La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) participó el pasado martes en la mesa temática titulada “Quién y con quién actuar”, dentro del I Congreso Ibérico Sobre Zonas Estratégicas de Gestión Firepoctep, organizado por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía del 24 al 26 de octubre en el Campus Universitario El Carmen, de Huelva. En la mesa, que analizó la importancia de la participación social, el papel de la ganadería extensiva o la agronomía, entre otros, la secretaria técnica de AAEF, Teresa Magdaleno, puso de relieve la importante labor de las empresas forestales en la prevención de los incendios, no sólo a través de los trabajos de conservación y mantenimiento de las masas forestales, sino por su función social y económica de generación de empleo y riqueza en las zonas rurales.

Así, tras analizar la importancia del asociacionismo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo, destacó que esta función cobraba más relevancia si cabe en el sector forestal, especialmente cuando la superficie forestal española representa más del 55% de la superficie del país y, además, no deja de crecer al igual que en Andalucía, con más de la mitad de su territorio con superficie forestal. Para la secretaria técnica de AAEF, este hecho, dejando a un lado su repercusión ecológica, debería ser suficiente para que su peso en las políticas económicas fuera determinante. Sin embargo, no es así. El Sector Forestal, con carácter general, se presenta como un sector de rentabilidad económica y financiera baja, lo que provoca un abandono progresivo del mundo rural, con despoblación y envejecimiento. Y es la falta de gestión y el éxodo rural los que hacen que los montes almacenen grandes cantidades de combustibles que, al cambio climático, provocan los “megaincendios”, hasta el punto de que superen las capacidades de los cuerpos de extinción.

Por ello, definió la gestión forestal sostenible como el mejor antídoto para la prevención de incendios. Y, en esta tarea, las empresas forestales tienen un papel protagonista en la generación de empleo y riqueza en las zonas rurales. Destacó, a partir de ahí, la importancia de este sector y la necesidad de estar unido y cohesionado, para reivindicar el papel destacado de este tejido productivo. Más, si cabe, ante la magnitud de la crisis sanitaria y económica que ha supuesto la pandemia del COVID 19 y que debe servir, también, para replantearnos unos nuevos pilares de nuestra economía.

Teresa Magdaleno reivindicó que, para hablar del  sector empresarial forestal, se hablase de competitividad, rentabilidad, digitalización… como se hace en otros sectores. Asimismo, defendió la necesidad de potenciar la profesionalización del sector forestal para hacerlo más atractivo a la población joven.

En este sentido, reclamó inversiones sólidas, estables y constantes en el sector forestal; una mayor agilización administrativa y menor burocratización de los procedimientos y denunció la fuerte competencia de las empresas públicas, a quienes se les encarga de manera directa un volumen excesivo de trabajos que podrían ser desarrollados por la iniciativa privada.

Sin embargo, la secretaria técnica de AAEF no quiso acabar poniendo el acento en las debilidades y amenazas del sector sino que puso el acento en la necesidad de trabajar desde la acción colectiva. “Tenemos que apostar por nuestras fortalezas y contribuir al diseño de un nuevo modelo económico que consolide el sector forestal como eje estratégico del desarrollo sostenible de nuestra tierra. Y esto, lo tenemos que hacer juntos: administraciones públicas, agentes sociales, universidad, colegios profesionales, empresas, trabajadores y sociedad. Porque, juntos, es como mejor se alcanzan los objetivos”, concluyó.

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En diciembre de 2016 Juntos por los Bosques y la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, acordaron la elaboración de un Plan de Actuación Forestal, con el horizonte de la presente legislatura, que se basase en las propuestas del propio sector. El 27 de noviembre de 2017 el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas Godino, entregó a Juntos por los Bosques un borrador del Plan que ha sido también remitido a las Comunidades Autónomas. El pasado 20 de diciembre el Ministerio trató el Plan con las CC.AA. y en paralelo recibió los comentarios del sector representado por Juntos por los Bosques.

Las entidades que conforman Juntos por los Bosques, entre las que se encuentra AAEF, y que representan la práctica totalidad del sector forestal organizado en nuestro país, expresamos nuestro reconocimiento al Ministerio por la receptividad demostrada a la propuesta del sector, la oportunidad del Plan, su enfoque temporal y competencial focalizado en las competencias del Estado, así como su estructura. Igualmente desde Juntos por los Bosques se ha reconocido la receptividad a buena parte de las propuestas que se trasladaron al Ministerio durante el pasado año. El documento en su estructura actual puede servir también para abordar instrumentos de horizontes temporales mayores, acordes con el largo plazo de la actividad forestal.

No obstante, esta plataforma ha expresado recientemente su decepción por la ausencia de cualquier mención a dos de las principales propuestas de Juntos por los Bosques relacionadas con la fiscalidad y la financiación.

