No existen motivos objetivos que justifiquen estos encargos a un medio propio frente a la licitación pública y, además, esta medida altera gravemente la competencia en el sector

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) ha recurrido ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía los últimos catorce encargos directos al medio propio Tragsa para solicitar la anulación de los mismos, ya que entiende contravienen la Ley de Contratos del Sector Público. Esta patronal forestal quiere dar la voz de alarma por el uso excesivo, y a nuestro entender abusivo, que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está haciendo de la figura del encargo a medio propio, habiendo contratado, recientemente, y de manera directa, diferentes obras y servicios en el medio natural por un importe cercano a los 18 millones de euros. Ayer mismo, la Plataforma de Contratación Pública de la Junta de Andalucía informaba de varios encargos directos a la Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa) para el servicio de modernización y mejora de los caminos forestales en las diferentes provinciales andaluzas, todo ello por importe superior a los 13 millones de euros. Se da la paradoja de que estos trabajos han sido desempeñados, tradicionalmente, por empresas forestales del sector privado, lo que supone un importante agravio a las normas de la competencia, como así viene denunciando reiteradamente el Consejo Nacional de la Competencia y el Tribunal de Cuentas en recientes informes.

Mientras que la inversión prevista en licitaciones públicas para el medio natural está claramente ralentizada desde el pasado mes de mayo, los encargos directos a medios propios en Andalucía están teniendo una gran repercusión en este último trimestre del año. Además de la ejecución de las obras de emergencia por temporales y otras causas naturales, para cuyo fin sí se entiende el uso de esta figura contractual, se observa por la patronal que también se han encargado directamente otros trabajos, como los servicios para la limpieza y acondicionamiento de cauces en diferentes provincias de Andalucía, que no cumplen los requisitos legales para este tipo de contrataciones. Sólo desde octubre, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha adjudicado, a través de encargos directos a medios propios, proyectos con un presupuesto global cercano a los 25 millones de euros.

Para la patronal forestal andaluza, que ha analizado la memoria justificativa de alguno de estos anuncios, no existen motivos que justifiquen esta avalancha de encargos, ni bajo criterios de eficiencia económica ni por motivos de urgencia o seguridad pública, requisitos del todo necesarios para que primaran el encargo directo frente a la contratación pública.

De este modo, la patronal forestal ha interpuesto un recurso especial para la impugnación de los cuatro encargos al medio propio personificado Tragsa, consistentes en los “servicios para la limpieza y acondicionamiento de cauces en las provincias de Málaga, Huelva, Granada y Almería para 2018-2020”, cuyos importes globales ascienden a cuatro millones de euros. Para AAEF, se está cometiendo una infracción en relación a la Ley de Contratos del Sector Público, ya que estos encargos no pueden acreditar la eficiencia de los mismos aplicando criterios de rentabilidad económica ni su necesidad por razones de seguridad pública o urgencia, únicas razones válidas legalmente para justificar encargos directos frente a la contratación pública. Esta patronal acredita, en el recurso presentado, que empresas de nuestro sector vienen realizando trabajos de similares características para otras Administraciones públicas con las mismas competencias, y lo hace de manera solvente y cualificada, a unos precios mucho más competitivos, siendo fácilmente demostrable, además, que estos trabajos no responden a una necesidad de urgencia.

Del mismo modo, AAEF va a recurrir los encargos directos realizados esta semana por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a Tragsa para la modernización y mejora de los caminos forestales en nuestra región, argumentando los mismos criterios, siendo especialmente llamativo que dichos servicios sí hayan sido sacados a licitación pública otros años por esta misma Consejería. Estos trabajos, encargados a Tragsa, tienen un presupuesto global de 13 millones de euros.

Desde esta patronal, entendemos que los encargos directos a la empresa pública responden más a una situación de “comodidad administrativa” que de “urgencia en su ejecución”, evitando, con estos encargos directos, los plazos y controles reglamentarios previstos para cualquier licitación pública. Sin embargo, el uso de esta figura perjudica notablemente los intereses generales de nuestra región, al optar por una fórmula menos eficiente económicamente y por alterar las reglas de la competencia empresarial, poniendo en peligro la subsistencia de las compañías privadas del sector.  Por eso, esta patronal defenderá enérgicamente ante los organismos competentes, y con los medios legales a su alcance, este tipo de actuaciones.

