AAEF se hace eco de la denuncia de la patronal forestal extremeña solicitando que esta empresa pública no sea considerada medio propio de la Junta de Andalucía

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) reivindica la libre competencia para la adjudicación de contratos en el sector forestal y medioambiental, evitando la posición de dominio que están teniendo las empresas públicas por el abuso en la utilización del sistema de encomiendas de gestión. De este modo, la patronal forestal andaluza se suma a la denuncia hecha pública recientemente por la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (AEEFOR) en la que pidió al presidente de la Junta extremeña, Guillermo Fernández Vara, que no considere a Tragsa como medio propio como se ha venido contemplando en la Ley de Presupuestos de esa Comunidad.

La patronal forestal andaluza, en una carta enviada al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, se ha hecho eco de esta petición trasladándola a nuestra región, ya que la Junta de Andalucía sólo cuenta con un 1% de las acciones de esta empresa estatal, perteneciente al grupo SEPI, sin capacidad de decisión en la política empresarial de esa entidad. Por ello, espera que para el próximo ejercicio esta empresa pública quede excluida de las adjudicaciones directas a través de encomiendas de gestión y, llegado el caso, compita en igualdad de condiciones con el sector privado. AAEF señala el daño que la empresa pública está ejerciendo a este sector y recuerda que obras que tradicionalmente ejecutaban empresas privadas andaluzas han sido adjudicadas de forma directa, en 2014 y 2015, a la empresa pública Tragsa, más por una necesidad de solventar sus problemas financieros que por la gestión que hacen de estos trabajos, donde el sector privado es mucho más eficiente y competitivo, además de estar sujeto a controles financieros mucho más estrictos.

AAEF entiende, pero no comparte, las recientes declaraciones del presidente nacional de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, en las que exponía las dificultades económicas por las que atraviesa la empresa pública, con una disminución de la facturación del 60% con respecto a 2011 y actualmente con una “plantilla sin trabajo”,  por lo que reclamaba la adjudicación directa de obras y servicios para no tener que realizar despidos e indemnizaciones “con dinero del Estado”. La patronal forestal quiere recordar la drástica reducción en la licitación pública en nuestro sector durante los últimos cinco años, donde se ha pasado de una inversión 120 millones en 2009, a la nula inversión en licitaciones en los ejercicios 2014 y 2015, años en los que únicamente se han adjudicado obras y servicios de manera directa a empresas y agencias públicas como Tragsa. AAEF entiende la problemática de plantillas sin trabajo porque las empresas del sector también han sufrido esta situación, viéndose obligadas a pagar con sus propios fondos, y sin ayudas estatales, las reestructuraciones de personal. Esta situación, además, ha llevado a casi un 30% de las empresas asociadas a verse obligadas al concurso de acreedores o a la desaparición de las mismas.

Por ello, AAEF no comparte la intención del presidente de Tragsa de querer disponer de privilegios para la solución de sus problemas financieros y laborales, lo que supone de facto una competencia desleal en el mercado forestal y medioambiental de Andalucía. Por ello, esta patronal pide a la administración autonómica y a los grupos parlamentarios, que eliminen de la Ley de Presupuestos de la Comunidad a TRAGSA, como medio propio de la Junta de Andalucía y acaben con las encomiendas de gestión de obras y servicios forestales y medioambientales.

En esta línea, esta patronal también solicita, como ya ha hecho en diferentes ocasiones, una revisión en el modelo de gestión de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) así como del papel que ocupa esta agencia dentro del sector medioambiental en nuestra región, a fin de que se eviten situaciones de dominio empresarial y competencia directa al sector empresarial privado.

La alta actividad de las empresas y agencias públicas, estatales y regionales, en el sector forestal y medioambiental actualmente está generando una posición de dominio que causa un importante daño a la actividad de las empresas privadas, impidiéndoles competir en igualdad de condiciones. AAEF advierte, además, de que el uso desmedido de la adjudicación directa, sin concurrencia competitiva y, por tanto sin las bajas que se producen en toda licitación a la que acuden varias empresas, supone que, cada año, el gobierno andaluz pierda más de 60 millones, cantidad que se hubiera obtenido con las bajas que se habrían producido en estas obras si hubieran salido a pública licitación, pudiéndose generar nuevos proyectos y, en definitiva, nuevos empleos en las zonas rurales.

La patronal forestal andaluza teme que la expulsión de Tragsa de Comunidades Autónomas como Extremadura conlleve que esta empresa pública obtenga mayores cuotas de mercado en otras regiones para compensar sus pérdidas. Así, en Andalucía, donde ha recibido en estos últimos años más de 200 millones de euros en obras y proyectos medioambientales se corre el riesgo  de que esta cifra aumente aún más, repercutiendo negativamente en el entramado empresarial privado y en la generación de nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, AAEF quiere recordar que no es la única patronal sectorial que ha denunciado el abuso excesivo del sistema de encomiendas de gestión a las empresas públicas, ya que son muchas las voces que se han levantado en estos últimos tiempos en contra de este sistema en toda España, como AEEFOR, FIDEX, TECNIBERIA, FEEF, ASEMFO, etc.

