El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley de Montes de Andalucía (LEMA); una norma, que viene a sustituir a la vigente Ley Forestal de Andalucía de 1992, anterior incluso a la estatal de 2003.

La Consejería, a través de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, ha impulsado esta norma tras un proceso participativo en la que han intervenido administraciones, entidades locales, asociaciones, colectivos profesionales y ciudadanía. AAEF ha participado activamente en este proceso de  diálogo e intercambio de ideas, compareciendo incluso en el propio Parlamento para trasladar su perspectiva de la norma, con el fin de obtener una ley sólida, adaptada a los tiempos y a las necesidades del sector y la sociedad. Agradecemos que esta Ley reconozca la importancia del tejido empresarial forestal, incluso desde la exposición de motivos, donde se afirma que el tejido empresarial forestal merece, junto a la propiedad privada, una atención principal en esta Ley.

La nueva ley se estructura en siete títulos, con 144 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. Entre las principales novedades de la Ley se encuentra la modernización de la colaboración entre administraciones públicas. En el ámbito de la participación pública, se crea el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, que sustituye al anterior Consejo Andaluz de Biodiversidad.

La LEMA introduce la figura del monte protector para los terrenos privados, en consonancia con la legislación básica estatal. Este reconocimiento permite incentivar la conservación de estos espacios mediante ayudas específicas y beneficios para sus titulares, fomentando una gestión más sostenible. Además, reconoce el papel fundamental de las ciencias forestales como base del conocimiento y de la gestión sostenible.

La Ley considera las actuaciones de repoblación, restauración y selvicultura activa como proyectos de absorción de emisiones, en línea con la normativa climática andaluza y estatal.

Por otro lado, la LEMA dedica especial atención a la prevención y restauración frente a los incendios forestales. En el ámbito del fomento forestal, se incentiva la actividad de empresas, industrias y cooperativas que cuenten con personal cualificado y se crea el Registro Andaluz de Empresas, Industrias y Cooperativas Forestales.

El apoyo a la modernización del sector es otra de las líneas estratégicas. La Ley promueve ayudas específicas para la renovación del parque de maquinaria forestal. Este punto es importante para el tejido empresarial de la obra forestal.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha señalado al cierre del debate en el Pleno del Parlamento Andaluz, que “se trata de una ley muy técnica y cuya doble ambición es proteger nuestros montes y gestionarlos de una forma más eficaz y sostenible”

La aprobación de esta Ley sienta las bases para su posterior desarrollo normativo, de gran interés para todo el sector. Por eso, AAEF quiso estar presente en esta votación tan importante para el futuro de la gestión sostenible de nuestros montes.

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AAEF recordó las principales necesidades del sector: estabilidad presupuestaria, agilidad en la contratación, personal con formación forestal específica, modernización del parque de maquinaria y un marco normativo claro que refuerce la gestión forestal sostenible y el empleo en el medio rural

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) ha comparecido ante la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía para trasladar su valoración del Proyecto de Ley de Montes de Andalucía actualmente en tramitación.

AAEF, representada por su presidente, Israel Sánchez Arena, y su secretaria técnica, Teresa Magdaleno, expresó su apoyo a una norma necesaria y largamente demandada por el sector forestal andaluz, valorando positivamente el proceso participativo seguido en su elaboración.

Durante la comparecencia, la Asociación subrayó que la efectividad de la futura Ley dependerá de su desarrollo reglamentario y de que vaya acompañada de financiación suficiente, estable y sostenida en el tiempo, así como de un uso equilibrado de la contratación pública que garantice concurrencia, eficiencia y refuerzo del tejido empresarial forestal.

AAEF destacó como avance relevante el reconocimiento expreso del tejido empresarial forestal, incluyendo a las empresas de obras y servicios forestales, así como el impulso a la profesionalización, la formación forestal, la prevención de riesgos laborales y la modernización tecnológica.

Asimismo, la Asociación puso de manifiesto la necesidad de clarificar el régimen de ayudas a la maquinaria forestal, solicitando que su regulación se ubique en el artículo 115 dedicado al conjunto del tejido empresarial forestal, y no en el art. 118, referido exclusivamente a las industrias forestales, evitando así interpretaciones restrictivas y garantizando la coherencia del articulado.

AAEF trasladó igualmente su preocupación por el uso generalizado de los encargos a medios propios, defendiendo la contratación pública como regla general y la necesidad de establecer criterios objetivos, motivación y transparencia para su utilización excepcional.

Finalmente, la Asociación recordó las principales necesidades del sector: estabilidad presupuestaria, agilidad en la contratación, personal con formación forestal específica, modernización del parque de maquinaria y un marco normativo claro que refuerce la gestión forestal sostenible y el empleo en el medio rural. Para AAEF, señaló su presidente, «la tramitación de la Ley es importante pero más importante será su desarrollo reglamentario que nos permitan alcanzar sus objetivos».

