La patronal forestal denuncia el bloqueo de las obras y el perjuicio a las PYMEs

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) quiere denunciar que las obras del Plan Itínere, fundamentales para la mejora de caminos rurales en Andalucía, sufren retrasos inaceptables debido a la adjudicación masiva de contratos a TRAGSA sin licitación pública. Mientras las infraestructuras rurales se están ejecutando a un nivel excesivamente bajo, las pequeñas y medianas empresas del sector forestal han sido excluidas de estos proyectos, poniendo en peligro la competitividad del sector y el desarrollo de las zonas rurales.

El Plan Itínere, promovido por la Junta de Andalucía para mejorar la red de caminos rurales, fue presentado como una oportunidad para impulsar la actividad económica en el ámbito rural y generar empleo en las pequeñas y medianas empresas del sector. Tanto es así, que la consejera de Agricultura por entonces, Carmen Crespo, anunció en el año 2021, que estas obras iban a ir dirigidas para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la realidad es que sólo el primer bloque fue licitado y más del 88% del presupuesto total destinado hasta la fecha a este Plan de mejora de caminos rurales ha sido, y sigue siendo, encargado directamente al Grupo TRAGSA, impidiendo la participación de empresas privadas andaluzas. El argumento para este cambio de criterio se justificó en que TRAGSA podría ejecutarlos con mayor rapidez, pero la realidad es que muchas obras retrasaron su inicio durante meses (y, en ocasiones, hasta algún año) solicitando posteriormente ampliaciones de plazos que, en ocasiones, han llegado a triplicar el plazo original. Las justificaciones ofrecidas para estos retrasos son genéricas y repetitivas, recurriendo a términos como «circunstancias sobrevenidas e imprevisibles». Esta patronal entiende que los retrasos se deben, simplemente, a una falta de planificación y gestión y que, por tanto, deberían ser penalizados mediante algún tipo de procedimiento sancionador, como ocurriría con un contratista privado.

Sorprende, además, que pese a los esfuerzos realizados por esta patronal, sea imposible conocer, a ciencia cierta, el volumen total de encargos realizados a Tragsa dentro del Plan Itínere, así como el grado de ejecución hasta la fecha, ya que existe un cierto oscurantismo en estos encargos, y es muy complicado hacer un seguimiento a partir del perfil del contratante. Por ello, se ha solicitado una reunión urgente con el consejero, con el fin de conocer realmente el alcance de estos encargos.

Un caso paradigmático es el Plan Itínere II, expediente 7/2022 OBRA ITÍNERE ENG, licitado en noviembre de 2022. El plazo de ejecución de estas actuaciones era de ocho meses, debiendo concluir el 30 de agosto de 2023. Sin embargo, se han aprobado hasta cuatro modificaciones de plazos, permitiendo que los trabajos se alarguen hasta el 30 de junio de 2025. En total, 22 meses más, sin garantías ni certezas de que, esta vez sí, se concluyan los trabajos, y sin ningún expediente sancionador a Tragsa por un retraso tan abultado. Es más, la Consejería ha aceptado como válidas, en todas las ocasiones, unas justificaciones vagas y excesivamente genéricas para estos retrasos (en todas las solicitudes han alegado el mismo motivo: “durante la ejecución de las obras, se ha derivado circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que han ocasionado modificaciones de algunos caminos afectando al plazo de finalización de las obras”).

Uso abusivo de los encargos directos: exclusión del sector privado

El Plan Itínere se presentó como una iniciativa para mejorar la red de caminos rurales y dinamizar el tejido empresarial andaluz, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, sólo se llegó a sacar a concurso público el primer bloque, con 19 lotes, de los cuales se adjudicaron 17 lotes (desistiéndose la Consejería de dos de ellos) por importe total de 15,2 millones de euros, frente a los más de 111 millones encargados directamente a Tragsa. Se da la paradoja de que TRAGSA, además, está subcontratando casi el 50% de las obras, lo que demuestra que estos proyectos podrían haberse gestionado directamente mediante licitaciones públicas.

