La patronal quiere manifestar que con el sistema de encomienda de gestión empleado para la adjudicación directa de trabajos a Tragsa se produce un “escape del derecho administrativo” y un evidente sobrecoste en la ejecución de los caminos que tradicionalmente han venido ejecutando empresas privadas del sector, sometidas a un estricto control administrativo. Este punto es especialmente relevante cuando el 60% de esta financiación proviene de fondos FEADER, ya que es fundamental cumplir con los plazos marcados por Europa para no tener que devolver los mismos.

Por esta razón, AAEF urge a la Consejería de Agricultura a que ponga en marcha los mecanismos necesarios para poder iniciar el procedimiento de licitación pública y permitir la libre concurrencia y el acceso a estos proyectos a un alto número de empresas andaluzas, lo que favorecería el fortalecimiento de un tejido empresarial en nuestras zonas rurales y la generación de nuevo empleo en nuestra región.

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La Junta de Andalucía vuelve a encomendar a la empresa pública estatal la ejecución de trabajos en  la red de cortafuegos

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) quiere volver a denunciar el sistemático uso de la figura de la encomienda de gestión para el encargo de trabajos forestales a Tragsa, que tradicionalmente venían ejecutando las empresas forestales andaluzas. Así, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha encargado recientemente a esta empresa pública la ejecución de los cortafuegos de las diferentes provincias andaluzas, amparándose nuevamente en la falta de tiempo para la licitación de esos proyectos a través de procesos públicos, y en la necesidad de ejecutar los trabajos de manera inmediata.

Esta patronal ha comprobado que la empresa pública Tragsa no dispone, en Andalucía, de los medios técnicos y humanos necesarios para abordar los proyectos encomendados, que superan el millón de euros, por lo que se está viendo obligada a subcontratar estos trabajos a empresas no especializadas con bajas superiores al 40 y 50% en algunos de los casos, sin exigir a estas empresas los niveles de cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos que serían necesarios si se aplicara la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, AAEF no se explica cómo es posible que la Junta de Andalucía encomiende unos trabajos a una entidad que termina dividiéndolos por lotes, por lo que las exigencias de contratación con terceros son menores. Otra de las incongruencias que se producen en las encomiendas de gestión a Tragsa es que es la propia empresa pública la que ejerce, a la vez, la dirección técnica y la facultad de certificarse a ella misma los trabajos ejecutados para la Consejería de Medio Ambiente, dándose la paradoja de que quien tiene que ejecutar los trabajos es a su vez quien controla que se realicen de manera adecuada, convirtiéndose en juez y parte.

AAEF, que ya denunció a finales de 2015 ante el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, esta situación, también puso en conocimiento de la consejera de Hacienda el uso abusivo de esta figura de la encomienda de gestión, que pone en franca desventaja a las empresas privadas, a las que se les impide competir en igualdad de condiciones. La consejera, en la presentación de los Presupuestos Generales de Andalucía en presencia de empresarios en la CEA, se comprometió a reducir la participación de la empresa pública estatal en Andalucía, como así ha ocurrido en otras regiones, como Extremadura. Es evidente que este compromiso sigue sin cumplirse.

Por otro lado, la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía aún no ha dado autorización para licitar los proyectos forestales y de prevención de incendios a los que el consejero de Medio Ambiente se comprometió en octubre del pasado año, por importe de 35 millones de euros, según consta en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía. Esta situación de parálisis inversora y falta de gestión de los fondos del nuevo marco comunitario está llevando a la destrucción del tejido empresarial que con tanto esfuerzo se estaba creando en Andalucía, y pone en peligro miles de empleos en las zonas rurales de nuestra región.

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Según publican algunos medios digitales, como vox populi o Valencia noticias, desde ASEJA no se entiende la negativa de TRAGSA a publicar las encomiendas, máxime en un entorno político y económico en el que la trasparencia debe de ser una máxima de actuación. En opinión de su Secretario General, Javier Sigüenza, y según recoge Valencia Noticias, TRAGSA parece empeñada en mantener el oscurantismo en los encargos y ejecución de las encomiendas de gestión que recibe, sin que se lleguen a comprender los motivos de tal falta de trasparencia. Resulta algo inédito que TRAGSA proceda a recurrir las decisiones que toma el Gobierno, siendo como es una empresa pública que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por lo tanto dependiente del Gobierno.