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La alta actividad de las empresas y agencias públicas, estatales y regionales, en el sector forestal y medioambiental actualmente está generando una posición de dominio que causa un importante daño a la actividad de las empresas privadas, impidiéndoles competir en igualdad de condiciones. Por eso, tanto AAEF como otras patronales regionales vienen demandando una reestructuración en los fines y actividades de estas entidades, tanto a nivel regional como estatal, así como una modificación de los actuales sistemas de encomiendas de gestión.

En este sentido, la FEEF (patronal forestal nacional de la que AAEF es miembro), tiene previsto iniciar en breve, junto con otras organizaciones estatales, una reclamación contra el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por competencia abusiva de la empresa pública TRAGSA en el sector medioambiental.

Tanto AAEF como Ciudadanos coinciden en que ni la Administración pública, ni sus estructuras paralelas, pueden ser barrera para el desarrollo de la empresa privada, que es la verdadera generadora de empleo en la sociedad. Por ello, compartieron en una reciente reunión la necesidad de regular sus estructuras y limitar la competencia, potenciando su función de vigilancia del cumplimiento de la Ley y de actuación en aquellas áreas en las que no esté asegurado dicho servicio por la iniciativa privada.

Es justo en este momento, en el que se negocia la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza para 2016, cuando se hacen más presentes estas reclamaciones. Por eso, la patronal forestal andaluza anima a esta formación política a que, mediante un proceso de diálogo y entendimiento, puedan alcanzar el objetivo de reducir las empresas, entes y fundaciones públicas en Andalucía y reestructurar otras muchas, a fin de que éstas no supongan un lastre para el desarrollo económico de nuestra tierra.

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José Fiscal anuncia que se reactivarán las inversiones en licitaciones forestal para 2016

Las empresas forestales  de Andalucía reclamaron ayer al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, una inversión global de 200 millones de euros dentro del nuevo marco comunitario 2014-2020. Así se lo hicieron saber en la Asamblea General celebrada en la sede de la CEA y a la que el consejero asistió para dar a conocer, de primera mano, las intenciones del Gobierno andaluz para el próximo ejercicio.

El consejero destacó que, en la actualidad, trabajan para que los Presupuestos Generales de Andalucía para 2016 incluyan licitaciones públicas para el medio natural y que éstas puedan empezar a tramitarse antes de la época estival. Sin comprometerse a dar una cifra concreta sobre la inversión que su Departamento baraja para el próximo ejercicio, el consejero sí quiso trasmitir tranquilidad a los empresarios anunciando una mejora en las inversiones forestales para 2016  después de varios años difíciles, no sólo para este sector sino para otros muchos, y una agilización administrativa de los expedientes. José Fiscal resaltó el papel destacado de las empresas forestales en el desarrollo sostenible de la región. “Las empresas forestales son esenciales y esta Consejería contará, como ha venido haciendo, con ellas para el mantenimiento y conservación de nuestras masas forestales”, concluyó.

La patronal forestal, por su parte, quiso destacar la necesidad de garantizar un programa de actuación constante, estable y con unos niveles adecuados de inversión para el mantenimiento, protección y recuperación de la biodiversidad, así como para la prevención de los incendios forestales, necesaria también para mantener el tejido productivo y empresarial, y para poder potenciar el empleo en las zonas rurales. De este modo, destacó la importancia de disponer de un mínimo de 40 millones anuales en licitación pública dentro del nuevo periodo, una vez que se han aprobado ya el Programa Operativo para Andalucía y el Programa de Desarrollo rural de Andalucía para 2014-2020. AAEF destacó, además, que esta inversión mínima que ahora se reclama es inferior a la de los dos marcos comunitarios anteriores, que han contado con un 30% más de presupuesto aproximadamente, por lo que calificó de “muy razonable” esta solicitud sectorial y adaptada a la realidad económica de nuestro tiempo.

Por otro lado, la patronal forestal también solicitó, como vienen demandando en los últimos tiempos, una revisión en el modelo de gestión de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) así como del papel que ocupa esta agencia y la empresa pública Tragsa dentro del sector medioambiental de Andalucía, a fin de que se eviten las situaciones actuales de dominio empresarial y la competencia directa al sector empresarial privado. Así, pidió estudiar la modificación del actual sistema de encomiendas de gestión y revisar el alto presupuesto destinado a mantener la Agencia.

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La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural firman un convenio de colaboración para promocionar la formación especializada y el empleo estable en el monte andaluz.