En lugar de garantizar una ejecución eficiente y ágil, la Junta de Andalucía ha permitido que se acumulen retrasos que afectan gravemente a la actividad agrícola, ganadera y a la movilidad en los municipios rurales.

Por todo ello, desde AAEF exigimos la ejecución inmediata de las obras retrasadas y la aplicación de sanciones en caso de incumplimientos injustificados por parte de Tragsa. Es necesario un mayor control y fiscalización sobre la ejecución de los encargos a TRAGSA, garantizando que se cumplan los plazos y evitando nuevos retrasos. No olvidemos que estas actuaciones están financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por lo que deberían llevar, más si cabe, un control exhaustivo de los gastos, los plazos y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

En AAEF, no descartamos emprender medidas legales ante este uso abusivo del encargo a medio propio. No es admisible el oscurantismo por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la publicación de estos encargos y sus modificaciones, vulnerando los principios de transparencia, publicidad y buena administración del gasto público. Por ello, pedimos que se den a conocer las posibles auditorías, visitas de inspección, informes sobre el supuesto avance del proyecto y justificación de los gastos realizados, etc. que se están llevando a cabo para el control financiero y de ejecución del Plan Itínere. Asimismo, exigimos conocer el coste que tendrán finalmente estos trabajos, frente a lo presupuestado inicialmente.

Esta mala gestión del Plan Itínere debería servir para demostrar definitivamente la ineficacia de los encargos directos a Tragsa, tanto desde el punto de vista de la agilidad como de la rentabilidad económica. La Junta de Andalucía debería priorizar las licitaciones públicas y transparentes, permitiendo la libre competencia y evitando adjudicaciones directas abusivas.

Las infraestructuras rurales son esenciales para la actividad económica de muchos municipios andaluces. No podemos permitir que sigan bloqueadas mientras las empresas privadas del sector forestal ven cerradas sus oportunidades de trabajo. Exigimos responsabilidad, transparencia y medidas urgentes para poner fin a esta gestión ineficaz.

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La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) ha mantenido una reunión con la nueva consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, con el fin de presentar esta Asociación, nuestro trabajo y el de las empresas que la componen, y trasladarle, de primera mano, las necesidades, problemática y propuestas de este tejido empresarial forestal.

Este encuentro, celebrado en el Parlamento de Andalucía y al que también asistieron el viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, y el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez, ha servido para marcar las líneas generales de colaboración entre el tejido empresarial forestal andaluz y la Administración ambiental andaluza. Por parte de AAEF acudió la Junta Directiva al completo, dando muestra del interés de esta reunión para la organización.

Uno de los aspectos más destacados de la reunión fue el análisis de las medidas adoptadas por la Consejería para fortalecer el proceso de licitación pública y la importancia de aumentar la inversión, con una programación estable y continuada en el tiempo, potenciando la agilización administrativa de los procedimientos de contratación y apostando por el fortalecimiento del tejido empresarial forestal en Andalucía.

Por su parte, el presidente de AAEF, Israel Sánchez, puso de manifiesto otro de los temas que más preocupan al sector y que, junto con la inestable inversión hasta la fecha y su afectación en la generación de empleo de calidad, constituye el aumento abusivo de los encargos directos a Tragsa, que pone en peligro incluso la supervivencia del tejido empresarial forestal privado en Andalucía. Tanto al consejera como el viceconsejero expresaron su compromiso de limitar dichos encargos.

Otro de los temas tratados en la reunión fue la nueva Ley de Montes de Andalucía, que ha iniciado su tramitación, y que representa una oportunidad clave para que las empresas forestales refuercen su papel en la gestión sostenible de los recursos. Además, al fomentar la colaboración público-privada y ofrecer incentivos para prácticas sostenibles, esta ley facilita el acceso a herramientas y recursos que benefician a estas empresas en la gestión sostenible de nuestros recursos forestales y en la creación de empleo en áreas rurales. La consejera destacó que la Ley también pone énfasis en la biodiversidad y en la resiliencia de los montes frente al cambio climático, objetivos que se alinean con los valores de aquellas organizaciones que buscan preservar el entorno natural para las próximas generaciones.

