El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy miércoles el “Primer Acuerdo Marco de ámbito estatal para el sector de las actividades forestales”. Se hace oficial, así, un acuerdo histórico entre patronal y sindicato para regular esta actividad laboral, de aplicación en todo el territorio nacional, y que tendrá vigencia desde el 1 de julio de 2016 (primer mes siguiente a su publicación en el BOE) hasta el 31 de diciembre de 2017, pudiendo ser prorrogable.

Los agentes firmantes de este acuerdo han sido la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), la Asociación de Empresas Restauradoras de Paisajes y Medio Ambiente (ASERPYMA) y la Federación Española de Asociaciones de Empresas Forestales y del Medio Natural (FEEF), como representantes del sector empresarial; y la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras (FEAGRA CCOO), la cual cuenta con mayoría absoluta de la comisión negociadora en representación de los trabajadores del sector. El objetivo general de este acuerdo de negociación colectiva, de carácter nacional, es el de regular las condiciones laborales de los trabajadores y las empresas del sector de actividades forestales. Así pues, el acuerdo alcanzado actuará como paraguas de regulación de las condiciones laborales en las regiones, provincias y empresas donde no exista convenio colectivo. No obstante, las partes se han comprometido a que este acuerdo sea un paso previo para la constitución del convenio colectivo estatal.

Este documento constituye un hito histórico para el sector, carente hasta la fecha de una regulación laboral propia. Además, contribuirá en los próximos años a la consolidación del “empleo verde” como una de las alternativas más importantes a la destrucción de puestos de trabajo causados por la crisis económica. En este sentido, las partes firmantes de este texto son conscientes de la importancia que tiene esta negociación colectiva para formalizar la mayoría de edad de un sector que tiene una importancia estratégica fundamental para el desarrollo de las zonas rurales de nuestro país.

La firma de este Acuerdo Marco evidencia el compromiso entre las patronales forestales y Comisiones Obreras para consolidar el diálogo y la negociación colectiva como vía clave para regular las relaciones laborales, suponiendo un acto de responsabilidad por parte de todos los intervinientes.

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF), perteneciente a la FEEF, ha sido una de las grandes propulsoras de la firma de este acuerdo, que permitirá seguir avanzando en su profesionalización, y potenciarlo y reivindicarlo como un nicho de generación de empleo estable en las zonas rurales, donde por otro lado es difícil encontrar iniciativas empresariales duraderas en el tiempo y generadoras de un alto número de empleos.

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La Junta de Andalucía vuelve a encomendar a la empresa pública estatal la ejecución de trabajos en  la red de cortafuegos

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) quiere volver a denunciar el sistemático uso de la figura de la encomienda de gestión para el encargo de trabajos forestales a Tragsa, que tradicionalmente venían ejecutando las empresas forestales andaluzas. Así, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha encargado recientemente a esta empresa pública la ejecución de los cortafuegos de las diferentes provincias andaluzas, amparándose nuevamente en la falta de tiempo para la licitación de esos proyectos a través de procesos públicos, y en la necesidad de ejecutar los trabajos de manera inmediata.

Esta patronal ha comprobado que la empresa pública Tragsa no dispone, en Andalucía, de los medios técnicos y humanos necesarios para abordar los proyectos encomendados, que superan el millón de euros, por lo que se está viendo obligada a subcontratar estos trabajos a empresas no especializadas con bajas superiores al 40 y 50% en algunos de los casos, sin exigir a estas empresas los niveles de cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos que serían necesarios si se aplicara la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, AAEF no se explica cómo es posible que la Junta de Andalucía encomiende unos trabajos a una entidad que termina dividiéndolos por lotes, por lo que las exigencias de contratación con terceros son menores. Otra de las incongruencias que se producen en las encomiendas de gestión a Tragsa es que es la propia empresa pública la que ejerce, a la vez, la dirección técnica y la facultad de certificarse a ella misma los trabajos ejecutados para la Consejería de Medio Ambiente, dándose la paradoja de que quien tiene que ejecutar los trabajos es a su vez quien controla que se realicen de manera adecuada, convirtiéndose en juez y parte.

AAEF, que ya denunció a finales de 2015 ante el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, esta situación, también puso en conocimiento de la consejera de Hacienda el uso abusivo de esta figura de la encomienda de gestión, que pone en franca desventaja a las empresas privadas, a las que se les impide competir en igualdad de condiciones. La consejera, en la presentación de los Presupuestos Generales de Andalucía en presencia de empresarios en la CEA, se comprometió a reducir la participación de la empresa pública estatal en Andalucía, como así ha ocurrido en otras regiones, como Extremadura. Es evidente que este compromiso sigue sin cumplirse.

