Con éste, son tres los expedientes que la Consejería ha sacado a licitación pública, tal y como se comprometió el consejero del ramo, José Fiscal, con la patronal forestal andaluza en el mes de septiembre. Así, en octubre se sacaron a concurso tratamientos selvícolas en diversos montes públicos de Andalucía para la prevención de incendios forestales, con un importe de  5,48 millones; que unidos a los 6,23 millones de euros licitados en enero de este año para selvicultura preventiva en rodales de montes andaluces, suman un total de 19, 21 millones de euros.

Estos proyectos son de vital importancia para el medio natural andaluz, que necesita dar continuidad a los trabajos forestales preventivos de manera planificada para limpiar el monte y reducir al máximo el riesgo en caso de incendio forestal. Y es que, como destaca AAEF, la prevención es igual o más importante que la extinción, ya que contribuyen de manera rápida y eficaz a atajar los incendios.

Por otro lado, no podemos olvidar el componente social y económico que tienen estas licitaciones, ya que darán cierta estabilidad a las empresas que sean adjudicatarias de su realización y son generadoras de miles de puestos de trabajo, con lo que se podrá comenzar a reactivar social y económicamente las zonas rurales, siendo en muchos municipios andaluces la única fuente de empleo viable. Desde AAEF esperamos que las obras sean ejecutadas por empresas privadas especializadas ya que, desgraciadamente, la actual situación de crisis económica, está haciendo que empresas de otros sectores se interesen por proyectos medioambientales en los que no disponen de conocimientos ni experiencia.

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La Junta de Andalucía vuelve a encomendar a la empresa pública estatal la ejecución de trabajos en  la red de cortafuegos

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) quiere volver a denunciar el sistemático uso de la figura de la encomienda de gestión para el encargo de trabajos forestales a Tragsa, que tradicionalmente venían ejecutando las empresas forestales andaluzas. Así, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha encargado recientemente a esta empresa pública la ejecución de los cortafuegos de las diferentes provincias andaluzas, amparándose nuevamente en la falta de tiempo para la licitación de esos proyectos a través de procesos públicos, y en la necesidad de ejecutar los trabajos de manera inmediata.

Esta patronal ha comprobado que la empresa pública Tragsa no dispone, en Andalucía, de los medios técnicos y humanos necesarios para abordar los proyectos encomendados, que superan el millón de euros, por lo que se está viendo obligada a subcontratar estos trabajos a empresas no especializadas con bajas superiores al 40 y 50% en algunos de los casos, sin exigir a estas empresas los niveles de cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos que serían necesarios si se aplicara la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, AAEF no se explica cómo es posible que la Junta de Andalucía encomiende unos trabajos a una entidad que termina dividiéndolos por lotes, por lo que las exigencias de contratación con terceros son menores. Otra de las incongruencias que se producen en las encomiendas de gestión a Tragsa es que es la propia empresa pública la que ejerce, a la vez, la dirección técnica y la facultad de certificarse a ella misma los trabajos ejecutados para la Consejería de Medio Ambiente, dándose la paradoja de que quien tiene que ejecutar los trabajos es a su vez quien controla que se realicen de manera adecuada, convirtiéndose en juez y parte.

AAEF, que ya denunció a finales de 2015 ante el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, esta situación, también puso en conocimiento de la consejera de Hacienda el uso abusivo de esta figura de la encomienda de gestión, que pone en franca desventaja a las empresas privadas, a las que se les impide competir en igualdad de condiciones. La consejera, en la presentación de los Presupuestos Generales de Andalucía en presencia de empresarios en la CEA, se comprometió a reducir la participación de la empresa pública estatal en Andalucía, como así ha ocurrido en otras regiones, como Extremadura. Es evidente que este compromiso sigue sin cumplirse.

Por otro lado, la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía aún no ha dado autorización para licitar los proyectos forestales y de prevención de incendios a los que el consejero de Medio Ambiente se comprometió en octubre del pasado año, por importe de 35 millones de euros, según consta en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía. Esta situación de parálisis inversora y falta de gestión de los fondos del nuevo marco comunitario está llevando a la destrucción del tejido empresarial que con tanto esfuerzo se estaba creando en Andalucía, y pone en peligro miles de empleos en las zonas rurales de nuestra región.

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El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jaime Raynaud, ha preguntado recientemente en comisión parlamentaria por las inversiones previstas en el sector forestal dentro del nuevo marco comunitario 2014-2020. En su intervención en la Comisión de Medio Ambiente del pasado 24 de noviembre, Raynaud recordó la reclamación de la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) quien, este verano, alertaba de la necesidad de poner en marcha, de manera inmediata, los proyectos incluidos en el nuevo PDR-A, reactivando los programas de actuaciones en el medio natural, especialmente cuando desde que terminó el Plan de Choque por el Empleo, en 2013, no se han articulado nuevas actuaciones para el medio natural andaluz.

Raynaud denunció que no se hubieran puesto en marcha, desde entonces, nuevos planes de actuación en el monte ligados a fondos FEDER, FEADER o Fondo Social Europeo ligado a planes de empleo en este sector, etc.  En este sentido, señaló, “en los últimos años hemos dejado de cubrir las cantidades asignadas”, sin haber cubierto el 100% de los fondos previstos para esta materia y estando a punto de concluir el marco.

Por ello, preguntó al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, si su Consejería tenía previsto incluir partidas importantes para estos conceptos en el nuevo marco comunitario, fundamentalmente, destinadas a tareas de prevención (cortafuegos, desbroces, tratamientos selvícolas, etc).

El consejero recogió el guante y respondió con un contundente “sí; sí, tenemos previstas inversiones en esta materia”. Y, tras eso, empezó a desgranar, a grandes rasgos, los planes previstos para este nuevo periodo. De este modo, destacó, la Consejería ha incluido diferentes medidas para mejorar la gestión y aprovechamiento de los ecosistemas forestales dentro del PDR-A 2014-2020. Anunció que la inversión global prevista dentro del Programa de Desarrollo rural de Andalucía es de más de 396 millones de euros, lo que supone más del 74% del presupuesto que va a gestionar esta Consejería dentro del PDR-A. De este modo, está prevista una partida de casi 130 millones de euros para la prevención de los daños causados a los bosques por los incendios y desastres naturales; 157,6 millones para ayudas a las inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales, así como otras ayudas para la mejora de los sistemas agroforestales. Por su parte, en lo que se refiere a las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) están previsto para el sector forestal 27 millones de euros para medidas relacionadas con la adaptación al cambio climático y prevención de riesgos relacionados con el clima, 40 millones de euros para proyectos forestales dentro del paquete de protección y fortalecimiento de la biodiversidad, etc.

Como conclusión, el consejero destacó que, entre ayudas incluidas con cargo a  fondos FEADER y FEDER, el sector forestal contará con más de 463 millones de euros para la realización de proyectos forestales. Un dato que, en un primer momento, es valorado positivamente por AAEF, quien velará para que, en este nuevo periodo, se realice una planificación adecuada de los fondos y sus destinatarios, así como la forma de ejecutarlo para su completa certificación y justificación final, entendiendo que el sistema de licitación pública es el que mayor garantía da de eficiencia y control, y evitar, así, la pérdida de fondos por falta de ejecución total o justificación final.

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