Durante la reunión, la consejera Catalina García ha reafirmado su compromiso con el diálogo y el entendimiento como pilares fundamentales para avanzar en el desarrollo del sector forestal. De este modo, ha hecho hincapié en la importancia de mantener una comunicación fluida y abierta con la Asociación de Empresas Forestales y Paisajistas de Andalucía, asegurando que el consenso entre el sector privado y la administración pública es esencial para abordar los retos actuales y futuros.

Finalmente, desde AAEF se aprovechó la ocasión para dar a conocer algunos proyectos en los que trabaja en la actualidad, como es su participación como socio estratégico en el Grupo Operativo FORESTIA, un proyecto iniciado en mayo de 2021 y con fecha de finalización el próximo 31 de diciembre, que ha tenido como principales objetivos el desarrollo de un visor innovador que, a partir de datos de múltiples fuentes abiertas como tecnología LIDAR e imágenes de satélite y aplicando técnicas de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (IA), proporciona información estratégica de variables dasométricas clave, como biomasa y stock de carbono, a escala regional, facilitando una planificación más precisa y optimizada de los recursos forestales.

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La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) participó el pasado martes en la mesa temática titulada “Quién y con quién actuar”, dentro del I Congreso Ibérico Sobre Zonas Estratégicas de Gestión Firepoctep, organizado por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía del 24 al 26 de octubre en el Campus Universitario El Carmen, de Huelva. En la mesa, que analizó la importancia de la participación social, el papel de la ganadería extensiva o la agronomía, entre otros, la secretaria técnica de AAEF, Teresa Magdaleno, puso de relieve la importante labor de las empresas forestales en la prevención de los incendios, no sólo a través de los trabajos de conservación y mantenimiento de las masas forestales, sino por su función social y económica de generación de empleo y riqueza en las zonas rurales.

Así, tras analizar la importancia del asociacionismo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo, destacó que esta función cobraba más relevancia si cabe en el sector forestal, especialmente cuando la superficie forestal española representa más del 55% de la superficie del país y, además, no deja de crecer al igual que en Andalucía, con más de la mitad de su territorio con superficie forestal. Para la secretaria técnica de AAEF, este hecho, dejando a un lado su repercusión ecológica, debería ser suficiente para que su peso en las políticas económicas fuera determinante. Sin embargo, no es así. El Sector Forestal, con carácter general, se presenta como un sector de rentabilidad económica y financiera baja, lo que provoca un abandono progresivo del mundo rural, con despoblación y envejecimiento. Y es la falta de gestión y el éxodo rural los que hacen que los montes almacenen grandes cantidades de combustibles que, al cambio climático, provocan los “megaincendios”, hasta el punto de que superen las capacidades de los cuerpos de extinción.

Por ello, definió la gestión forestal sostenible como el mejor antídoto para la prevención de incendios. Y, en esta tarea, las empresas forestales tienen un papel protagonista en la generación de empleo y riqueza en las zonas rurales. Destacó, a partir de ahí, la importancia de este sector y la necesidad de estar unido y cohesionado, para reivindicar el papel destacado de este tejido productivo. Más, si cabe, ante la magnitud de la crisis sanitaria y económica que ha supuesto la pandemia del COVID 19 y que debe servir, también, para replantearnos unos nuevos pilares de nuestra economía.

Teresa Magdaleno reivindicó que, para hablar del  sector empresarial forestal, se hablase de competitividad, rentabilidad, digitalización… como se hace en otros sectores. Asimismo, defendió la necesidad de potenciar la profesionalización del sector forestal para hacerlo más atractivo a la población joven.

En este sentido, reclamó inversiones sólidas, estables y constantes en el sector forestal; una mayor agilización administrativa y menor burocratización de los procedimientos y denunció la fuerte competencia de las empresas públicas, a quienes se les encarga de manera directa un volumen excesivo de trabajos que podrían ser desarrollados por la iniciativa privada.