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La empresa pública niega a la Asociación de Empresas forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) el acceso a dicha información

La empresa pública TRAGSA ha vuelto a desobedecer la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España del pasado 16 de octubre en la que se le instaba a publicar en su Portal de Transparencia las encomiendas de gestión realizadas por las distintas Comunidades Autónomas, y acaba de negar el acceso a estos datos a la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF).  La patronal forestal andaluza, ejerciendo su derecho de acceso a esta información pública, por ser de interés general para su sector empresarial, solicitó a Tragsa el pasado mes de octubre datos concretos sobre las encomiendas de gestión formalizados entre Tragsa y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en materia medioambiental. Así, AAEF reclamó, formalmente y por escrito, información sobre actuaciones relacionadas con la recuperación del potencial forestal y la conservación y mejora del patrimonio natural. Pero Tragsa acaba de notificar su imposibilidad de ofrecer dichos datos “al no poder identificar las encomiendas de gestión a la que se refiere la solicitud”.

Desde AAEF, entendemos que ésta es una nueva maniobra de Tragsa para impedir el acceso a una información que debería ser pública y que demostraría la fuerte injerencia de esta empresa pública en los trabajos que, tradicionalmente, realizaba el sector empresarial forestal andaluz.

Esta patronal quiere recordar a Tragsa su obligación de publicar “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. (…) estableciendo los mecanismos adecuados para facilitar su accesibilidad, interoperabilidad, calidad y reutilización de la información publicada”, tal y como recogen los argumentos jurídicos de la resolución del Consejo de Transparencia, y donde se señala que “igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen…” Sin embargo, y de forma sistemática, esta empresa pública del Grupo SEPI vuelve a denegar el acceso a unos datos que son de sumo interés para un sector que se está viendo perjudicado por el aumento de los trabajos encomendados al sector público.

La patronal forestal andaluza quiere recordar el daño que supone para este sector el uso reiterado de la encomienda de gestión para la realización de obras y servicios que, por otro lado, venía realizando el tejido empresarial privado andaluz de manera eficiente.

El objetivo de esta patronal forestal al recabar estos datos es demostrar que el uso sistemático de las encomiendas no sólo genera serias implicaciones para la competencia efectiva en los mercados sino que  supone, de facto, condiciones menos ventajosas para las Administraciones demandantes que las que se derivarían de una licitación pública, así como la ruptura de la neutralidad competitiva en los bienes y servicios que estas entidades ofertan a otros demandantes.

AAEF quiere recordar que fue la propia Comisión Nacional de la Competencia la que, hace dos años, destacó que, de acuerdo con la normativa aplicable, debe regir, “preferentemente”, la concurrencia competitiva en la provisión de bienes y servicios y que el uso reiterado de la figura de la encomienda de gestión supone una “pérdida de eficiencia derivada de la ausencia de la tensión competitiva a la hora de fijar las condiciones de ejecución de las encomiendas que sí está presente en los procedimientos de contratación pública”.

Por todo ello, y entendiendo que no se cumple con lo dispuesto en la vigente Ley 19/2013 de Transparencia en la contestación ofrecida por Tragsa a esta patronal, en la que señala su imposibilidad de ofrecer la información solicitada sobre las encomiendas de gestión a esta entidad en Andalucía, AAEF interpondrá una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el fin de poder tener acceso a unos datos que, por derecho, deberían ser públicos. Asimismo, y en coordinación con otras patronales, se trasladará esta denuncia, oficialmente, ante todas las instancias que sean necesarias (regional, nacional o europeas) para que se garantice la libre competencia en este sector de la economía andaluza y estatal.