Por otro lado, la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía aún no ha dado autorización para licitar los proyectos forestales y de prevención de incendios a los que el consejero de Medio Ambiente se comprometió en octubre del pasado año, por importe de 35 millones de euros, según consta en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía. Esta situación de parálisis inversora y falta de gestión de los fondos del nuevo marco comunitario está llevando a la destrucción del tejido empresarial que con tanto esfuerzo se estaba creando en Andalucía, y pone en peligro miles de empleos en las zonas rurales de nuestra región.

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AAEF se hace eco de la denuncia de la patronal forestal extremeña solicitando que esta empresa pública no sea considerada medio propio de la Junta de Andalucía

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) reivindica la libre competencia para la adjudicación de contratos en el sector forestal y medioambiental, evitando la posición de dominio que están teniendo las empresas públicas por el abuso en la utilización del sistema de encomiendas de gestión. De este modo, la patronal forestal andaluza se suma a la denuncia hecha pública recientemente por la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (AEEFOR) en la que pidió al presidente de la Junta extremeña, Guillermo Fernández Vara, que no considere a Tragsa como medio propio como se ha venido contemplando en la Ley de Presupuestos de esa Comunidad.

La patronal forestal andaluza, en una carta enviada al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, se ha hecho eco de esta petición trasladándola a nuestra región, ya que la Junta de Andalucía sólo cuenta con un 1% de las acciones de esta empresa estatal, perteneciente al grupo SEPI, sin capacidad de decisión en la política empresarial de esa entidad. Por ello, espera que para el próximo ejercicio esta empresa pública quede excluida de las adjudicaciones directas a través de encomiendas de gestión y, llegado el caso, compita en igualdad de condiciones con el sector privado. AAEF señala el daño que la empresa pública está ejerciendo a este sector y recuerda que obras que tradicionalmente ejecutaban empresas privadas andaluzas han sido adjudicadas de forma directa, en 2014 y 2015, a la empresa pública Tragsa, más por una necesidad de solventar sus problemas financieros que por la gestión que hacen de estos trabajos, donde el sector privado es mucho más eficiente y competitivo, además de estar sujeto a controles financieros mucho más estrictos.

AAEF entiende, pero no comparte, las recientes declaraciones del presidente nacional de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, en las que exponía las dificultades económicas por las que atraviesa la empresa pública, con una disminución de la facturación del 60% con respecto a 2011 y actualmente con una “plantilla sin trabajo”,  por lo que reclamaba la adjudicación directa de obras y servicios para no tener que realizar despidos e indemnizaciones “con dinero del Estado”. La patronal forestal quiere recordar la drástica reducción en la licitación pública en nuestro sector durante los últimos cinco años, donde se ha pasado de una inversión 120 millones en 2009, a la nula inversión en licitaciones en los ejercicios 2014 y 2015, años en los que únicamente se han adjudicado obras y servicios de manera directa a empresas y agencias públicas como Tragsa. AAEF entiende la problemática de plantillas sin trabajo porque las empresas del sector también han sufrido esta situación, viéndose obligadas a pagar con sus propios fondos, y sin ayudas estatales, las reestructuraciones de personal. Esta situación, además, ha llevado a casi un 30% de las empresas asociadas a verse obligadas al concurso de acreedores o a la desaparición de las mismas.

Por ello, AAEF no comparte la intención del presidente de Tragsa de querer disponer de privilegios para la solución de sus problemas financieros y laborales, lo que supone de facto una competencia desleal en el mercado forestal y medioambiental de Andalucía. Por ello, esta patronal pide a la administración autonómica y a los grupos parlamentarios, que eliminen de la Ley de Presupuestos de la Comunidad a TRAGSA, como medio propio de la Junta de Andalucía y acaben con las encomiendas de gestión de obras y servicios forestales y medioambientales.

En esta línea, esta patronal también solicita, como ya ha hecho en diferentes ocasiones, una revisión en el modelo de gestión de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) así como del papel que ocupa esta agencia dentro del sector medioambiental en nuestra región, a fin de que se eviten situaciones de dominio empresarial y competencia directa al sector empresarial privado.

La alta actividad de las empresas y agencias públicas, estatales y regionales, en el sector forestal y medioambiental actualmente está generando una posición de dominio que causa un importante daño a la actividad de las empresas privadas, impidiéndoles competir en igualdad de condiciones. AAEF advierte, además, de que el uso desmedido de la adjudicación directa, sin concurrencia competitiva y, por tanto sin las bajas que se producen en toda licitación a la que acuden varias empresas, supone que, cada año, el gobierno andaluz pierda más de 60 millones, cantidad que se hubiera obtenido con las bajas que se habrían producido en estas obras si hubieran salido a pública licitación, pudiéndose generar nuevos proyectos y, en definitiva, nuevos empleos en las zonas rurales.