Sin embargo, la secretaria técnica de AAEF no quiso acabar poniendo el acento en las debilidades y amenazas del sector sino que puso el acento en la necesidad de trabajar desde la acción colectiva. “Tenemos que apostar por nuestras fortalezas y contribuir al diseño de un nuevo modelo económico que consolide el sector forestal como eje estratégico del desarrollo sostenible de nuestra tierra. Y esto, lo tenemos que hacer juntos: administraciones públicas, agentes sociales, universidad, colegios profesionales, empresas, trabajadores y sociedad. Porque, juntos, es como mejor se alcanzan los objetivos”, concluyó.

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Precios por debajo de mercado y complejidad en la tramitación de la solicitud, las críticas más generalizadas

La publicación de la reciente orden por la que se convocan las Ayudas Forestales incluidas en la medida 8.5.1. no ha servido para dar un balón de oxigeno al sector forestal andaluz. En la reunión mantenida el pasado miércoles con los técnicos responsables de la misma se comprobó el alto grado de insatisfacción de propietarios y patronales por los requisitos exigidos y los precios aplicados, poniéndose de manifiesto la práctica inviabilidad de las mismas, con el consiguiente perjuicio para las poblaciones rurales de nuestra tierra.

Pese a los reiterados anuncios por parte de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Carmen Crespo, y el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la importancia de estas ayudas forestales para generar nuevas oportunidades de actividad económica, empleo y futuro en la Andalucía rural, los requisitos exigidos y tarifas aplicadas impedirán, en la práctica, la ejecución de dichos trabajos.

Así, una de las quejas reiterativas fue el cálculo de los costes máximos de referencia de las actuaciones; y es que, sin duda, se encuentran en su gran mayoría muy por debajo de los costes reales de mercado. Desde los distintos sectores se ha criticado cómo existiendo en la actualidad dos tarifas oficiales ya aprobadas y utilizadas por las empresas públicas (tarifas Tragsa y Tarifas AMAYA), se han redactado ahora unas tablas nuevas con importes mucho más bajos para los mismos trabajos, basándose en una moderación de los precios que asfixia al tejido empresarial. Con estas tarifas, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible perpetúa y ahonda la situación de crisis económica y social que viene padeciendo el sector forestal ante la falta de inversión pública. Pero, además, estas tablas, por simplificadas, no concretan con exactitud el tipo de  actuaciones que conllevan ni, por tanto, los costes totales reales de su ejecución. Desde la patronal forestal criticamos la incoherencia de unas tarifas excesivamente genéricas, donde se han sacado operaciones que habitualmente estaban incluidas y que son necesarias. Como ejemplo, y para una plantación de terrenos, esta patronal ha analizado que los precios no contemplan actuaciones como son la preparación del terreno, distribución de la planta, realización de alcorque, etc., es decir, toda una cadena de actuaciones necesarias que deben estar comprendidas para que la plantación tenga éxito. Por otro lado, y un hecho mucho más grave, es que con la estructura de precios salariales aplicados en las tablas se estarían incumpliendo las condiciones salariales de los convenios colectivos vigentes.

Este hecho, que ya temía el sector, ha sido puesto de manifiesto en todas las reuniones previas, sin que se haya tenido en cuenta por parte de los responsables encargados de redactar estas ayudas. Desde AAEF entendemos que esto evidencia una clara falta de interlocución con los sectores afectados, ya que en ningún momento se ha aceptado el ofrecimiento de las entidades y organizaciones con experiencia y conocimiento para un asesoramiento previo que pudiera servir de base o referencia.

Problemas con la aplicación informática para la presentación de solicitudes

Por otro lado, en la reunión de ayer se puso de manifiesto la complejidad técnica en la tramitación de las ayudas, cuya solicitud sólo puede hacerse por vía telemática a través de la plataforma electrónica habilitada específicamente para ello, comprobándose cómo ésta contiene fallos y cómo la cartografía que se tomará como referencia por la Administración Púbica para identificarlas fincas y las condiciones que afectan a las superficies sobre las que se pretende actuar están desactualizadas.