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En la misiva, la patronal forestal recuerda al vicepresidente que la Junta de Andalucía sólo cuenta con una acción, que representa una participación en el capital social de esta entidad del 0,0033%, en la que, además, no tiene capacidad de decisión en la política empresarial de esa empresa estatal perteneciente al Grupo SEPI. Por ello, solicita que no sea considerada medio propio de la Junta de Andalucía y espera que, para el próximo ejercicio, esta empresa pública quede excluida de las adjudicaciones directas a través de encomiendas de gestión y, llegado el caso, compita en igualdad de condiciones con el sector privado.

La Organización ha podido comprobar que, en estos últimos dos años, Tragsa está siendo beneficiada con un gran número de proyectos y obras de carácter medioambiental, a través del sistema de encomiendas de gestión, en un uso abusivo de esta figura que pone en franca desventaja a las empresas privadas, a las que se les impide competir en igualdad de condiciones. Así, obras que tradicionalmente ejecutaban empresas privadas andaluzas, como los cortafuegos, han sido adjudicadas de forma directa, en 2014 y 2015, a esta empresa pública, más por una necesidad de solventar sus problemas financieros y laborales que por la gestión que hacen de estos trabajos, donde el sector privado es mucho más eficiente y competitivo, además de estar sujeto a controles financieros mucho más estrictos. Por eso, tal y como están haciendo muchas otras patronales, tanto regionales como estatales, esta Organización reivindica la libre competencia para la adjudicación de contratos en el sector forestal y medioambiental, evitando la posición de dominio que están teniendo las empresas públicas.

La patronal forestal quiere recordar la drástica reducción en la licitación pública en nuestro sector durante los últimos cinco años, donde se ha pasado de una inversión 120 millones en 2009, a la nula inversión en licitaciones en los ejercicios 2014 y 2015, años en los que únicamente se han adjudicado obras y servicios de manera directa a empresas y agencias públicas como Tragsa. Esta falta de inversión en el sector ha llevado a casi un 30% de sus empresas asociadas a verse obligadas al concurso de acreedores o a la desaparición de las mismas. Mientras, se ha dado la paradoja de que Tragsa ha subcontratado con el sector privado muchos de los trabajos que le fueron encomendados de manera directa ante la falta de capacidad de la empresa pública para ejecutarlos, una subcontratación realizada a un precio muy inferior al que resultó adjudicataria.

AAEF advierte, además, de que el uso desmedido de la adjudicación directa, sin concurrencia competitiva y, por tanto sin las bajas que se producen en toda licitación a la que acuden varias empresas, supone que, cada año, el gobierno andaluz pierda más de 60 millones, cantidad que se hubiera obtenido con las bajas que se habrían producido en estas obras si hubieran salido a pública licitación, pudiéndose generar nuevos proyectos y, en definitiva, nuevos empleos en las zonas rurales.

Por todo ello, se está iniciando un movimiento a nivel nacional en el que las patronales del sector están analizando las acciones que a nivel europeo se puedan realizar por prácticas de Tragsa contrarias a la libre competencia, llegando incluso a formularse una reclamación contra el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por competencia abusiva de la empresa pública TRAGSA en el sector medioambiental.

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AAEF se hace eco de la denuncia de la patronal forestal extremeña solicitando que esta empresa pública no sea considerada medio propio de la Junta de Andalucía

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) reivindica la libre competencia para la adjudicación de contratos en el sector forestal y medioambiental, evitando la posición de dominio que están teniendo las empresas públicas por el abuso en la utilización del sistema de encomiendas de gestión. De este modo, la patronal forestal andaluza se suma a la denuncia hecha pública recientemente por la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (AEEFOR) en la que pidió al presidente de la Junta extremeña, Guillermo Fernández Vara, que no considere a Tragsa como medio propio como se ha venido contemplando en la Ley de Presupuestos de esa Comunidad.