Por un lado, desde hace 25 años se viene tratando la necesidad de adecuar el marco fiscal a las singularidades de la actividad forestal y con ello resetearlo para que, en vez de un freno, se convierta en un acicate de la gestión forestal. El largo plazo, los altos riesgos (incendios) y la generación de importantes servicios ambientales, requieren de un tratamiento propio que ajuste la carga fiscal a la realidad económica de la actividad forestal, especialmente en un contexto de elevados impuestos directos (IRPF, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto de Sociedades, etc.). La necesidad de un enfoque integral evitando retoques parciales se ha venido defendiendo con ocasión del debate sobre la Ley básica de Montes en 2003 y sus reformas de 2006 y 2015, quedando la concreción fiscal finalmente en el aire. Juntos por los Bosques ha realizado un complejo estudio económico donde se demuestra el efecto neutro en términos fiscales de las modificaciones propuestas.

La otra cuestión es el establecimiento del Fondo Forestal Nacional y la afección parcial de determinados ingresos fiscales fuertemente relacionados con los bosques. Está ampliamente reconocido que la infrafinanciación forestal es de naturaleza estructural y una de las causas claves del abandono de los bosques, antesala de los incendios. La PAC no es formalmente competente en el ámbito forestal y por ello solo se pueden destinar a los espacios forestales una fracción de los recursos de su 2º pilar (desarrollo rural).

Además, la demanda de servicios ambientales por la sociedad es creciente, pero en ningún caso es reconocida ni mediante instrumentos de mercado ni con fondos públicos. El céntimo sanitario que en su día gravó adicionalmente los hidrocarburos ha sido anulado por la Justicia comunitaria precisamente por carecer de vínculo evidente entre el hecho imponible (emisiones de CO₂) y la afección de los fondos (sanidad o el medio ambiente en términos genéricos). Si se hubiesen destinado a promover los sumideros de carbono en los bosques hubiera sido acorde al derecho comunitario. El pasado 30 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley a propuesta del Grupo Popular, que no obtuvo ningún voto en contra, y que proponía el establecimiento de dicho fondo para montes ordenados y la acepción de una parte de los ingresos vinculados por las emisiones de CO₂, a las tasas que deberían abonar las empresas de abastecimiento y depuración de aguas y las compañías de distribución de combustibles fósiles por los servicios que el monte les presta, y a las partidas asignadas en los Presupuestos del Estado para este fin.

Desde Juntos por los Bosques se entiende la cautela del Ministerio en ambos temas debido a lo prematuro de la discusión con Hacienda, pero consideran que se trata de cuestiones claves donde es crucial el compromiso expreso del Ministerio ante esa negociación, máxime cuando en otros aspectos de fiscalidad agraria se anuncian iniciativas pendientes de negociación con Hacienda y cuando existe un claro mandato parlamentario promovido por la formación política que sustenta al Gobierno.

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La patronal forestal andaluza analiza con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, las consecuencias del grave incendio de Huelva. Las labores preventivas y otras cuestiones de interés para la conservación de nuestro medio natural se han puesto encima de la mesa en este cordial encuentro. Igualmente, se ha trasladado el agradecimiento a todos los responsables y miembros del dispositivo INFOCA por su importante labor en al extinción del mismo.

Desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la gravedad del incendio de Moguer, la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) se puso en contacto con los máximos responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para poner a disposición de la Junta de Andalucía todos los medios de las empresas asociadas, con el fin de poder colaborar en lo que fuera necesario, reconociendo además públicamente el importante trabajo de todos los dispositivos desplegados para la extinción de incendios y valorando positivamente el trabajo del Plan Infoca en estas tareas.

De hecho, este ha sido el primer punto tratado en la reunión mantenida entre AAEF y AECMA con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio este miércoles 28 de junio (programada con antelación al incendio), quien informó de la situación actual del incendio, la valoración inicial de hectáreas calcinadas y detalló el completo y duro desarrollo de las labores de extinción llevadas a cabo para controlar el incendio. Así, valoró positivamente la coordinación entre todos los dispositivos desplazados a la zona (Infoca, Emergencias 112 Andalucía, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local o la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias) y agradeció el apoyo recibido por los medios de comunicación, agentes sociales y  ciudadanos.

La reunión con José Fiscal ha servido también para poner encima de la mesa la importancia las tareas preventivas y otras cuestiones de interés para la conservación del medio natural andaluz y la necesaria colaboración público-privada para evitar que estos desastres naturales vuelvan a repetirse. Por ello, esta patronal pidió a la Junta de Andalucía que siguiera invirtiendo en prevención de manera constante; un compromiso que el consejero adquirió con el sector desde su nombramiento y del que se reafirmó en este encuentro.