Otro de los aspectos generadores de polémica ha sido la obligatoriedad de que las fincas dispongan de un Plan Técnico de Ordenación de Montes o Proyecto de Ordenación de Montes en el momento de solicitar el pago, lo que podría provocar que se quedaran sin acceso a este tipo de ayudas gran número de beneficiarios potenciales que no disponen de los mismos, ya que éste es un documento complejo y caro que normalmente sólo elaboran fincas grandes o de titularidad pública.

Así las cosas, desde AAEF alertamos de los importantes obstáculos encontrados en la convocatoria de estas ayudas que las hacen prácticamente inviables, tal y como ya pasara en las ayudas a la prevención de incendios forestales, que han sido un auténtico fracaso. Este hecho ya ha sido puesto de manifiesto de manera reiterada ante la Dirección General de Medio Natural, tanto a sus antiguos responsables como a los actuales, sin que se perciba una mayor preocupación por su parte.

Tras más de siete años esperando esta convocatoria, el sector se encuentra totalmente desalentado ante unas ayudas que se convocan mal y tarde, con el consiguiente riesgos de perder estos 106 millones de euros para el mantenimiento y conservación de superficies forestales si no se corrigen errores graves de manera inmediata. El medio rural no puede permitirse perder estas inversiones tan necesarias para su mantenimiento y para la generación de empleo en zonas con alta despoblación, en nuestra “Andalucía vacía”, y habrá que poner todos los medios necesarios para realizar las modificaciones urgentes que permitan revertir la situación.

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No existen motivos objetivos que justifiquen estos encargos a un medio propio frente a la licitación pública y, además, esta medida altera gravemente la competencia en el sector

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) ha recurrido ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía los últimos catorce encargos directos al medio propio Tragsa para solicitar la anulación de los mismos, ya que entiende contravienen la Ley de Contratos del Sector Público. Esta patronal forestal quiere dar la voz de alarma por el uso excesivo, y a nuestro entender abusivo, que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está haciendo de la figura del encargo a medio propio, habiendo contratado, recientemente, y de manera directa, diferentes obras y servicios en el medio natural por un importe cercano a los 18 millones de euros. Ayer mismo, la Plataforma de Contratación Pública de la Junta de Andalucía informaba de varios encargos directos a la Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa) para el servicio de modernización y mejora de los caminos forestales en las diferentes provinciales andaluzas, todo ello por importe superior a los 13 millones de euros. Se da la paradoja de que estos trabajos han sido desempeñados, tradicionalmente, por empresas forestales del sector privado, lo que supone un importante agravio a las normas de la competencia, como así viene denunciando reiteradamente el Consejo Nacional de la Competencia y el Tribunal de Cuentas en recientes informes.

Mientras que la inversión prevista en licitaciones públicas para el medio natural está claramente ralentizada desde el pasado mes de mayo, los encargos directos a medios propios en Andalucía están teniendo una gran repercusión en este último trimestre del año. Además de la ejecución de las obras de emergencia por temporales y otras causas naturales, para cuyo fin sí se entiende el uso de esta figura contractual, se observa por la patronal que también se han encargado directamente otros trabajos, como los servicios para la limpieza y acondicionamiento de cauces en diferentes provincias de Andalucía, que no cumplen los requisitos legales para este tipo de contrataciones. Sólo desde octubre, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha adjudicado, a través de encargos directos a medios propios, proyectos con un presupuesto global cercano a los 25 millones de euros.

Para la patronal forestal andaluza, que ha analizado la memoria justificativa de alguno de estos anuncios, no existen motivos que justifiquen esta avalancha de encargos, ni bajo criterios de eficiencia económica ni por motivos de urgencia o seguridad pública, requisitos del todo necesarios para que primaran el encargo directo frente a la contratación pública.