La patronal forestal andaluza, en una carta enviada al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, se ha hecho eco de esta petición trasladándola a nuestra región, ya que la Junta de Andalucía sólo cuenta con un 1% de las acciones de esta empresa estatal, perteneciente al grupo SEPI, sin capacidad de decisión en la política empresarial de esa entidad. Por ello, espera que para el próximo ejercicio esta empresa pública quede excluida de las adjudicaciones directas a través de encomiendas de gestión y, llegado el caso, compita en igualdad de condiciones con el sector privado. AAEF señala el daño que la empresa pública está ejerciendo a este sector y recuerda que obras que tradicionalmente ejecutaban empresas privadas andaluzas han sido adjudicadas de forma directa, en 2014 y 2015, a la empresa pública Tragsa, más por una necesidad de solventar sus problemas financieros que por la gestión que hacen de estos trabajos, donde el sector privado es mucho más eficiente y competitivo, además de estar sujeto a controles financieros mucho más estrictos.

AAEF entiende, pero no comparte, las recientes declaraciones del presidente nacional de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, en las que exponía las dificultades económicas por las que atraviesa la empresa pública, con una disminución de la facturación del 60% con respecto a 2011 y actualmente con una “plantilla sin trabajo”,  por lo que reclamaba la adjudicación directa de obras y servicios para no tener que realizar despidos e indemnizaciones “con dinero del Estado”. La patronal forestal quiere recordar la drástica reducción en la licitación pública en nuestro sector durante los últimos cinco años, donde se ha pasado de una inversión 120 millones en 2009, a la nula inversión en licitaciones en los ejercicios 2014 y 2015, años en los que únicamente se han adjudicado obras y servicios de manera directa a empresas y agencias públicas como Tragsa. AAEF entiende la problemática de plantillas sin trabajo porque las empresas del sector también han sufrido esta situación, viéndose obligadas a pagar con sus propios fondos, y sin ayudas estatales, las reestructuraciones de personal. Esta situación, además, ha llevado a casi un 30% de las empresas asociadas a verse obligadas al concurso de acreedores o a la desaparición de las mismas.

Por ello, AAEF no comparte la intención del presidente de Tragsa de querer disponer de privilegios para la solución de sus problemas financieros y laborales, lo que supone de facto una competencia desleal en el mercado forestal y medioambiental de Andalucía. Por ello, esta patronal pide a la administración autonómica y a los grupos parlamentarios, que eliminen de la Ley de Presupuestos de la Comunidad a TRAGSA, como medio propio de la Junta de Andalucía y acaben con las encomiendas de gestión de obras y servicios forestales y medioambientales.

En esta línea, esta patronal también solicita, como ya ha hecho en diferentes ocasiones, una revisión en el modelo de gestión de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) así como del papel que ocupa esta agencia dentro del sector medioambiental en nuestra región, a fin de que se eviten situaciones de dominio empresarial y competencia directa al sector empresarial privado.

La alta actividad de las empresas y agencias públicas, estatales y regionales, en el sector forestal y medioambiental actualmente está generando una posición de dominio que causa un importante daño a la actividad de las empresas privadas, impidiéndoles competir en igualdad de condiciones. AAEF advierte, además, de que el uso desmedido de la adjudicación directa, sin concurrencia competitiva y, por tanto sin las bajas que se producen en toda licitación a la que acuden varias empresas, supone que, cada año, el gobierno andaluz pierda más de 60 millones, cantidad que se hubiera obtenido con las bajas que se habrían producido en estas obras si hubieran salido a pública licitación, pudiéndose generar nuevos proyectos y, en definitiva, nuevos empleos en las zonas rurales.

La patronal forestal andaluza teme que la expulsión de Tragsa de Comunidades Autónomas como Extremadura conlleve que esta empresa pública obtenga mayores cuotas de mercado en otras regiones para compensar sus pérdidas. Así, en Andalucía, donde ha recibido en estos últimos años más de 200 millones de euros en obras y proyectos medioambientales se corre el riesgo  de que esta cifra aumente aún más, repercutiendo negativamente en el entramado empresarial privado y en la generación de nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, AAEF quiere recordar que no es la única patronal sectorial que ha denunciado el abuso excesivo del sistema de encomiendas de gestión a las empresas públicas, ya que son muchas las voces que se han levantado en estos últimos tiempos en contra de este sistema en toda España, como AEEFOR, FIDEX, TECNIBERIA, FEEF, ASEMFO, etc.

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