«Esta adecuación -que será remitida al Parlamento de Andalucía para su conocimiento- pretende poner en valor la rentabilidad social de los montes en términos de crecimiento y empleo, generando una fortaleza socioeconómica en las áreas rurales con recursos forestales, que poseen escasos recursos alternativos y que sufren el despoblamiento. Y todo ello con el apoyo y la colaboración del tejido empresarial forestal andaluz, pieza clave en la mejora de la gestión de los recursos forestales», recoge la nota24.

Esta adecuación del Plan contempla 17 objetivos generales a través de siete programas operativos específicos de gestión forestal con un total de 25 líneas de actuaciones; tres programas operativos transversales que complementan a los anteriores con un total de nueve líneas de actuaciones; y dos medidas horizontales vinculadas con varios de los programas operativos citados.

Para su elaboración, se ha llevado a cabo un proceso de participación social con los agentes implicados y donde el Comité Forestal, integrado en el Consejo Andaluz de Biodiversidad, ha tenido una actuación relevante. AAEF, a través de la CEA, forma parte de este Comité.

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Espera que también se aumente el ritmo en los procedimientos de licitación

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) quiere destacar la importancia del informe presentado hoy por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, al Consejo de Gobierno en el que se recoge que la Junta de Andalucía invertirá un total de 110,05 millones de euros en obras forestales entre 2018 y 2020.

La patronal forestal lleva años reivindicando el establecimiento de una inversión constante en el sector, cifrando ésta en un mínimo de 35 millones anuales. Tras el fin del marco comunitario anterior, el sector se vio sumido en una gran crisis económica y empresarial ante el retraso en la apertura del nuevo marco. Pese a los reiterados compromisos por parte del consejero,  la apertura del nuevo marco se dilató en el tiempo y también los procedimientos de licitación, lo que ha llevado a las empresas del sector a una situación insostenible. Esta tendencia parece que empieza a invertirse y ha comenzado a licitarse de manera más fluida las obras forestales dirigidas a las empresas privadas del sector así como se han aprobado las bases que regulan las ayudas para la prevención de incendios forestales en Andalucía, entre otras medidas.

Por esta razón, la patronal forestal espera que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ponga todos los mecanismos a su alcance para mantener e, incluso, aumentar el ritmo en las licitaciones públicas y en los procedimientos administrativos para su adjudicación.

No sólo el medio natural y sus empresas necesitan de inversiones constantes para su mantenimiento y conservación. La actividad forestal y el valor añadido del sector industrial asociado es la más importante fuente de empleo de las zonas rurales en Andalucía y su gestión sostenible supone una opción de peso a futuro en el mercado laboral de nuestra región. El sector forestal es el que mayor mano de obra genera por millón de euro invertido y este dato debe ser tenido en cuenta en las políticas económicas y sociales que se pongan en marcha.

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El salón de actos de la Diputación de Granada acogió el pasado viernes 22 de abril la jornada “Carreteras y Vegetación: funcionalidad de la vegetación en el entorno de las infraestructuras”, con un gran éxito de convocatoria. El director general de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda, Jesús Huertas, fue el encargado de inaugurar este encuentro organizado por la por la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF), con la colaboración de la Consejería de Fomento y Vivienda y del Grupo BPS Bioingeniería del Paisaje, donde se puso de relieve la importancia de las actuaciones de restauración paisajística que se desarrollan tras finalizar una obra de infraestructura para la integración en el paisaje, favorecer las tareas de mantenimiento y evitar la erosión de taludes, así como otros trabajos destinados a minimizar los efectos negativos de la carretera sobre el medio ambiente. Esta jornada contó también con la colaboración de diferentes universidades andaluzas, el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Córdoba (CSIC. IAS), y de la Asociación Internacional para el Control de Erosión (IECA).

Durante la misma, se analizó la problemática de la erosión del suelo y la contaminación ambiental en el entorno de la carretera, así como la importancia del mantenimiento de la cubierta vegetal y la restauración paisajística para la conservación de la misma. Se pretendió con ello demostrar la afección positiva de la vegetación sobre el entorno de la carretera y la necesidad de lograr una conservación más sostenible, poniendo, además, de relieve la capacidad de creación de empleo estable que tiene este sector.

