso tan abultado. Es más, la Consejería ha aceptado como válidas, en todas las ocasiones, unas justificaciones vagas y excesivamente genéricas para estos retrasos (en todas las solicitudes han alegado el mismo motivo: “durante la ejecución de las obras, se ha derivado circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que han ocasionado modificaciones de algunos caminos afectando al plazo de finalización de las obras”).
Uso abusivo de los encargos directos: exclusión del sector privado
El Plan Itínere se presentó como una iniciativa para mejorar la red de caminos rurales y dinamizar el tejido empresarial andaluz, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, sólo se llegó a sacar a concurso público el primer bloque, con 19 lotes, de los cuales se adjudicaron 17 lotes (desistiéndose la Consejería de dos de ellos) por importe total de 15,2 millones de euros, frente a los más de 111 millones encargados directamente a Tragsa. Se da la paradoja de que TRAGSA, además, está subcontratando casi el 50% de las obras, lo que demuestra que estos proyectos podrían haberse gestionado directamente mediante licitaciones públicas.
En lugar de garantizar una ejecución eficiente y ágil, la Junta de Andalucía ha permitido que se acumulen retrasos que afectan gravemente a la actividad agrícola, ganadera y a la movilidad en los municipios rurales.
Por todo ello, desde AAEF exigimos la ejecución inmediata de las obras retrasadas y la aplicación de sanciones en caso de incumplimientos injustificados por parte de Tragsa. Es necesario un mayor control y fiscalización sobre la ejecución de los encargos a TRAGSA, garantizando que se cumplan los plazos y evitando nuevos retrasos. No olvidemos que estas actuaciones están financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por lo que deberían llevar, más si cabe, un control exhaustivo de los gastos, los plazos y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
En AAEF, no descartamos emprender medidas legales ante este uso abusivo del encargo a medio propio. No es admisible el oscurantismo por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la publicación de estos encargos y sus modificaciones, vulnerando los principios de transparencia, publicidad y buena administración del gasto público. Por ello, pedimos que se den a conocer las posibles auditorías, visitas de inspección, informes sobre el supuesto avance del proyecto y justificación de los gastos realizados, etc. que se están llevando a cabo para el control financiero y de ejecución del Plan Itínere. Asimismo, exigimos conocer el coste que tendrán finalmente estos trabajos, frente a lo presupuestado inicialmente.
Esta mala gestión del Plan Itínere debería servir para demostrar definitivamente la ineficacia de los encargos directos a Tragsa, tanto desde el punto de vista de la agilidad como de la rentabilidad económica. La Junta de Andalucía debería priorizar las licitaciones públicas y transparentes, permitiendo la libre competencia y evitando adjudicaciones directas abusivas.
Las infraestructuras rurales son esenciales para la actividad económica de muchos municipios andaluces. No podemos permitir que sigan bloqueadas mientras las empresas privadas del sector forestal ven cerradas sus oportunidades de trabajo. Exigimos responsabilidad, transparencia y medidas urgentes para poner fin a esta gestión ineficaz.