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En esta ronda de conversaciones, que comenzará a partir del 13 de octubre, la patronal forestal quiere analizar con los portavoces parlamentarios el nuevo PDR-A 2014-2020, el estado actual del mismo,  la necesidad de agilizar los plazos para cumplir con los requerimientos de Europa en su revisión intermedia prevista para 2018 y la importancia de mantener una inversión constante en los montes andaluces. AAEF quiere destacar la importancia de este sector en la generación de empleo, así como la necesidad de poner en valor, de manera definitiva, los recursos forestales. Potenciar su activación socioeconómica a través de los aprovechamientos, el uso de la biomasa como energía renovable, consolidar el medio natural como fuente de riqueza (turismo verde, actividades cinegéticas, etc), consolidar su papel en la lucha contra el cambio climático, son otros de los valores que quieren trasladar y sumarlos a las ya conocidas funciones ecológicas de los montes (preservación del suelo, regulación del ciclo hídrico, refugio de la biodiversidad, etc.)

AAEF considera indispensable asegurar una dotación económica para el sector forestal en los Presupuestos de 2017 y sucesivos, que más allá de la prevención y extinción de incendios, permitan las actuaciones forestales  necesarias en el monte para su mantenimiento y conservación. Asimismo, defenderá la necesidad de sacar a licitación estos proyectos que, mediante convocatoria pública, potencien la libre concurrencia, asegurando la mayor transparencia y legalidad, y que permitan la optimización de los recursos puestos a disposición por parte de la Administración pública, consolidando el tejido empresarial de las zonas rurales de Andalucía.

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La alta actividad de las empresas y agencias públicas, estatales y regionales, en el sector forestal y medioambiental actualmente está generando una posición de dominio que causa un importante daño a la actividad de las empresas privadas, impidiéndoles competir en igualdad de condiciones. Por eso, tanto AAEF como otras patronales regionales vienen demandando una reestructuración en los fines y actividades de estas entidades, tanto a nivel regional como estatal, así como una modificación de los actuales sistemas de encomiendas de gestión.

En este sentido, la FEEF (patronal forestal nacional de la que AAEF es miembro), tiene previsto iniciar en breve, junto con otras organizaciones estatales, una reclamación contra el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por competencia abusiva de la empresa pública TRAGSA en el sector medioambiental.

Tanto AAEF como Ciudadanos coinciden en que ni la Administración pública, ni sus estructuras paralelas, pueden ser barrera para el desarrollo de la empresa privada, que es la verdadera generadora de empleo en la sociedad. Por ello, compartieron en una reciente reunión la necesidad de regular sus estructuras y limitar la competencia, potenciando su función de vigilancia del cumplimiento de la Ley y de actuación en aquellas áreas en las que no esté asegurado dicho servicio por la iniciativa privada.

Es justo en este momento, en el que se negocia la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza para 2016, cuando se hacen más presentes estas reclamaciones. Por eso, la patronal forestal andaluza anima a esta formación política a que, mediante un proceso de diálogo y entendimiento, puedan alcanzar el objetivo de reducir las empresas, entes y fundaciones públicas en Andalucía y reestructurar otras muchas, a fin de que éstas no supongan un lastre para el desarrollo económico de nuestra tierra.

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El director gerente de AAEF, Javier Loscertales, comparece en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía en calidad de presidente del Consejo de Medio Ambiente, Agua y Biodiversidad de la CEA, para analizar la modificación de la Ley sobre Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA). Loscertales ha estado acompañado por el secretario general de APREAN, Carlos Rojo.

Javier Loscertales ha demandado mayor seguridad y claridad jurídica en la modificación de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) y ha reclamado una adecuada respuesta en la retribución de las energías renovables a nivel nacional. Durante su intervención en sede parlamentaria sobre el proyecto de Ley que modifica la GICA, que también modifica la normativa de Aguas y otras cuestiones presupuestarias y en el ámbito de la sanidad animal, Loscertales reitero la necesidad de contar con una normativa ambiental progresista, que favorezca el crecimiento económico y social andaluz, así como reglas que ofrezcan seguridad jurídica, estabilidad, certeza financiera y comercial.

Ha señalado que “hoy vemos como muchas empresas están siendo abocadas a desistir en sus negocios por la ruptura del marco jurídico que les afecta directamente y gravemente en su esfera financiera y ámbito comercial. Es realmente incomprensible que proyectos y planes de inversión en energía renovables, es decir, apuestas de sostenibilidad y generación de empleo resulten damnificadas por giros y decisiones gubernamentales, por la incertidumbre jurídica de la acción del gobierno”.

Los cambios normativos en materia de retribución de las energías renovables y en materia de autorizaciones, han generado un escenario de gran incertidumbre en un contexto económico difícil, donde las empresas deben valoran especialmente la estabilidad regulatoria a la hora de aprobar inversiones o trasladarse a otros territorios con marcos jurídicos más estables y seguros.

En este sentido, ha pedido que la GICA clarifique expresamente y sin posibilidad de error, la vigencia de la autorizaciones ambientales para el sector de las energías renovables, y por tanto, reconozca tanto la prolongación de la vigencia temporal de las declaraciones de impacto ambiental publicadas hasta el 11 de marzo de 2021 como la renovación de la vigencia temporal de las autorizaciones ya caducadas.

Del mismo modo, ha reclamado un modificación de la norma dirigida a la reducción y agilización de las cargas administrativas de los particulares como contempla la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), la adaptación de los actuales reglamentos de desarrollo de la Ley GICA sobre los instrumentos de AAI, AAU y Calificación Ambiental, mejoras técnicas e instrumentos de apoyo financiero público.

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