En su intervención, Jesús Huertas puso de manifiesto la singularidad “del patrimonio natural de Andalucía” y señaló “los valores paisajísticos y medioambientales que puede tener una carretera bien conservada”, así como “los beneficios para el incremento de la seguridad vial a través de actuaciones de control de maleza”. “La integración paisajística conlleva más seguridad y mejor conservación en las carreteras, convirtiéndolas en absorbentes del CO2 que emiten los vehículos”, añadió.

En el acto de clausura intervinieron la delegada territorial de Fomento y Vivienda de Granada, Mariela Fernández y el diputado de Obras Públicas de Granada, Jose Mª Villegas.

El nivel de los ponentes tanto desde el punto de vista científico, empresarial, institucional y académico hicieron que la jornada fuese de gran interés social y medioambiental. Muestra de ello, fue el alto número de personas que acudieron a la misma.

Tanto las conclusiones como las ponencias estarán congadas en la web www.eutromed.org

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En una visita a la laguna de Los Tollos, situada entre los términos municipales de Jerez de la Frontera (Cádiz) y El Cuervo (Sevilla), tras su recuperación ambiental, la presidenta de la Junta ha incidido en que «tenemos que proteger nuestro patrimonio natural para miles de andaluces que aún no han venido al mundo».

Junto a este objetivo de conservación del medio ambiente, Díaz ha señalado también que la recuperación de este tipo de espacios naturales atrae el «turismo natural y sostenible» y, con ello, supone una fuente de «riqueza y empleo».

La restauración de esta laguna ha contado con una inversión de casi ocho millones de euros (7.947.463 euros), de los que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha aportado el 59,4% y la Unión Europea el 39,3%. Estos trabajos se han realizado a través del proyecto comunitario LIFE+ con un periodo de ejecución de cinco años.

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La empresa pública niega a la Asociación de Empresas forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) el acceso a dicha información

La empresa pública TRAGSA ha vuelto a desobedecer la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España del pasado 16 de octubre en la que se le instaba a publicar en su Portal de Transparencia las encomiendas de gestión realizadas por las distintas Comunidades Autónomas, y acaba de negar el acceso a estos datos a la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF).  La patronal forestal andaluza, ejerciendo su derecho de acceso a esta información pública, por ser de interés general para su sector empresarial, solicitó a Tragsa el pasado mes de octubre datos concretos sobre las encomiendas de gestión formalizados entre Tragsa y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en materia medioambiental. Así, AAEF reclamó, formalmente y por escrito, información sobre actuaciones relacionadas con la recuperación del potencial forestal y la conservación y mejora del patrimonio natural. Pero Tragsa acaba de notificar su imposibilidad de ofrecer dichos datos “al no poder identificar las encomiendas de gestión a la que se refiere la solicitud”.

Desde AAEF, entendemos que ésta es una nueva maniobra de Tragsa para impedir el acceso a una información que debería ser pública y que demostraría la fuerte injerencia de esta empresa pública en los trabajos que, tradicionalmente, realizaba el sector empresarial forestal andaluz.

Esta patronal quiere recordar a Tragsa su obligación de publicar “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. (…) estableciendo los mecanismos adecuados para facilitar su accesibilidad, interoperabilidad, calidad y reutilización de la información publicada”, tal y como recogen los argumentos jurídicos de la resolución del Consejo de Transparencia, y donde se señala que “igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen…” Sin embargo, y de forma sistemática, esta empresa pública del Grupo SEPI vuelve a denegar el acceso a unos datos que son de sumo interés para un sector que se está viendo perjudicado por el aumento de los trabajos encomendados al sector público.

La patronal forestal andaluza quiere recordar el daño que supone para este sector el uso reiterado de la encomienda de gestión para la realización de obras y servicios que, por otro lado, venía realizando el tejido empresarial privado andaluz de manera eficiente.

El objetivo de esta patronal forestal al recabar estos datos es demostrar que el uso sistemático de las encomiendas no sólo genera serias implicaciones para la competencia efectiva en los mercados sino que  supone, de facto, condiciones menos ventajosas para las Administraciones demandantes que las que se derivarían de una licitación pública, así como la ruptura de la neutralidad competitiva en los bienes y servicios que estas entidades ofertan a otros demandantes.