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La Junta de Andalucía vuelve a encomendar a la empresa pública estatal la ejecución de trabajos en  la red de cortafuegos

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) quiere volver a denunciar el sistemático uso de la figura de la encomienda de gestión para el encargo de trabajos forestales a Tragsa, que tradicionalmente venían ejecutando las empresas forestales andaluzas. Así, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha encargado recientemente a esta empresa pública la ejecución de los cortafuegos de las diferentes provincias andaluzas, amparándose nuevamente en la falta de tiempo para la licitación de esos proyectos a través de procesos públicos, y en la necesidad de ejecutar los trabajos de manera inmediata.

Esta patronal ha comprobado que la empresa pública Tragsa no dispone, en Andalucía, de los medios técnicos y humanos necesarios para abordar los proyectos encomendados, que superan el millón de euros, por lo que se está viendo obligada a subcontratar estos trabajos a empresas no especializadas con bajas superiores al 40 y 50% en algunos de los casos, sin exigir a estas empresas los niveles de cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos que serían necesarios si se aplicara la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, AAEF no se explica cómo es posible que la Junta de Andalucía encomiende unos trabajos a una entidad que termina dividiéndolos por lotes, por lo que las exigencias de contratación con terceros son menores. Otra de las incongruencias que se producen en las encomiendas de gestión a Tragsa es que es la propia empresa pública la que ejerce, a la vez, la dirección técnica y la facultad de certificarse a ella misma los trabajos ejecutados para la Consejería de Medio Ambiente, dándose la paradoja de que quien tiene que ejecutar los trabajos es a su vez quien controla que se realicen de manera adecuada, convirtiéndose en juez y parte.

AAEF, que ya denunció a finales de 2015 ante el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, esta situación, también puso en conocimiento de la consejera de Hacienda el uso abusivo de esta figura de la encomienda de gestión, que pone en franca desventaja a las empresas privadas, a las que se les impide competir en igualdad de condiciones. La consejera, en la presentación de los Presupuestos Generales de Andalucía en presencia de empresarios en la CEA, se comprometió a reducir la participación de la empresa pública estatal en Andalucía, como así ha ocurrido en otras regiones, como Extremadura. Es evidente que este compromiso sigue sin cumplirse.

Por otro lado, la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía aún no ha dado autorización para licitar los proyectos forestales y de prevención de incendios a los que el consejero de Medio Ambiente se comprometió en octubre del pasado año, por importe de 35 millones de euros, según consta en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía. Esta situación de parálisis inversora y falta de gestión de los fondos del nuevo marco comunitario está llevando a la destrucción del tejido empresarial que con tanto esfuerzo se estaba creando en Andalucía, y pone en peligro miles de empleos en las zonas rurales de nuestra región.

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El subdirector de la AMAYA, amplio conocedor de la situación del sector, es partidario del establecimiento de un cauce oficial de colaboración entre el sector privado andaluz y la agencia pública de manera que, mediante una mesa de concertación estable creada a través de un protocolo de colaboración, se puedan tender puentes entre ambas organizaciones.

Del mismo modo el subdirector de la Agencia, que en todo momento manifestó la decisión de la AMAYA de contar con el sector privado para la ejecución de las funciones que les sean encomendadas por la Consejería de Medio Ambiente a lo largo de este nuevo marco, planteó la necesidad de que esta Consejería planifique correctamente sus actividades para los próximos años, cuestión esta que los empresarios del sector vienen demandando desde meses.

Concretamente sobre la planificación de proyectos para este mismo ejercicio, el subdirector manifestó que aún no se ha recibido encargo formal alguno de la Consejería para la redacción de proyectos para actividades forestales, si bien los equipos de técnicos de la Agencia ya se encuentran solventando las acciones iniciales de dichas redacciones ante la inminencia del citado encargo.

 Por último, y como uno de los temas centrales de la reunión, hubo un intenso debate entre los representantes del sector privado y el responsable de la Agencia sobre el modelo que está implantando la Consejería de “gestión integral de montes públicos” presentado el pasado verano por el consejero José Fiscal. Sobre esta cuestión se analizó la conveniencia de que en la elaboración y posterior puesta en marcha de los citados planes provinciales, se cuente con la participación de las empresas del sector privado andaluz. El subdirector de Amaya se comprometió con AAEF en facilitar al máximo dicha participación encauzándola a través de la mesa de concertación a crear en los próximos meses.