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Estos cambios vienen incorporados a nuestra forma de entender la comunicación, más interactiva, y donde las redes sociales han tenido un papel fundamental en la difusión de nuestras iniciativas. Twitter y facebook se han convertido, así, en el altavoz de nuestras propuestas y en un nexo de unión e interconectividad muy importante con el conjunto de la sociedad.

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Las actuaciones de tratamientos selvícolas se desarrollarán en una superficie de 1.723,02 hectáreas y se centrarán en la realización de claras y clareos, podas, rozas, limpias y resalveos para la mejora de los pinares, así como en la protección de masas frondosas de gran valor ecológico. De esta manera se pretende proteger al monte frente a los incendios forestales mediante la ruptura de la continuidad vegetal, tanto horizontal como vertical, y la descarga de combustibles, transformando así la masa vegetal existente y mejorando la calidad del medio natural y la diversidad biológica.

Pese a la buena noticia, la patronal forestal andaluza solicita a la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos un mayor esfuerzo administrativo para que el ritmo de licitaciones que aún quedan pendientes sea más fluido, ya que existe un importante retraso en los proyectos prometidos para el 2016. De hecho, de los casi 34 millones de euros recogidos en los Presupuestos de Andalucía para 2016 aún faltan por sacar a concurso público más de 22 millones.

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En otro orden de cosas, este Comité, que forma parte del Consejo Andaluz de la Biodiversidad, también analizó el borrador del Plan Director de las Dehesas, el de la Orden de ayudas a la prevención de incendios forestales, entre otros. Además, los representantes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dieron a conocer al resto de miembros de este Comité aspectos como el balance de actuaciones de conservación del patrimonio natural en montes públicos, el programación de las ayudas forestales en el marco del Programa de Desarrollo Regional de Andalucía 2014-2020 o la adecuación del Plan Forestal de Andalucía.

Tras el trabajo de este Comité se van a constituir, a principios del mes de julio, dos grupos de trabajo para la preparación de la orden de condicionados forestales y del grupo de trabajo para la Orden de ayudas al medio natural, comenzando con la de prevención de incendios.

Por otro lado, el director gerente de AAEF, Javier Loscertales, que acudió en representación de la CEA, propuso incluir como punto dentro del orden del día para un próximo Comité Forestal los trabajos realizados en el ámbito del proyecto Horizonte 2020 Agriforvalor, una vez explicados sus objetivos. Este que fue admitido y contó con el interés de los asistentes.

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La Junta de Andalucía vuelve a encomendar a la empresa pública estatal la ejecución de trabajos en  la red de cortafuegos

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) quiere volver a denunciar el sistemático uso de la figura de la encomienda de gestión para el encargo de trabajos forestales a Tragsa, que tradicionalmente venían ejecutando las empresas forestales andaluzas. Así, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha encargado recientemente a esta empresa pública la ejecución de los cortafuegos de las diferentes provincias andaluzas, amparándose nuevamente en la falta de tiempo para la licitación de esos proyectos a través de procesos públicos, y en la necesidad de ejecutar los trabajos de manera inmediata.

Esta patronal ha comprobado que la empresa pública Tragsa no dispone, en Andalucía, de los medios técnicos y humanos necesarios para abordar los proyectos encomendados, que superan el millón de euros, por lo que se está viendo obligada a subcontratar estos trabajos a empresas no especializadas con bajas superiores al 40 y 50% en algunos de los casos, sin exigir a estas empresas los niveles de cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos que serían necesarios si se aplicara la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, AAEF no se explica cómo es posible que la Junta de Andalucía encomiende unos trabajos a una entidad que termina dividiéndolos por lotes, por lo que las exigencias de contratación con terceros son menores. Otra de las incongruencias que se producen en las encomiendas de gestión a Tragsa es que es la propia empresa pública la que ejerce, a la vez, la dirección técnica y la facultad de certificarse a ella misma los trabajos ejecutados para la Consejería de Medio Ambiente, dándose la paradoja de que quien tiene que ejecutar los trabajos es a su vez quien controla que se realicen de manera adecuada, convirtiéndose en juez y parte.

AAEF, que ya denunció a finales de 2015 ante el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, esta situación, también puso en conocimiento de la consejera de Hacienda el uso abusivo de esta figura de la encomienda de gestión, que pone en franca desventaja a las empresas privadas, a las que se les impide competir en igualdad de condiciones. La consejera, en la presentación de los Presupuestos Generales de Andalucía en presencia de empresarios en la CEA, se comprometió a reducir la participación de la empresa pública estatal en Andalucía, como así ha ocurrido en otras regiones, como Extremadura. Es evidente que este compromiso sigue sin cumplirse.