AAEF quiere recordar que fue la propia Comisión Nacional de la Competencia la que, hace dos años, destacó que, de acuerdo con la normativa aplicable, debe regir, “preferentemente”, la concurrencia competitiva en la provisión de bienes y servicios y que el uso reiterado de la figura de la encomienda de gestión supone una “pérdida de eficiencia derivada de la ausencia de la tensión competitiva a la hora de fijar las condiciones de ejecución de las encomiendas que sí está presente en los procedimientos de contratación pública”.

Por todo ello, y entendiendo que no se cumple con lo dispuesto en la vigente Ley 19/2013 de Transparencia en la contestación ofrecida por Tragsa a esta patronal, en la que señala su imposibilidad de ofrecer la información solicitada sobre las encomiendas de gestión a esta entidad en Andalucía, AAEF interpondrá una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el fin de poder tener acceso a unos datos que, por derecho, deberían ser públicos. Asimismo, y en coordinación con otras patronales, se trasladará esta denuncia, oficialmente, ante todas las instancias que sean necesarias (regional, nacional o europeas) para que se garantice la libre competencia en este sector de la economía andaluza y estatal.

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La Junta de Andalucía lo ha vuelto a hacer. Ayer, el Consejo de Gobierno volvió a autorizar a la empresa pública estatal Tragsa, de manera directa y sin posibilidad de concurrencia competitiva, una encomienda de gestión para la ejecución de 29 proyectos de mejoras de caminos rurales, dejando fuera a las empresas andaluzas privadas. AAEF quiere denunciar la extralimitación en el uso abusivo que se le está dando a esta figura de la encomienda de gestión, cuyo verdadero fin debería ser el de satisfacer una necesidad de urgencia o emergencia preferentemente, justificando su necesidad y proporcionalidad, y no el de solventar un problema de financiación de una empresa púbica, como parece que está ocurriendo. Y es que, en esta adjudicación a dedo, para la ejecución del nuevo Plan Conecta2 no se dan ninguno de estos requisitos, ya que ni tan siquiera se cumple el de la “urgencia” puesto que se conocía el interés de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural por realizar estos trabajos desde hacía tiempo y su adjudicación podría haberse resuelto por otros cauces más eficientes.

La patronal forestal andaluza quiere recordar a la Junta de Andalucía el daño que supone para este sector el uso reiterado de la encomienda de gestión para la realización de obras y servicios que, por otro lado, tradicionalmente venía realizando el tejido empresarial privado andaluz, y manifiesta  su desaliento por la falta de sensibilidad que supone, por parte de las administraciones andaluzas que, pese a las serias dificultades que padecen las empresas afincadas en esta tierra, prefieran sostener la estructura financiera de la empresa estatal Tragsa en lugar de poner estos proyectos a licitación pública, permitiendo el acceso a ellos a un alto número de empresas andaluzas. En este sentido, la patronal forestal pedirá una cita urgente con el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios (a quién ya adelantó esta problemática mediante carta), para ponerle de manifiesto que, con estas actuaciones, el Gobierno andaluz está siendo cómplice de la desaparición de más del 30% de las empresas de obras y servicios forestales en nuestra región.

Por otro lado, se da la paradoja de que la Junta de Andalucía vuelve a utilizar a la empresa pública estatal Tragsa como medio propio de la administración autonómica cuando sólo cuenta con una acción en esta entidad, lo que representa una participación en el capital social del 0,0033%. Y lo hace, mientras se ven afectadas empresas andaluzas, capaces de dar respuesta a las necesidades que Andalucía tiene en esta materia. Hay que señalar que el uso sistemático de las encomiendas no sólo genera serias implicaciones para la competencia efectiva en los mercados sino que  supone, de facto, condiciones menos ventajosas para las Administraciones demandantes que las que se derivarían de una licitación pública, así como la ruptura de la neutralidad competitiva en los bienes y servicios que estas entidades ofertan a otros demandantes. AAEF quiere recordar que fue la propia Comisión Nacional de la Competencia la que, hace dos años, destacó que, de acuerdo con la normativa aplicable, debe regir, “preferentemente”, la concurrencia competitiva en la provisión de bienes y servicios y que el uso reiterado de la figura de la encomienda de gestión supone una “pérdida de eficiencia derivada de la ausencia de la tensión competitiva a la hora de fijar las condiciones de ejecución de las encomiendas que sí está presente en los procedimientos de contratación pública”. Destacó, además, que el poder adjudicador debería valorar en qué medida el mercado presta o puede prestar dichos bienes o servicios y el precio al que los mismos se ofrecen, “debiéndose descartar la utilización de la encomienda si dichos precios resultan potencialmente inferiores”.