Reconocer y Potenciar la figura del ingeniero forestal en este sector empresarial andaluz, es el eje central del convenio de colaboración firmado entre la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural de Andalucía. De este modo, la patronal forestal andaluza y este colegio profesional establecen la voluntad de trabajar conjuntamente para fomentar la innovación, el conocimiento especializado y el desarrollo profesional de los ingenieros forestales en esta región, así como defender la importancia del sector forestal en el medio rural.

El director gerente de AAEF, Javier Loscertales, y el nuevo decano territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural en Andalucía, Juan Carlos Gómez, han firmado un acuerdo que pasa, necesariamente, por difundir las potencialidades del monte en su valorización integral, optimizando el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y servicios que proporciona y demostrar el papel destacado del sector forestal en la creación de empleo estable en las zonas rurales, contribuyendo a la fijación de la población en estos municipios. Además, quieren defender, ante las Administraciones competentes, la necesidad de garantizar un programa de actuación constante, estable y con unos niveles adecuados de inversión para el mantenimiento, protección y recuperación de la biodiversidad, así como para la prevención de los incendios forestales.

Tanto la patronal como el Colegio Oficial de Ingenieros Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, consideran que en Andalucía, el monte ofrece importantes oportunidades de creación de empleo y riqueza en las áreas rurales desfavorecidas, por lo que es necesario entender La gestión sostenible del monte andaluz y la valorización de sus recursos, como un eje estratégico en  la recuperación económica y social, así como una garantía para la conservación de los valores medioambientales de nuestra tierra.

El nuevo marco europeo para el periodo de programación 2014-2020 abre, en este sentido, un importante campo de acción a la política forestal. Aprobados el PDR-A 2014-2020 y el Programa Operativo para Andalucía es el momento crucial para relanzar esta economía verde de nuestra región que se encuentra relegada a los últimos puestos. Por ello, se hace necesario que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Andaluza para 2016 recojan la puesta en marcha, inmediata, de los proyectos incluidos en el nuevo marco comunitario, con una dotación presupuestaria en el próximo ejercicio, y efectividad en su ejecución. El monte andaluz necesita estabilidad, que ofrezca confianza al tejido empresarial para poder generar y garantizar empleo de calidad, especialmente en el medio rural, a través de una economía basada en la gestión sostenible de sus amplios recursos, con profesionales altamente capacitados y cualificados para seguir ejerciendo su trabajo en condiciones de seguridad y estabilidad laboral.

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El pasado martes, 3 de agosto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2016, que ahora comenzará su andadura parlamentaria. Según éstos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sus Organismos Autónomos y la Agencia Estatal de Meteorología contarán para el año 2016, con un presupuesto consolidado de 9.765,9 millones de euros.

El presupuesto consolidado supone una reducción de 1.258,2  millones de euros en relación con las cuentas de 2015, como consecuencia, sobre todo, de la disminución  de 1.327,8 millones de euros de contribución comunitaria y nacional del FEADER para la ejecución de los Programas de Desarrollo Rural, una vez finalizado el anterior periodo de programación  2007-2013, extendido hasta 2015 en función de la regla N+2.   La mayoría de la medidas del nuevo periodo de programación 2014 – 2020 de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas que están siendo aprobadas en 2015, se iniciarán en el curso de 2016, y contarán con una cofinanciación comunitaria y estatal que se irá contemplando en los Presupuestos  Generales del Estado de los próximos años.

El presupuesto para 2016 refuerza  las principales políticas del Ministerio, con el incremento de partidas tan importantes como el desarrollo de la política forestal, que aumenta en 44,6 millones de euros, incluida la lucha contra Incendios y la restauración forestal.  La Dirección General del Agua ve incrementado también  su presupuesto en 8,5 millones de euros en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas.

Igualmente  las actuaciones en Desarrollo Rural aumentan en 11 millones de euros,  los Recursos Hídricos para el Regadío en 9 millones de euros y los Seguros Agrarios en 12 millones de euros.

Destaca también la asignación de 64,7 millones de euros para  actuaciones en la Costa, 48,8 millones de euros para la mejora de estructuras y mercados pesqueros, 16,7 millones de euros para la Protección de los Recursos Pesqueros y desarrollo sostenible y 49,3 millones de euros para  actuaciones de prevención de la contaminación y lucha contra el cambio climático.

En cuanto a la distribución en función de las grandes políticas de gasto, la de “Agricultura, Pesca y Alimentación” contará con un presupuesto de 7.438 millones de euros, lo que supone un 76,1% del total. La mayor parte de esta dotación corresponde a la aportación de fondos de la Unión Europea, FEAGA y FEADER.

Respecto a la política de “Infraestructuras”, en la que se incluyen las actuaciones sobre los recursos hídricos y sobre el medio ambiente, cuenta con un presupuesto de 2.098,6  millones de euros, que supone un 21,5% del presupuesto total del Departamento.

Fuente: MAGRAMA

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