Por otro lado, la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía aún no ha dado autorización para licitar los proyectos forestales y de prevención de incendios a los que el consejero de Medio Ambiente se comprometió en octubre del pasado año, por importe de 35 millones de euros, según consta en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía. Esta situación de parálisis inversora y falta de gestión de los fondos del nuevo marco comunitario está llevando a la destrucción del tejido empresarial que con tanto esfuerzo se estaba creando en Andalucía, y pone en peligro miles de empleos en las zonas rurales de nuestra región.

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La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía colabora activamente en la organización de este Congreso, enmarcado dentro del acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades para fomentar el desarrollo del sector forestal en la región.

Más información: http://www.forestales.net/

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Presentación oficial del I Acuerdo Marco de ámbito estatal para el sector de las actividades forestales

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha sido escenario hoy de la presentación oficial del Primer Acuerdo Marco de ámbito estatal para el sector de las actividades forestales. La ministra Isabel García Tejerina ha recibido a los representantes de este sector para conocer de primera mano los detalles de este histórico acuerdo. Y es que, tras muchos años de negociación, el sector de las actividades forestales acaba de firmar su primer acuerdo marco para regular su actividad laboral, de aplicación en todo el territorio nacional, y que tendrá vigencia desde el primero del mes siguiente a su publicación en el BOE, hasta el 31 de diciembre de 2017, pudiendo ser prorrogable.

Los agentes firmantes de este acuerdo han sido la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), la Asociación de Empresas Restauradoras de Paisajes y Medio Ambiente (ASERPYMA) y la Federación Española de Asociaciones de Empresas Forestales y del Medio Natural (FEEF), como representantes del sector empresarial; y la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras (FEAGRA CCOO), la cual cuenta con mayoría absoluta de la comisión negociadora en representación de los trabajadores del sector. El objetivo general de este acuerdo de negociación colectiva, de carácter nacional, es el de regular las condiciones laborales de los trabajadores y las empresas del sector de actividades forestales. Así pues, el acuerdo alcanzado actuará como paraguas de regulación de las condiciones laborales en las regiones, provincias y empresas donde no exista convenio colectivo. No obstante, las partes se han comprometido a que este acuerdo sea un paso previo para la constitución del convenio colectivo estatal.

Tanto para las patronales empresariales como para esta central sindical, este documento constituye un hito histórico para el sector, carente hasta la fecha de una regulación laboral propia. Además, contribuirá en los próximos años a la consolidación del “empleo verde” como una de las alternativas más importantes a la destrucción de puestos de trabajo causados por la crisis económica. En este sentido, las partes firmantes de este texto son conscientes de la importancia que tiene esta negociación colectiva para formalizar la mayoría de edad de un sector que tiene una importancia estratégica fundamental para el desarrollo de las zonas rurales de nuestro país.

En el aspecto económico, el acuerdo servirá de base para la regulación laboral y económica del sector, implicando de alguna manera a las diferentes administraciones con competencia en materia forestal, haciéndolas participes de la necesidad de dotar financieramente las medidas necesarias para su consolidación a través inversión constante y planificada.

En el aspecto social, este acuerdo supone la regulación inicial de las condiciones que permiten la profesionalización de del sector, y sin duda, mirar al horizonte del mundo rural con una perspectiva mucho más amplia de la que hasta ahora existía, pues el sector forestal y las actividades laborales relacionadas con él pueden, y deben ser, un nicho de generación de empleo estable en las zonas rurales, donde por otro lado es difícil encontrar iniciativas empresariales duraderas en el tiempo y generadoras de un alto número de empleos.

Por ello, tanto las patronales forestales como el sindicato, se comprometen a seguir trabajando para alcanzar los objetivos previstos en este Acuerdo Marco, dando respuesta a los problemas sociales, laborales y económicos que afectan a este sector, estimulando la profesionalización y la mejora de las condiciones en las que se desarrollan estos trabajos y fomentando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre otros aspectos. Además, esperan que próximamente se adhiera al mismo el sindicato FITAG UGT, presente también en todo el proceso de negociación.

La firma de este Acuerdo Marco evidencia el compromiso entre las patronales forestales y Comisiones Obreras para consolidar el diálogo y la negociación colectiva como vía clave para regular las relaciones laborales, suponiendo un acto de responsabilidad por parte de todos los intervinientes.

Por todo ello, la Ministra García Tejerina ha felicitado a todas las partes intervinientes y les ha emplazado a seguir trabajando en esta senda para la mejora de las condiciones laborales de un sector tan importante para España y con tanta proyección de futuro, especialmente en este periodo de programación para 2014-2020 que ahora se abre y en el que el sector forestal tiene un papel muy importante como soporte de la economía verde, del desarrollo rural y del empleo de nuestro país, cuyo 54% de superficie es forestal.

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