De este modo, la patronal forestal ha interpuesto un recurso especial para la impugnación de los cuatro encargos al medio propio personificado Tragsa, consistentes en los “servicios para la limpieza y acondicionamiento de cauces en las provincias de Málaga, Huelva, Granada y Almería para 2018-2020”, cuyos importes globales ascienden a cuatro millones de euros. Para AAEF, se está cometiendo una infracción en relación a la Ley de Contratos del Sector Público, ya que estos encargos no pueden acreditar la eficiencia de los mismos aplicando criterios de rentabilidad económica ni su necesidad por razones de seguridad pública o urgencia, únicas razones válidas legalmente para justificar encargos directos frente a la contratación pública. Esta patronal acredita, en el recurso presentado, que empresas de nuestro sector vienen realizando trabajos de similares características para otras Administraciones públicas con las mismas competencias, y lo hace de manera solvente y cualificada, a unos precios mucho más competitivos, siendo fácilmente demostrable, además, que estos trabajos no responden a una necesidad de urgencia.

Del mismo modo, AAEF va a recurrir los encargos directos realizados esta semana por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a Tragsa para la modernización y mejora de los caminos forestales en nuestra región, argumentando los mismos criterios, siendo especialmente llamativo que dichos servicios sí hayan sido sacados a licitación pública otros años por esta misma Consejería. Estos trabajos, encargados a Tragsa, tienen un presupuesto global de 13 millones de euros.

Desde esta patronal, entendemos que los encargos directos a la empresa pública responden más a una situación de “comodidad administrativa” que de “urgencia en su ejecución”, evitando, con estos encargos directos, los plazos y controles reglamentarios previstos para cualquier licitación pública. Sin embargo, el uso de esta figura perjudica notablemente los intereses generales de nuestra región, al optar por una fórmula menos eficiente económicamente y por alterar las reglas de la competencia empresarial, poniendo en peligro la subsistencia de las compañías privadas del sector.  Por eso, esta patronal defenderá enérgicamente ante los organismos competentes, y con los medios legales a su alcance, este tipo de actuaciones.

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La patronal quiere manifestar que con el sistema de encomienda de gestión empleado para la adjudicación directa de trabajos a Tragsa se produce un “escape del derecho administrativo” y un evidente sobrecoste en la ejecución de los caminos que tradicionalmente han venido ejecutando empresas privadas del sector, sometidas a un estricto control administrativo. Este punto es especialmente relevante cuando el 60% de esta financiación proviene de fondos FEADER, ya que es fundamental cumplir con los plazos marcados por Europa para no tener que devolver los mismos.

Por esta razón, AAEF urge a la Consejería de Agricultura a que ponga en marcha los mecanismos necesarios para poder iniciar el procedimiento de licitación pública y permitir la libre concurrencia y el acceso a estos proyectos a un alto número de empresas andaluzas, lo que favorecería el fortalecimiento de un tejido empresarial en nuestras zonas rurales y la generación de nuevo empleo en nuestra región.

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El sector forestal empresarial trasladó ayer al Gobierno de España la necesidad urgente de potenciar las inversiones en esta materia y la efectiva puesta en marcha del Plan de Activación Socioeconómica del sector forestal (PASSFOR). La recién nombrada Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, Esperanza de Orellana Moraleda, recibió ayer en la sede de su Departamento a las patronales forestales Asemfo (Asociación Nacional de Empresas Forestales), ASERPYMA (Asociación de Empresas Restauradoras de Paisajes y Medio Ambiente) y FEEF (Federación Española de Asociaciones de Empresas Forestales y del Medio Natural), para conocer de primera mano las necesidades de este sector. De Orellana estuvo acompañada por el subdirector general de Silvicultura y Montes, José Manuel Jaquotot Sáenz de Miera. A ambos, las entidades asistentes les trasladaron la importancia de los espacios forestales en España, con una superficie del 54,47% del territorio español, y que son claves para potenciar el empleo, el desarrollo rural y la cohesión social, y que están altamente necesitados de inversión.

Las patronales forestales destacaron el trabajo realizado con los agentes sociales en la firma del Primer Acuerdo Marco Nacional para actividades forestales, un acuerdo histórico que llegó tras varios años de negociación, y que fue publicado en BOE en junio del año pasado.