La patronal forestal andaluza teme que la expulsión de Tragsa de Comunidades Autónomas como Extremadura conlleve que esta empresa pública obtenga mayores cuotas de mercado en otras regiones para compensar sus pérdidas. Así, en Andalucía, donde ha recibido en estos últimos años más de 200 millones de euros en obras y proyectos medioambientales se corre el riesgo  de que esta cifra aumente aún más, repercutiendo negativamente en el entramado empresarial privado y en la generación de nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, AAEF quiere recordar que no es la única patronal sectorial que ha denunciado el abuso excesivo del sistema de encomiendas de gestión a las empresas públicas, ya que son muchas las voces que se han levantado en estos últimos tiempos en contra de este sistema en toda España, como AEEFOR, FIDEX, TECNIBERIA, FEEF, ASEMFO, etc.

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El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 ha sido aprobado en agosto por la Comisión Europea con el fin de alcanzar en los próximos años un medio rural más sostenible y competitivo, vinculado con las Prioridades de la Europa 2020. Para ello, el Programa está dotado con 2.449 millones de euros entre aportación Comunitaria, Central y Autonómica.

Este nuevo Programa andaluz persigue los objetivos de fomentar la innovación, la mejora del medio ambiente, la mitigación del cambio climático, la recuperación del crecimiento económico y la generación de empleo, objetivos estrechamente relacionados con la Estrategia Europea 2020.

Para alcanzar estos objetivos, el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 implementa medidas e instrumentos estructurados en las seis áreas prioritarias para el desarrollo rural de la Unión Europea, y asume también, los tres elementos transversales de programación, – clima, innovación y medio ambiente.

La puesta en marcha de estas actuaciones implica unos recursos totales cifrados en 2.449 millones de euros, de los cuales 1.910 millones corresponden a la aportación de la Unión Europea financiada a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 377 millones de la Junta de Andalucía, y 161 millones de euros de la Administración General del Estado. Estas cifras reflejan una tasa de cofinanciación del Programa del 77,98%.

Del gasto público total, se destinan alrededor de 1.859 millones de euros para las medidas que desarrolla la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con una cofinanciación de 1.463 millones por parte del FEADER.

La principal partida, de 614 millones, se destina a respaldar inversiones en explotaciones, industrias e infraestructuras para mejorar la competitividad del sector agroalimentario. Por su parte, las ayudas agroambientales y para agricultura ecológica suponen unos 529 millones.

El PDR cuenta también con el Subprograma Temático Específico para el Olivar, con 292 millones de euros que dotarán de contenido financiero al Plan Director del Olivar de Andalucía 2014-2020.

Por su parte, la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio gestiona en el Programa una cantidad próxima a los 569 millones de euros (430 procedentes del FEADER). Las principales dotaciones se destinan a proyectos de desarrollo forestal (362 millones) y al apoyo de inversiones no productivas orientadas a la sostenibilidad ambiental de las explotaciones (72 millones).

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La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) ha pedido al nuevo viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Luis Hernández, mayor estabilidad en las inversiones públicas en el monte dentro del nuevo marco europeo 2015-2020 que se está cerrando en la actualidad en el seno de la Comisión Europea. Asimismo, le solicitó la puesta en marcha inmediata de los proyectos que puedan incluirse en el PDR-A, una vez éste sea aprobado, previsto para este mismo mes.

En la reunión, en la que también estuvieron presentes la recién nombrada secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Belén Gualda, y el director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, Javier Madrid, la patronal forestal andaluza reclamó el papel primordial de la empresa privada andaluza en el desarrollo de las políticas forestales de nuestra región como fuente de generación de empleo en las zonas rurales. Por ese motivo, la patronal forestal trasladó al viceconsejero su preocupación ante el creciente aumento de las encomiendas de gestión a la empresa pública TRAGSA y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA).

El nuevo viceconsejero de Medio Ambiente se comprometió con la patronal forestal a mantener unos niveles mínimos de inversión a través de licitaciones públicas durante los próximos cinco años en materia de prevención contra incendios y lucha contra el cambio climático en los montes públicos, con independencia de las labores de prevención que ya viene ejecutando el dispositivo INFOCA. De esta manera, se retomarían los proyectos forestales que tradicionalmente han venido ejecutándose en los montes andaluces hasta el año 2010. La patronal solicitó la licitación de proyectos por un importe de 40 millones de euros anuales, cifra que deberá ser consensuada entre la Administración y el sector, una vez se apruebe el marco financiero del nuevo PDR de Andalucía. AAEF espera que en la elaboración de los actuales presupuestos para 2016 ya se contemplen, de manera decidida, partidas destinadas a estos proyectos, ya que los montes andaluces no pueden permitirse un año más de sequía inversora en la prevención y conservación de las masas forestales.