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La empresa pública niega a la Asociación de Empresas forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) el acceso a dicha información

La empresa pública TRAGSA ha vuelto a desobedecer la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España del pasado 16 de octubre en la que se le instaba a publicar en su Portal de Transparencia las encomiendas de gestión realizadas por las distintas Comunidades Autónomas, y acaba de negar el acceso a estos datos a la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF).  La patronal forestal andaluza, ejerciendo su derecho de acceso a esta información pública, por ser de interés general para su sector empresarial, solicitó a Tragsa el pasado mes de octubre datos concretos sobre las encomiendas de gestión formalizados entre Tragsa y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en materia medioambiental. Así, AAEF reclamó, formalmente y por escrito, información sobre actuaciones relacionadas con la recuperación del potencial forestal y la conservación y mejora del patrimonio natural. Pero Tragsa acaba de notificar su imposibilidad de ofrecer dichos datos “al no poder identificar las encomiendas de gestión a la que se refiere la solicitud”.

Desde AAEF, entendemos que ésta es una nueva maniobra de Tragsa para impedir el acceso a una información que debería ser pública y que demostraría la fuerte injerencia de esta empresa pública en los trabajos que, tradicionalmente, realizaba el sector empresarial forestal andaluz.

Esta patronal quiere recordar a Tragsa su obligación de publicar “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. (…) estableciendo los mecanismos adecuados para facilitar su accesibilidad, interoperabilidad, calidad y reutilización de la información publicada”, tal y como recogen los argumentos jurídicos de la resolución del Consejo de Transparencia, y donde se señala que “igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen…” Sin embargo, y de forma sistemática, esta empresa pública del Grupo SEPI vuelve a denegar el acceso a unos datos que son de sumo interés para un sector que se está viendo perjudicado por el aumento de los trabajos encomendados al sector público.

La patronal forestal andaluza quiere recordar el daño que supone para este sector el uso reiterado de la encomienda de gestión para la realización de obras y servicios que, por otro lado, venía realizando el tejido empresarial privado andaluz de manera eficiente.

El objetivo de esta patronal forestal al recabar estos datos es demostrar que el uso sistemático de las encomiendas no sólo genera serias implicaciones para la competencia efectiva en los mercados sino que  supone, de facto, condiciones menos ventajosas para las Administraciones demandantes que las que se derivarían de una licitación pública, así como la ruptura de la neutralidad competitiva en los bienes y servicios que estas entidades ofertan a otros demandantes.

AAEF quiere recordar que fue la propia Comisión Nacional de la Competencia la que, hace dos años, destacó que, de acuerdo con la normativa aplicable, debe regir, “preferentemente”, la concurrencia competitiva en la provisión de bienes y servicios y que el uso reiterado de la figura de la encomienda de gestión supone una “pérdida de eficiencia derivada de la ausencia de la tensión competitiva a la hora de fijar las condiciones de ejecución de las encomiendas que sí está presente en los procedimientos de contratación pública”.

Por todo ello, y entendiendo que no se cumple con lo dispuesto en la vigente Ley 19/2013 de Transparencia en la contestación ofrecida por Tragsa a esta patronal, en la que señala su imposibilidad de ofrecer la información solicitada sobre las encomiendas de gestión a esta entidad en Andalucía, AAEF interpondrá una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el fin de poder tener acceso a unos datos que, por derecho, deberían ser públicos. Asimismo, y en coordinación con otras patronales, se trasladará esta denuncia, oficialmente, ante todas las instancias que sean necesarias (regional, nacional o europeas) para que se garantice la libre competencia en este sector de la economía andaluza y estatal.

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AAEF se hace eco de la denuncia de la patronal forestal extremeña solicitando que esta empresa pública no sea considerada medio propio de la Junta de Andalucía

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) reivindica la libre competencia para la adjudicación de contratos en el sector forestal y medioambiental, evitando la posición de dominio que están teniendo las empresas públicas por el abuso en la utilización del sistema de encomiendas de gestión. De este modo, la patronal forestal andaluza se suma a la denuncia hecha pública recientemente por la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (AEEFOR) en la que pidió al presidente de la Junta extremeña, Guillermo Fernández Vara, que no considere a Tragsa como medio propio como se ha venido contemplando en la Ley de Presupuestos de esa Comunidad.