Asimismo, las patronales ofrecieron su apoyo en todas las iniciativas que, desde el Ministerio, se impulsaran para la promoción del sector forestal. En este sentido, mostraron su deseo de colaborar estrechamente en el futuro Consejo Forestal Nacional que, ese mismo día, el Senado había impulsado, aprobando una moción para instar al Gobierno a su constitución. La Constitución de este órgano es una de las reivindicaciones prioritarias de la Plataforma Juntos por los Bosques, de la que forman parte, y su objetivo es servir de órgano consultivo en materia de montes y política forestal.

Las patronales no quisieron dejar pasar la oportunidad para trasladarle a la directora general la fuerte competencia que está ejerciendo la empresa pública Tragsa, que cada vez asume una mayor cuota de inversión frente al sector privado, limitando las posibilidades de trabajo para éstas y causando un daño irreparable a su tejido empresarial, por lo que se solicitó la reducción de la contratación de Tragsa en los trabajos forestales que tradicionalmente han venido desempeñando las empresas del sector.

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La Junta de Andalucía vuelve a encomendar a la empresa pública estatal la ejecución de trabajos en  la red de cortafuegos

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) quiere volver a denunciar el sistemático uso de la figura de la encomienda de gestión para el encargo de trabajos forestales a Tragsa, que tradicionalmente venían ejecutando las empresas forestales andaluzas. Así, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha encargado recientemente a esta empresa pública la ejecución de los cortafuegos de las diferentes provincias andaluzas, amparándose nuevamente en la falta de tiempo para la licitación de esos proyectos a través de procesos públicos, y en la necesidad de ejecutar los trabajos de manera inmediata.

Esta patronal ha comprobado que la empresa pública Tragsa no dispone, en Andalucía, de los medios técnicos y humanos necesarios para abordar los proyectos encomendados, que superan el millón de euros, por lo que se está viendo obligada a subcontratar estos trabajos a empresas no especializadas con bajas superiores al 40 y 50% en algunos de los casos, sin exigir a estas empresas los niveles de cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos que serían necesarios si se aplicara la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, AAEF no se explica cómo es posible que la Junta de Andalucía encomiende unos trabajos a una entidad que termina dividiéndolos por lotes, por lo que las exigencias de contratación con terceros son menores. Otra de las incongruencias que se producen en las encomiendas de gestión a Tragsa es que es la propia empresa pública la que ejerce, a la vez, la dirección técnica y la facultad de certificarse a ella misma los trabajos ejecutados para la Consejería de Medio Ambiente, dándose la paradoja de que quien tiene que ejecutar los trabajos es a su vez quien controla que se realicen de manera adecuada, convirtiéndose en juez y parte.

AAEF, que ya denunció a finales de 2015 ante el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, esta situación, también puso en conocimiento de la consejera de Hacienda el uso abusivo de esta figura de la encomienda de gestión, que pone en franca desventaja a las empresas privadas, a las que se les impide competir en igualdad de condiciones. La consejera, en la presentación de los Presupuestos Generales de Andalucía en presencia de empresarios en la CEA, se comprometió a reducir la participación de la empresa pública estatal en Andalucía, como así ha ocurrido en otras regiones, como Extremadura. Es evidente que este compromiso sigue sin cumplirse.

Por otro lado, la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía aún no ha dado autorización para licitar los proyectos forestales y de prevención de incendios a los que el consejero de Medio Ambiente se comprometió en octubre del pasado año, por importe de 35 millones de euros, según consta en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía. Esta situación de parálisis inversora y falta de gestión de los fondos del nuevo marco comunitario está llevando a la destrucción del tejido empresarial que con tanto esfuerzo se estaba creando en Andalucía, y pone en peligro miles de empleos en las zonas rurales de nuestra región.