AAEF también reclamó la puesta en marcha de las Órdenes de ayuda a la gestión forestal sostenible de los montes privados, fuente también de empleo en las zonas rurales; así como la participación de las empresas de consultoría medioambiental en la redacción de los proyectos que deben ejecutarse durante el nuevo periodo de inversiones.

Tras su reciente visita a la Comisión Europea, la patronal forestal andaluza trasladó al viceconsejero las conclusiones de esta misión institucional, entre las que destacan la necesidad urgente de creación de empleo en nuestras zonas rurales, así como el apoyo de Europa al tejido empresarial privado como fuente de generación de riqueza y como destinatario final de los fondos europeos que están por llegar.

La crítica situación del sector forestal privado andaluz ante cuatro años de falta de inversión por agotamiento del marco anterior fue otra de las cuestiones que se pusieron encima de la mesa, ya que la desaparición de más del 30% de las empresas del sector hace que estos trabajos de fuerte arraigo en Andalucía por su extensión forestal comiencen a encontrar dificultades para su supervivencia, arrastrando con ello a multitud de pequeñas empresas y autónomos afincados en nuestros entornos rurales.

Además de estos, se trataron otras cuestiones relativas a las inversiones en restauración hidrológico-forestal en cuencas intracomunitarias, el papel de la biomasa y los aprovechamientos forestales como nuevas fuentes de riqueza, y la colaboración conjunta entre la Consejería de Medio Ambiente y AAEF en la celebración de unas jornadas sobre el papel del sector forestal en el nuevo marco de los fondos europeos, previstas para el próximo otoño.

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Abrir el nuevo marco europeo, priorizar el empleo en el medio rural y racionalizar la AMAYA, centran las reivindicaciones de la patronal forestal.

Activar el nuevo marco europeo, destacar la importante función social del sector como generador de empleo así como racionalizar la estructura orgánica de las agencias y empresas públicas, fueron tres de las necesidades más urgentes que la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía puso sobre la mesa en la reunión que mantuvo ayer con el grupo parlamentario de Ciudadanos, antes de la investidura de Susana Díaz como presidenta de Andalucía.

Dentro de la ronda de conversaciones que AAEF inició con todos los partidos políticos, esta patronal se reunió con dos de los nuevos diputados de esta formación política, responsables del área de medio ambiente, Sergio Romero y José Antonio Funes. En ella, el director gerente de AAEF, Javier Loscertales, remarcó la importancia de poner en marcha programas específicos para la conservación y mantenimiento del medio natural así como la apertura, de manera inmediata, de los proyectos incluidos en el nuevo marco comunitario FEADER 2014-2020. Para ello, destacó la necesidad de que los presupuestos de Andalucía para 2016 tuviera previstas partidas para esta materia.

Por otro lado, AAEF destacó la importancia de enlazar los programas de actuaciones en el medio natural con otras políticas transversales que promuevan el empleo en el sector medioambiental, dada la alta capacidad de generación de mano de obra que tiene. AAEF entiende que el medio natural andaluz puede contribuir sensiblemente a disminuir los datos de desempleo en nuestra comunidad autónoma, tal y como ha demostrado en los últimos años. No olvidemos que este sector es el que más empleo genera por millón de euros invertidos.

Finalmente, la patronal forestal andaluza también abordó la necesidad de acometer una reestructuración integral de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, así como revisar sus fines y actividades, limitando la competencia que ejercen para el sector privado. Esta Organización resaltó que la incidencia de la actividad de la AMAYA en el sector forestal es muy alta, generando posición de dominio en el sector que está causando un daño alto a las empresas privadas, que no son capaces de competir en igual de condiciones. En este punto, los representantes de Ciudadanos coincidieron en que ni la Administración pública, ni sus estructuras paralelas, pueden ser barrera para el desarrollo de la empresa privada, que es la verdadera generadora de empleo en la sociedad. Por ello, compartieron la necesidad de regular sus estructuras y limitar la competencia, potenciando su función de vigilancia del cumplimiento de la Ley y de actuación en aquellas áreas en las que no esté asegurado dicho servicio por la iniciativa privada.

AAEF les hizo entrega de un decálogo de medidas necesarias para reactivar este sector, teniendo como eje central el desarrollo sostenible y la valorización del medio natural, potenciando el desarrollo rural sostenible y el aprovechamiento racional de sus recursos, priorizando actuaciones de conservación y mejorando los ecosistemas.

Además, se sentaron las bases para la constitución de una mesa de trabajo con C’s para poder trasladarles las necesidades, inquietudes y propuestas de la patronal forestal andaluza a este grupo parlamentario.

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