Por todo ello, y habiéndose demostrado que no se cumple con las recomendaciones de este organismo público, la patronal forestal vuelve a denunciar la enorme competencia desleal que Tragsa está ejerciendo en el mercado forestal andaluz, y trasladará esta denuncia, oficialmente, ante todas las instancias que sean necesarias (regional, nacional o europeas) para que se garantice la libre competencia en este sector de la economía andaluza.

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En la misiva, la patronal forestal recuerda al vicepresidente que la Junta de Andalucía sólo cuenta con una acción, que representa una participación en el capital social de esta entidad del 0,0033%, en la que, además, no tiene capacidad de decisión en la política empresarial de esa empresa estatal perteneciente al Grupo SEPI. Por ello, solicita que no sea considerada medio propio de la Junta de Andalucía y espera que, para el próximo ejercicio, esta empresa pública quede excluida de las adjudicaciones directas a través de encomiendas de gestión y, llegado el caso, compita en igualdad de condiciones con el sector privado.

La Organización ha podido comprobar que, en estos últimos dos años, Tragsa está siendo beneficiada con un gran número de proyectos y obras de carácter medioambiental, a través del sistema de encomiendas de gestión, en un uso abusivo de esta figura que pone en franca desventaja a las empresas privadas, a las que se les impide competir en igualdad de condiciones. Así, obras que tradicionalmente ejecutaban empresas privadas andaluzas, como los cortafuegos, han sido adjudicadas de forma directa, en 2014 y 2015, a esta empresa pública, más por una necesidad de solventar sus problemas financieros y laborales que por la gestión que hacen de estos trabajos, donde el sector privado es mucho más eficiente y competitivo, además de estar sujeto a controles financieros mucho más estrictos. Por eso, tal y como están haciendo muchas otras patronales, tanto regionales como estatales, esta Organización reivindica la libre competencia para la adjudicación de contratos en el sector forestal y medioambiental, evitando la posición de dominio que están teniendo las empresas públicas.

La patronal forestal quiere recordar la drástica reducción en la licitación pública en nuestro sector durante los últimos cinco años, donde se ha pasado de una inversión 120 millones en 2009, a la nula inversión en licitaciones en los ejercicios 2014 y 2015, años en los que únicamente se han adjudicado obras y servicios de manera directa a empresas y agencias públicas como Tragsa. Esta falta de inversión en el sector ha llevado a casi un 30% de sus empresas asociadas a verse obligadas al concurso de acreedores o a la desaparición de las mismas. Mientras, se ha dado la paradoja de que Tragsa ha subcontratado con el sector privado muchos de los trabajos que le fueron encomendados de manera directa ante la falta de capacidad de la empresa pública para ejecutarlos, una subcontratación realizada a un precio muy inferior al que resultó adjudicataria.

AAEF advierte, además, de que el uso desmedido de la adjudicación directa, sin concurrencia competitiva y, por tanto sin las bajas que se producen en toda licitación a la que acuden varias empresas, supone que, cada año, el gobierno andaluz pierda más de 60 millones, cantidad que se hubiera obtenido con las bajas que se habrían producido en estas obras si hubieran salido a pública licitación, pudiéndose generar nuevos proyectos y, en definitiva, nuevos empleos en las zonas rurales.

Por todo ello, se está iniciando un movimiento a nivel nacional en el que las patronales del sector están analizando las acciones que a nivel europeo se puedan realizar por prácticas de Tragsa contrarias a la libre competencia, llegando incluso a formularse una reclamación contra el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por competencia abusiva de la empresa pública TRAGSA en el sector medioambiental.

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