La patronal forestal andaluza, en una carta enviada al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, se ha hecho eco de esta petición trasladándola a nuestra región, ya que la Junta de Andalucía sólo cuenta con un 1% de las acciones de esta empresa estatal, perteneciente al grupo SEPI, sin capacidad de decisión en la política empresarial de esa entidad. Por ello, espera que para el próximo ejercicio esta empresa pública quede excluida de las adjudicaciones directas a través de encomiendas de gestión y, llegado el caso, compita en igualdad de condiciones con el sector privado. AAEF señala el daño que la empresa pública está ejerciendo a este sector y recuerda que obras que tradicionalmente ejecutaban empresas privadas andaluzas han sido adjudicadas de forma directa, en 2014 y 2015, a la empresa pública Tragsa, más por una necesidad de solventar sus problemas financieros que por la gestión que hacen de estos trabajos, donde el sector privado es mucho más eficiente y competitivo, además de estar sujeto a controles financieros mucho más estrictos.

AAEF entiende, pero no comparte, las recientes declaraciones del presidente nacional de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, en las que exponía las dificultades económicas por las que atraviesa la empresa pública, con una disminución de la facturación del 60% con respecto a 2011 y actualmente con una “plantilla sin trabajo”,  por lo que reclamaba la adjudicación directa de obras y servicios para no tener que realizar despidos e indemnizaciones “con dinero del Estado”. La patronal forestal quiere recordar la drástica reducción en la licitación pública en nuestro sector durante los últimos cinco años, donde se ha pasado de una inversión 120 millones en 2009, a la nula inversión en licitaciones en los ejercicios 2014 y 2015, años en los que únicamente se han adjudicado obras y servicios de manera directa a empresas y agencias públicas como Tragsa. AAEF entiende la problemática de plantillas sin trabajo porque las empresas del sector también han sufrido esta situación, viéndose obligadas a pagar con sus propios fondos, y sin ayudas estatales, las reestructuraciones de personal. Esta situación, además, ha llevado a casi un 30% de las empresas asociadas a verse obligadas al concurso de acreedores o a la desaparición de las mismas.

Por ello, AAEF no comparte la intención del presidente de Tragsa de querer disponer de privilegios para la solución de sus problemas financieros y laborales, lo que supone de facto una competencia desleal en el mercado forestal y medioambiental de Andalucía. Por ello, esta patronal pide a la administración autonómica y a los grupos parlamentarios, que eliminen de la Ley de Presupuestos de la Comunidad a TRAGSA, como medio propio de la Junta de Andalucía y acaben con las encomiendas de gestión de obras y servicios forestales y medioambientales.

En esta línea, esta patronal también solicita, como ya ha hecho en diferentes ocasiones, una revisión en el modelo de gestión de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) así como del papel que ocupa esta agencia dentro del sector medioambiental en nuestra región, a fin de que se eviten situaciones de dominio empresarial y competencia directa al sector empresarial privado.

La alta actividad de las empresas y agencias públicas, estatales y regionales, en el sector forestal y medioambiental actualmente está generando una posición de dominio que causa un importante daño a la actividad de las empresas privadas, impidiéndoles competir en igualdad de condiciones. AAEF advierte, además, de que el uso desmedido de la adjudicación directa, sin concurrencia competitiva y, por tanto sin las bajas que se producen en toda licitación a la que acuden varias empresas, supone que, cada año, el gobierno andaluz pierda más de 60 millones, cantidad que se hubiera obtenido con las bajas que se habrían producido en estas obras si hubieran salido a pública licitación, pudiéndose generar nuevos proyectos y, en definitiva, nuevos empleos en las zonas rurales.

La patronal forestal andaluza teme que la expulsión de Tragsa de Comunidades Autónomas como Extremadura conlleve que esta empresa pública obtenga mayores cuotas de mercado en otras regiones para compensar sus pérdidas. Así, en Andalucía, donde ha recibido en estos últimos años más de 200 millones de euros en obras y proyectos medioambientales se corre el riesgo  de que esta cifra aumente aún más, repercutiendo negativamente en el entramado empresarial privado y en la generación de nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, AAEF quiere recordar que no es la única patronal sectorial que ha denunciado el abuso excesivo del sistema de encomiendas de gestión a las empresas públicas, ya que son muchas las voces que se han levantado en estos últimos tiempos en contra de este sistema en toda España, como AEEFOR, FIDEX, TECNIBERIA, FEEF, ASEMFO, etc.

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