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Según publican algunos medios digitales, como vox populi o Valencia noticias, desde ASEJA no se entiende la negativa de TRAGSA a publicar las encomiendas, máxime en un entorno político y económico en el que la trasparencia debe de ser una máxima de actuación. En opinión de su Secretario General, Javier Sigüenza, y según recoge Valencia Noticias, TRAGSA parece empeñada en mantener el oscurantismo en los encargos y ejecución de las encomiendas de gestión que recibe, sin que se lleguen a comprender los motivos de tal falta de trasparencia. Resulta algo inédito que TRAGSA proceda a recurrir las decisiones que toma el Gobierno, siendo como es una empresa pública que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por lo tanto dependiente del Gobierno.

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La empresa pública niega a la Asociación de Empresas forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) el acceso a dicha información

La empresa pública TRAGSA ha vuelto a desobedecer la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España del pasado 16 de octubre en la que se le instaba a publicar en su Portal de Transparencia las encomiendas de gestión realizadas por las distintas Comunidades Autónomas, y acaba de negar el acceso a estos datos a la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF).  La patronal forestal andaluza, ejerciendo su derecho de acceso a esta información pública, por ser de interés general para su sector empresarial, solicitó a Tragsa el pasado mes de octubre datos concretos sobre las encomiendas de gestión formalizados entre Tragsa y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en materia medioambiental. Así, AAEF reclamó, formalmente y por escrito, información sobre actuaciones relacionadas con la recuperación del potencial forestal y la conservación y mejora del patrimonio natural. Pero Tragsa acaba de notificar su imposibilidad de ofrecer dichos datos “al no poder identificar las encomiendas de gestión a la que se refiere la solicitud”.

Desde AAEF, entendemos que ésta es una nueva maniobra de Tragsa para impedir el acceso a una información que debería ser pública y que demostraría la fuerte injerencia de esta empresa pública en los trabajos que, tradicionalmente, realizaba el sector empresarial forestal andaluz.

Esta patronal quiere recordar a Tragsa su obligación de publicar “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. (…) estableciendo los mecanismos adecuados para facilitar su accesibilidad, interoperabilidad, calidad y reutilización de la información publicada”, tal y como recogen los argumentos jurídicos de la resolución del Consejo de Transparencia, y donde se señala que “igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen…” Sin embargo, y de forma sistemática, esta empresa pública del Grupo SEPI vuelve a denegar el acceso a unos datos que son de sumo interés para un sector que se está viendo perjudicado por el aumento de los trabajos encomendados al sector público.

La patronal forestal andaluza quiere recordar el daño que supone para este sector el uso reiterado de la encomienda de gestión para la realización de obras y servicios que, por otro lado, venía realizando el tejido empresarial privado andaluz de manera eficiente.

El objetivo de esta patronal forestal al recabar estos datos es demostrar que el uso sistemático de las encomiendas no sólo genera serias implicaciones para la competencia efectiva en los mercados sino que  supone, de facto, condiciones menos ventajosas para las Administraciones demandantes que las que se derivarían de una licitación pública, así como la ruptura de la neutralidad competitiva en los bienes y servicios que estas entidades ofertan a otros demandantes.

AAEF quiere recordar que fue la propia Comisión Nacional de la Competencia la que, hace dos años, destacó que, de acuerdo con la normativa aplicable, debe regir, “preferentemente”, la concurrencia competitiva en la provisión de bienes y servicios y que el uso reiterado de la figura de la encomienda de gestión supone una “pérdida de eficiencia derivada de la ausencia de la tensión competitiva a la hora de fijar las condiciones de ejecución de las encomiendas que sí está presente en los procedimientos de contratación pública”.

Por todo ello, y entendiendo que no se cumple con lo dispuesto en la vigente Ley 19/2013 de Transparencia en la contestación ofrecida por Tragsa a esta patronal, en la que señala su imposibilidad de ofrecer la información solicitada sobre las encomiendas de gestión a esta entidad en Andalucía, AAEF interpondrá una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el fin de poder tener acceso a unos datos que, por derecho, deberían ser públicos. Asimismo, y en coordinación con otras patronales, se trasladará esta denuncia, oficialmente, ante todas las instancias que sean necesarias (regional, nacional o europeas) para que se garantice la libre competencia en este sector de la economía andaluza y estatal.

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